El operativo ocurrió en el aeropuerto de Nueva York, antes de que el equipo argentino emprendiera el regreso a Buenos Aires tras su participación en la Copa del Mundo. La investigación también comprende a Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni
El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, vivió una situación incómoda minutos antes de emprender el regreso a la Argentina con parte del plantel de la Selección que disputó la última Copa del Mundo.
Según pudo reconstruir Infobae, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI) demoraron al dirigente en el aeropuerto internacional JFK de Nueva York y le solicitaron sus teléfonos celulares y sus dispositivos electrónicos.
Las fuentes locales que confirmaron el hecho aseguraron que las autoridades también se llevaron computadoras y teléfonos de otros integrantes de la comitiva que viajó a Buenos Aires el lunes pasado en el vuelo charter AR 1971 operado por la compañía Aerolíneas Argentinas.
El despegue, que en un principio se había anunciado para las 6:00, se realizó finalmente cerca de las 8:15, lo que postergó el arribo del plantel subcampeón del mundo al aeropuerto internacional de Ezeiza, en donde lo esperaban miles de fanáticos que querían celebrar el desempeño del equipo en el Mundial.
Entre los jugadores que viajaron con Tapia no se encontraban Lionel Messi y Rodrigo De Paul. La Pulga llegó a la Argentina un día después, en su avión privado, y se recluyó en su domicilio de Rosario junto a su familia.
Según documentos judiciales a los que accedió este medio, Tapia deberá presentarse a declarar ante la Corte del distrito sur de Florida. También se le solicitó que aporte toda la información disponible que posee relacionada con Tourprodenter, incluidas comunicaciones con Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni.
Todos ellos están siendo investigados en un caso que puso el foco sobre la estructura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales internacionales de la AFA. Tourprodenter, administrada por Faroni, es una sociedad registrada en Florida como agente comercial exclusivo de la AFA para acuerdos de patrocinio, amistosos y derechos de televisión.
El escándalo y una declaración clave
La investigación que ahora derivó en la incautación de teléfonos y dispositivos electrónicos comenzó a tomar forma durante el Mundial. Mientras Claudio “Chiqui” Tapia y la cúpula de la AFA acompañaban a la Selección en Estados Unidos, agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia comenzaron a reconstruir las maniobras realizadas mediante la estructura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales internacionales de la entidad. Las operaciones bajo análisis superan los 300 millones de dólares.
Uno de los primeros pasos conocidos de la pesquisa fue la citación del empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un enfrentamiento judicial con la AFA y denunció el funcionamiento de esa estructura comercial. El encuentro se realizó de manera presencial en Miami, se extendió durante más de dos horas y estuvo orientado a obtener información y documentación sobre el movimiento de fondos a través de bancos y sociedades radicadas en territorio estadounidense.
La investigación está encabezada por tres fiscales federales especializados en delitos económicos y financieros. Se trata de Patrick Gushue y Christopher Ting, radicados en Washington, y Michael Berger, integrante de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida. Gushue forma parte de la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia, mientras que Berger cuenta con experiencia en causas complejas de lavado de activos.
Las medidas conocidas inicialmente no implicaban la existencia de imputaciones ni la apertura formal de una causa penal. Los investigadores se encontraban en una etapa preliminar destinada a reconstruir el circuito completo del dinero, identificar a las personas y sociedades que intervinieron, determinar quiénes fueron los beneficiarios finales de las transferencias y establecer si alguna de las operaciones puede configurar delitos bajo la legislación de los Estados Unidos.
En el centro de la investigación aparece Tourprodenter LLC, la sociedad de Faroni y su esposa, Erica Gillette, que fue designada por decisión de Tapia como agente exclusivo para cobrar los contratos internacionales de la AFA. La empresa quedó a cargo de recibir ingresos provenientes de patrocinadores, derechos comerciales, partidos amistosos y otros negocios vinculados con la Selección argentina, además de percibir comisiones por su intervención y por la logística de las operaciones.
La documentación bancaria obtenida en procesos judiciales estadounidenses permitió establecer que los fondos no circularon por una única cuenta. La operatoria se desplegó mediante cuentas abiertas en Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus y PNC Bank. Solamente por esta última entidad pasaron USD 13.554.200,64 en menos de un año, provenientes de compañías vinculadas con contratos comerciales de la AFA en Asia, Europa, Medio Oriente y otras regiones.
Los extractos mostraron que parte del dinero permanecía en las cuentas durante apenas 24, 48 o 72 horas antes de ser transferido hacia otros destinos. Junto con pagos relacionados con logística, vuelos privados, transporte, combustible, consultorías y organización de eventos, se identificaron giros millonarios a sociedades con escasa o nula actividad comercial conocida. Entre ellas aparecen Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer, que solamente desde la cuenta de PNC Bank recibieron USD 3.171.800.
Varias de esas sociedades compartían domicilios, agentes registrales u oficinas virtuales en Florida y algunas fueron disueltas o dejaron de registrar actividad después de que las operaciones comenzaron a ser difundidas. La dispersión del dinero entre diferentes bancos, la utilización de múltiples empresas y la sucesión de transferencias cruzadas dificultaron la identificación inmediata del origen y el destino final de los fondos.
El material analizado por las autoridades estadounidenses surgió, en buena medida, de procedimientos de discovery autorizados por tribunales de ese país en litigios promovidos por Tofoni contra la AFA. Esa documentación dejó de ser solamente una prueba dentro de una disputa comercial y comenzó a ser evaluada directamente por el Departamento de Justicia y el FBI para determinar si corresponde avanzar hacia una investigación criminal.
En ese contexto, la incautación de los teléfonos, computadoras y otros dispositivos electrónicos de Tapia y de integrantes de la comitiva representa un nuevo salto institucional en la pesquisa. La medida permitiría preservar comunicaciones, archivos y registros digitales que puedan ser contrastados con los movimientos bancarios, la documentación societaria y los testimonios reunidos por las autoridades federales.
Infobae