La Cámara de Apelaciones de Washington confirmó el fallo a favor del fondo Titan Consortium por la expropiación de la aerolínea en 2008.
La Cámara de Apelaciones de Washington falló en contra de la Argentina en el juicio que mantiene con el fondo buitre Titan Consortium por la expropiación de Aerolíneas Argentinas. El tribunal confirmó la sentencia de primera instancia y estableció que el país deberá pagar más de u$s390 millones.
El litigio se remonta a 2008, cuando el gobierno de Cristina Kirchner dispuso la expropiación de la aerolínea de bandera. Casi una década después, en 2017, un tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) condenó al país a pagar unos u$s321 millones —más intereses y costas— por la expropiación de las participaciones accionarias en Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur.
Argentina intentó anular ese laudo, pero el fallo quedó firme en 2019. Con ese respaldo, Titan Consortium —la firma que adquirió los derechos económicos del reclamo como cesionaria de Teinver y otros accionistas— pidió en 2021 el reconocimiento y la ejecución del laudo ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia.
Por qué el plazo de prescripción fue la clave del litigio
En 2024, la Corte de Distrito rechazó el argumento argentino de un plazo de prescripción de tres años y resolvió que el plazo aplicable era de 12 años. Con ese criterio, reconoció el laudo del CIADI por u$s390.907.115,55 al 10 de diciembre de 2024, monto al que se sumarían los intereses posteriores.
El país apeló ese fallo el año pasado, insistiendo con la prescripción de tres años frente a los 12 fijados en primera instancia. Sin embargo, la Corte de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia ratificó hoy la decisión original y confirmó que rige el plazo de 12 años, por lo que el monto final se mantiene en más de u$s390 millones.
La Procuración del Tesoro informó a Noticias Argentinas que analizan “todas las herramientas legales disponibles para revertir o al menos mitigar el impacto de esa sentencia” y atribuyeron el origen de la causa “a la herencia que arrastramos por décadas, producto de políticas estatistas y del costo institucional de volver a levantar un país que heredamos con más de u$s30.000 millones en deudas por juicios perdidos”.
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