El Ministerio Público Fiscal de la Provincia informó, mediante un comunicado, que atento que el delito de usurpación se hallaba en curso, la intervención de este miércoles consistió en liberar el predio de varias hectáreas, que estaba demarcado con palos y alambres, construcciones precarias con palos y nylon; sin “daños materiales ni a los ocupantes”. Tras el operativo, se hizo entrega de los terrenos a las autoridades de la Provincia del Chaco bajo apercibimiento de tomar las medidas necesarias para evitar nuevas usurpaciones, quedando encargado de la custodia.
Aclararon en ese sentido que el “predio desocupado no corresponde al barrio Emerenciano, sino que es propiedad de la Provincia y está destinado a dar soluciones habitacionales de numerosas familias, por lo que la ocupación de los mismos ocasiona un enorme perjuicio a toda la ciudadanía”.
La ocupación ilegal llegó a conocimiento de la Fiscalía el lunes, a través de una denuncia por parte de las autoridades del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible, su titular, Marta Soneira, y el equipo legal encabezado por Karina Niveiro y Ernesto Sarobe. En tanto, el martes se intimó a los ocupantes a dejar libre el lugar en el término de seis horas.
“Ante la negativa de los mismos, se diagramó en pocas horas un impecable procedimiento para evitar que el delito produzca consecuencias ulteriores, junto a la Policía del Chaco y Ayudantes Fiscales”, sostiene el comunidad de la justicia.
Participaron de la diligencia aproximadamente 250 efectivos policiales, entre personal del Departamento Caballería, Infantería, Operaciones Estratégicas Femeninas, móviles policiales, patrulleros, drones, Médicos Policiales, Motoristas, Comisarías Jurisdiccionales y diez Ayudantes Fiscales.
Inconvenientes y detenidos
Sobre el procedimiento, indicaron que “a pesar de recibir insultos y amenazas, el personal interviniente actuó con la debida mesura y objetividad necesarias para sortear los inconvenientes, procediéndose a la aprehensión de las personas que obstaculizaron el accionar policial y judicial, notificándose la aprehensión por los delitos de resistencia, atentado a la autoridad, daños a los bienes del estado y amenazas, quedando a disposición de la Fiscalía interviniente”.
“Es importante destacar que actos de este tipo no son tolerables en nuestra sociedad. La invasión violenta de propiedades públicas o privadas socava el estado de derecho y la convivencia pacífica que todos anhelamos. La solución a las preocupaciones legítimas en torno a la vivienda y la necesidad de garantizar un techo digno para todos los ciudadanos debe encontrarse dentro de los marcos legales y respetando los derechos de todos, sin recurrir a la violencia ni a la usurpación ilegal”, concluye el documento del Ministerio Público Fiscal.