Tras la absolución de Dolores Etchevehere por usurpación de un campo, este martes se sumó un nuevo capítulo judicial contra su familia: la Cámara de Casación Penal de Paraná confirmó el procesamiento de Luis Miguel Etchevehere, Sebastián Etchevehere, Juan Diego Etchevehere y Leonor Barbero Marcial por administración fraudulenta en perjuicio de la empresa Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), propietaria del histórico El Diario de Paraná.
La resolución, firmada por los jueces María de Luján Giorgio, Gustavo Pimentel y Evangelina Bruzzo, ratifica lo dictado en primera instancia y refuerza la acusación por estafa agravada en el vaciamiento del medio. En el fallo, los camaristas destacaron que los imputados realizaron maniobras para apropiarse de fondos y activos de la empresa mediante un entramado de sociedades vinculadas y el uso personal de bienes, afectando de forma directa el funcionamiento y la sostenibilidad de El Diario.
Entre las pruebas consideradas, se detalla que usaron recursos de SAER para gastos personales, desviaron ingresos por publicidad oficial y realizaron transferencias irregulares a otras firmas de su propiedad. También se apunta a la venta irregular de bienes de la empresa y a una estrategia deliberada para dejarla sin patrimonio operativo.
La causa había sido iniciada en 2013 a partir de una denuncia de Dolores Etchevehere, quien entonces pidió investigar el vaciamiento del medio y la salida de bienes a nombre de terceros. Tras una larga batalla judicial, los tribunales ratifican ahora su planteo.
La semana pasada, los Etchevehere también fueron citados a indagatoria por la Justicia Federal de Entre Ríos en una causa por extorsión y violencia económica contra Dolores. Y este lunes se conocieron los fundamentos del fallo que la absolvió por usurpación: el juez hizo foco en la violencia económica y simbólica ejercida por sus hermanos y su madre.
Por qué fue absuelta Dolores Etchevehere
Fue el juez Gervasio Pablo Labriola quien decidió absolver a la mujer y a su abogado, Facundo Taboada, en la causa por la supuesta usurpación del campo familiar “Casa Nueva”, ocurrida en octubre de 2020. La resolución se apoyó en el principio del beneficio de la duda, dado que no se logró demostrar con certeza la comisión del delito que les imputaban.
Etchevehere había ingresado al predio acompañada por militantes del Proyecto Artigas, una iniciativa promovida por el dirigente social Juan Grabois. Según argumentó el magistrado en su fallo, la ocupación del campo debe leerse en el contexto de un conflicto familiar prolongado, el cual, si bien tenso, no alcanza por sí solo para constituir un delito penal.
El eje del análisis jurídico pasó por determinar si existió una entrada violenta o intimidatoria a la propiedad, algo que, según Labriola, no quedó acreditado durante el juicio. El juez también desestimó que acciones posteriores, como permanecer en el lugar, desarrollar actividades agrícolas o restringir movimientos del personal, configuraran por sí solas el delito de usurpación, ya que no se comprobó que hubieran sido consecuencia de un ingreso ilícito.
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