La Alta Corte británica dictaminó este martes que el gobierno actuó ilegalmente al otorgar un poder “casi ilimitado” a la policía para reprimir protestas. La corte ordenó revocar las medidas que la entonces ministra del interior, Suella “la dura” Braverman, llevó adelante en junio de 2023. A la justicia argentina no le vendría mal echarle una mirada a este fallo fundamental sobre el equilibrio entre el derecho esencial a la protesta en democracia y la seguridad.
Las medidas de Braverman se dieron en el contexto de una serie de manifestaciones por el cambio climático y en medio de un intento de los conservadores de recobrar la popularidad perdida tras 14 años de ajuste y deterioro de las condiciones de vida. La ex ministra redujo el umbral de la intervención policial en protestas de los “graves desmanes” contemplados en la ley de 1986 a cualquier cosa que pudiera ser considerada un poco más que una “mínima perturbación del orden”.
En su dictamen los jueces Nicholas Green y Brian Kerr de la Alta Corte de Londres señalaron que esta redefinición del concepto de perturbación hasta equipararla “con cualquier cosa que es normal o cotidiana” era contraria a la legislación aprobada en el parlamento. “El efecto de este dictamen es que la regulación gubernamental es ilegal”, concluyeron los jueces en un dictamen desglosado en 185 párrafos
La sombra del Thatcherismo
La ley que regula las Alteraciones al Orden Público es de 1986, es decir, un año después de la victoria seminal de Margaret Thatcher sobre la huelga de mineros en el Norte de Inglaterra que llevó a la reforma de la ley laboral, sindical y represiva. En esta ley, sin embargo, se establecía que la intervención policial solo ocurriría en caso de “grave alteración que pusiese en peligro la vida de la comunidad” (“serious disruption to the life of the community”).
Braverman aprovechó la vaguedad de lo que constituía “grave alteración” para redefinirlo como cualquier cosa que fuera un poco más que un “incidente menor” que afectaba “la vida de la comunidad”. La redefinición mantenía la vaguedad de ciertos términos (por ejemplo, ¿qué constituye la comunidad?, ¿los transeúntes, motoristas, el barrio?), pero le permitía al gobierno actuar contra las manifestaciones por el calentamiento global que habían bloqueado ese mismo año el puente de Westminster que lleva al Parlamento y el célebre Big Ben de las postales.
Con esta reforma fueron arrestados cientos de manifestantes, entre ellos la conocida activista contra el calentamiento global, la sueca Greta Thunbergh, que desde su adolescencia viene desafiando a los líderes mundiales a actuar frente al tema climático (tuvo un célebre intercambio en 2019 con el entonces presidente Donald Trump). En febrero la corte la declaró inocente, señal de que las medidas de Braverman estaban haciendo agua en las cortes.
Braverman encarna la derecha más dura de los conservadores, el sueño húmedo de lo que los ultra thatcheristas no pudieron conseguir en su momento de gloria, los 80. Unas semanas después de anunciar las nuevas medidas represivas declaró muy suelta de cuerpo que las personas que vivían en la calle lo hacían no por ser indigentes o por las condiciones sociales sino por una “elección personal”. La declaración fue un exceso hasta para Thatcheristas más ortodoxos como el actual primer ministro Rishi Sunak. Braverman renunció y Sunak se sacó de encima a su más estridente y combativa rival en el gabinete.
En todo caso una cosa son las declaraciones políticas para la tribuna y otra la ley. La ONG Liberty, que lucha por la protección de los derechos civiles y políticos, demandó al gobierno por abuso en sus funciones, subvertir la soberanía parlamentaria legislativa y no realizar un debido proceso de consulta.
El gobierno ha dicho que apelará el dictamen de la Alta Corte. El caso pasará a la máxima instancia judicial, la Corte Suprema, que deberá expedirse “en la brevedad”, según recomendaron los jueces Nicholas Green y Brian Kerr. La directora de “Liberty”, Akiko Hart señaló que es una gran victoria para la democracia. “Este dictamen deja en claro que el gobierno no puede transgredir la ley cuando le resulta conveniente. Todos tenemos derecho a manifestarnos sobre los temas que consideramos importantes y es fundamental que el gobierno respete este derecho”, señaló Hart.
Página/12