La jueza de Nueva York Loretta Preska rechazó un planteo de los abogados de Argentina para suspender la ejecución de la sentencia a favor de los fondos buitres y ratificó que el Estado nacional debe entregar el 51% de las acciones de YPF a los ganadores del juicio por la expropiación de la petrolera bandera del 2012.
Aunque todavía hay varias instancias judiciales abiertas, incluso una apelación solicitada por el país que puede estar en trámite durante dos años, el caso se podría encaminar en llegar en los próximos meses a la Corte Suprema de los EEUU.
Los fondos buitre ganadores insisten en que se abra una etapa de negociación entre altos funcionarios del gobierno de Javier Milei y sus representantes. Los defensores de la Argentina esperan que algún tribunal de alzada les dé la razón. Este martes 15 de julio por la mañana habrá una reunión clave entre las partes en Nueva York, que podría destrabar la situación.
Cómo sigue el juicio por la expropiación de YPF
El Gobierno nacional apeló el fallo el jueves ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito. En su presentación, la defensa argentina dejó abierta la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, si el fallo vuelve a ser desfavorable. Por ahora este pedido no tiene resolución y puede estar en trámite durante por lo menos dos años.
Lo que la jueza Loretta Preska ya definidió fue una solicitud paralela para frenar la ejecución del fallo, que ordenó a la Argentina pagar u$s16.099 millones en compensación por la expropiación irregular de YPF durante el segundo gobierno de Cristina Ferández de Kirchner.
Entre sus argumentos centrales, los abogados del país sostienen que la orden de Preska viola el derecho federal norteamericano, así como la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional.
También mencionan la Declaración de Interés del Departamento de Justicia de EEUU, considerada como un respaldo institucional al país durante la administración de Joe Biden y Donald Trump.
Por último, la apelación advierte sobre un posible “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial” por parte del tribunal que emitió la condena.
Fuentes vinculadas al caso no descartan una inminente declaración pública de Donald Trump sobre este caso a favor del país.