Esgrimió que le parece que “no se ha observado un progreso significativo” y que hace falta “un nuevo enfoque”. Según ella “no se ha profundizado suficiente” respecto del papel de la Policía Federal (PFA). Hubo quienes leyeron la disposición como un giro en la causa en realidad, pero parece más un modo de cubrirse o un manotazo de ahogado frente a circunstancias judiciales que la dejaron expuesta y comprometida en los últimos días, precisamente por anomalías en este expediente vinculadas al celular del principal acusado, Fernando Sabag Montiel.
La semana pasada, en medio del juicio oral por el atentado, la agente de la PFA que custodia su juzgado y que trasladó el teléfono sin cadena de custodia a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para un peritaje, la dejó muy mal parada. Este martes, además, la querella de CFK reclamó ante la Cámara Federal que no se archive la pesquisa sobre el daño al dispositivo porque falta ahondar en la responsabilidad de Capuchetti. En un recurso donde se opone a que la jueza le quite la causa, el fiscal Rívolo dice que su decisión de Capuchetti “arbitraria, extemporánea y carente de fundamento y razonabilidad alguna”, a lo que agrega que afecta “seriamente” su “estrategia investigativa”.
En diciembre de 2022, cuando habían pasado más de tres meses desde el ataque a la entonces vicepresidenta, Capuchetti decidió delegarle a Rívolo la causa porque había sido recusada. Ella dijo que buscaba un “remedio procesal” que “propenda a la mejor administración de justicia y a la validez de los actos que se tomen”. Fue en medio de la polémica porque no había secuestrado los celulares de dos secretarias del diputado del PRO Gerardo Milman, a quien un testigo dijo que había escuchado decir frente a ambas, dos días antes del atentado a CFK, “cuando la maten yo estoy camino a la costa”. Los celulares fueron borrados, aprovechando la inacción de la jueza, en una oficina de Patricia Bullrich, de quien Milman era mano derecha.
Desde entonces la causa quedó a cargo de Rívolo. En el ínterin fue elevado a juicio oral el tramo referido al hecho material, con Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo como acusados, y hay audiencias desde el 26 de junio del año pasado. Quedaron algunas cosas por rastrear: Las eventuales pistas políticas y económicas y la cuestión del papel de la policía, entre otras. Por las anomalías con el celular de Sabag se abrió otra causa, que quedó a cargo de la jueza María Servini, quien decidió archivarla y atribuir los problemas para peritar el teléfono a características del aparato. Servini había analizado qué hicieron los peritos de la PFA y la PSA, pero no analizó la responsabilidad de la jueza Capuchetti, pese a quedó claro que su custodia, la cabo Priscila Santillán, entregó a la segunda fuerza el sobre con el celular abierto, roto, sin cadena de custodia, encendido y con un cartel de alerta en letras rojas.
Un contexto adverso
- El miércoles último Santillán en el juicio oral por el intento de magnicidio contra CFK ante Tribunal Oral Federal 6 (TOF6). En la noche del 2 de septiembre de 2022, el día posterior a los hechos, le habían dado un sobre con el celular de Sabag Montiel para que lleve a la PSA, en Ezeiza, donde sería peritado. Había fracasado un primer intento de descargar el contenido del teléfono que había hecho un cabo de la PFA en la madrugada anterior, dentro del juzgado. La mujer policía declaró que según recuerda el sobre estaba cerrado, tenía dos ganchitos y un recibo, que dijo no haber leído.
Ante la mirada atónita de los presentes, aseguró que no sabía lo que llevaba. Nadie en el juzgado le había dicho ni leyó el recibo. Agregó que de haberlo sabido no lo hubiera hecho, porque hay una división de la PFA que hace diligencias judiciales y que debía haber puesto el celular en el sobre y dejarlo lacrado delante de testigos. Como negó que el envoltorio estuviera abierto, la carearon con los peritos de la PSA, Pablo Kaplan y Camila Seren, junto con el exDirector de Inteligencia Criminal del MInisterio de Seguridd, Damián Neustadt. Los tres aseguraron que el sobre estaba abierto y en pésimas condiciones. Le hicieron notar que ella firmó un acta donde reconocía haberlo llevado así. La agente no quedó bien parada, y Capuchetti tampoco.
- En la causa donde se investigó cómo fue dañado el celular de Sabag Montiel, la jueza Servini concluyó que no tenían responsabilidad ni Kaplan, ni Seren ni el policía Alejandro Heredia y que el aparato no estaba, desde antes, en las mejores condiciones. Si quedó afectado, concluyó, fue por una interacción inesperada del software de celular del móvil de Sagab y el sistema UFED (que los peritos dicen que puede ocurrir), que se usa para extraer la información. Archivó la causa. Lo que Servini dejó de lado fue el análisis de qué pasó con el celular mientras estuvo bajo la órbita de Capuchetti.
Por eso la querella reclamó el desarchivo. Presentó un duro planteo y el martes último los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira lo defendieron ante los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah. Dijeron que la cuestión técnica no se podía dar por terminada, pero que tampoco se había puesto el foco en las acciones de la jueza Capuccheti: desde ordenar el primer peritaje dentro de su despacho, algo desaconsejado (y de hecho se cortó la luz un rato antes), guardar el celular supuestamente apagado en un sobre sin su firma, mandar a abrir el sobre antes de enviarlo a la PSA (una secretaria dijo que lo vio encendido), enviar a su custodia –alguien sin conocimientos sobre como tratar pruebas– como si le pidiera a hacer un mandado, que el sobre llegue abierto, sin cadena de custodia, prendido y con un mensaje de alerta. Un dato más: la secretaria que abrió el sobre antes de enviarlo declaró que lo cerró y hay testigos que lo vieron. “Es evidente que o bien el sobre fue abierto una vez más, luego, o bien el personal del Juzgado está mintiendo”, dice la querella.
Capuchetti vs. Rívolo
El viernes último, dos días después de la audiencia en la que declaró y fue careada su custodia, Capuchetti firmó una breve resolución en la que sin dar razones anunciaba que reasumía la investigación, en particular sobre el papel de la Policía Federal. Este lunes amplió su decisión y reasumió la causa completa. No le preocupaba que nunca se haya peritado el celular de Milman, o el borrado de los aparatos de sus secretarias, o que se profundice el móvil político del atentado o si a alguien se le pagó algo, cuestiones a las que ella misma puso reparos.
Lanzó un reproche en el aire, sin más, al fiscal. Dijo que lo quería era investigar a la Policía Federal, algo que la fiscalía ya hizo. La jueza pidió a la PFA los sumarios. El que alude a la custodia de CFK ya fue cerrado. Sólo queda abierta una actuación, que está bajo análisis de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que se refiere a los agentes de la Unidad Antiterrorista de la PFA que no hicieron a tiempo –demoraron varias horas en ir a sentarse al box correspondiente– la escucha directa que la jueza dispuso sobre el celular de Brenda Uliarte, cuando aún no la habían detenido y estaba en la casa de Sergio Acevedo, uno de los llamados “copitos”, junto con el resto. La chica, además, se fue de la vivienda en Barracas delante de otros policías, con el color de pelo cambiado, y se tomó el tren. La oficina de escuchas de la Corte advirtió que su celular se movía y un secretario de la jueza, Federico Clerc, fue en persona a parar el tren.
Como sea, hasta hoy todo eso es una pesquisa administrativa, no es penal, y según dijeron fuentes de la causa a este diario, se descartaron vinculaciones de los policías en la mira con el grupo de los “copitos” amigos de Sabag Montiel o alguna otra relación con el atentado a la expresidenta.
Capuchetti solo sostuvo, de un día para el otro, que “no se puede soslayar que, en los últimos meses de delegación de la investigación, no se ha observado un progreso significativo en la causa. La dilación en el proceso, desde la denuncia que motivó su formación, ha generado una situación en la que es necesario un nuevo enfoque para asegurar el avance y la celeridad de la causa”. Acusó a Rívolo de no hacer “una sola innovación concreta”. Lo hizo al rechazar al recurso de reposición del fiscal, quien le recordó que su recusación aún estaba en trámite (está, de hecho, en la Corte Suprema). Le recriminó a la jueza que su decisión se produjo después de más de dos años sin “justificación e imprevistamente”, que carece de “razonabilidad” y es “arbitraria”. “Se afecta la agilidad y dinamismo del proceso, con el impacto negativo que de ello deriva sobre el correcto servicio de administración de justicia que debe primar en todas las investigaciones” y se “afecta seriamente -y de forma antojadiza- la estrategia investigativa que esta fiscalía ha venido desarrollando durante todo este tiempo”, dijo.
En un tramo la jueza sorprende con una afirmación según la cual el “legajo instruido por la PFA, proporciona elementos clave que podrían abrir nuevos cauces investigativos que merecen ser atendidos, y que hasta ahora no fueron abordados…”. En Comodoro Py se preguntan, ¿qué pretende ahora Capuchetti, decir que la Policía Federal fue cómplice del atentado? ¿Todo para cubrirse de una situación irregular con el celular de Sabag Montiel que la puede afectar?
Página/12