Por orden de la jueza Karina Andrade, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a Fernando David Yurquina, un aparente hincha de All Boys marginal a quien el club dice no conocer, por incendiar el móvil policial que había quedado en Avenida de Mayo al 1200 con las puertas abiertas en medio de la movilización en defensa de los jubilados del miércoles de la semana pasada. También dispuso apresar por el mismo hecho a Gonzalo Gramajo, quien hasta el anochecer de este miércoles no había sido encontrado. Ninguno de los dos formaba parte de la lista de 114 detenidos, aunque su identificación se produjo como parte de la investigación de la fiscalía posterior a los incidentes y la represión que desplegaron las fuerzas de seguridad. En la misma resolución la magistrada rechazo detener a cinco personas denunciadas por arrojar piedras.
Yurquina fue detenido por la División Investigaciones Especiales en su casa, en Juan B. Justo al 7500, en el barrio Vélez Sarsfield. La policía allanó el lugar y se llevó una camiseta de All Boys que habría usado el día de al protesta, una gorra con el escudo de la AFA, un jogging negro, un par de zapatillas blancas con la inscripción Air Max y un celular. El reporte policial no habla del hallazgo de armas ni elementos que pudieran haber sido usados para intimidar. Había sido identificado por la Dirección de Prevención de Eventos Masivos con imágenes obtenidas de medios de comunicación y otras privadas que el auxiliar fiscal Santiago Almeida utilizó para hacer el pedido de detención ante Andrade. A Yunquina, que en las redes sociales figura como Eric Morales, se le imputa resistencia a la autoridad y daño agravado. La policía lo señala como “barra de All Boys”, aunque esto no está claro.
Almeida, que pertenece a la Unidad de Flagrancia del Ministerio Público fiscal había pedido el martes ocho detenciones en total con mínimos elementos. La jueza lo convocó a una audiencia y le requirió más pruebas. Aportó un informe de la policía porteña con un análisis de un video de Clarín donde se veía a quienes volcaron e incendiaron el móvil policial, un Toyota Corolla que por su tecnología cuesta unos 80.000 dólares. En relación a Yurquina señaló que está registrado en una base de datos de la División Fútbol de la Policía de la Ciudad por hechos anteriores. Así fue que lo identificaron. Este jueves habrá una audiencia donde, por el momento, irá representado por la defensa pública. Si estuviera fuertemente vinculado al club es más probable que tuviera abogado privado. El procedimiento indica que ahí podría llegar a un acuerdo con la fiscalía y/o esta pedir su prisión preventiva. Todavía no hay precisiones sobre sus antecedentes penales.
Tanto en su caso como en el de Gramajo la jueza evaluó que podía haber riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación, y por eso habilitó las detenciones. ¿Qué pasó con el resto de los pedidos de la fiscalía? A Juan Antonio Pavón en un comienzo lo señalaban como quien habría arrancado un cartel indicador de la Avenida Rivadavia 1600-1500, pero la fiscalía desistió del pedido en relación a él por dudas respecto de su identificación. Para Patricio Belén, Víctor Villalba, Hugo Adrián Soria, Eric Iván Sandri y Ezequiel Troncoso, el auxiliar fiscal también pidió detenciones y allanamientos, con la acusación de arrojar piedras a la policía. Todos menos Belén habían sido detenidos el miércoles de la semana pasada y ya tenían, por esa razón y pese a haber sido liberados, una orden para presentarse en el expediente. El plazo todavía está vigente, con lo cual la magistrada sostiene que no hay razón para otras medidas ni tampoco lo ameritan los hechos que se les endilga, aún sin pruebas claras más que actas policiales. Los allanamientos no le parece que puedan aportar datos para esclarecer nada al respecto.
El patrullero abandonado
Según el relato policial el patrullero incendiado había quedado “varado” en avenida de mayo. En la resolución de la jueza Andrade se cita textual la imputación a Yurquina y Gramajo, de donde surge que se les imputa que cerca de las 16.21 horas “…volcaron, produjeron múltiples daños y luego prendieron (fuego) el móvil policial interno 8008, dominio AF766OC, marca Toyota, modelo Corolla, perteneciente a la Policía de la Ciudad”. Luego viene la explicación de que el vehículo estaba “estacionado sobre la Av. de Mayo intersección calle Santiago del Estero, de esta Ciudad, debido a que el Oficial Lucas Emmanuel Lugo Carballo, quien estaba a cargo del mismo, había sido desplazado para constituirse en la Avda. de Mayo 1299 por violencia de género, dejando estacionado el móvil en el lugar, y cuando estaba realizando la pertinente consulta judicial dañaban el rodado”.
Es decir, según esta información el agente Carballo fue a atender un caso de violencia de género, que no estaría relacionado con la movilización, y dejó el patrullero solo y abierto mientras se ocupaba de eso. ¿Estaba con otro policía, como suele ocurrir? ¿Cuál es específicamente el caso que fue a atender? Todo indica que esto deberá ser dilucidado en la causa, más allá de la responsabilidad que puedan tener Yurquina, Gramajo y/u otros.
¿Organización criminal?
La jueza Andrade hizo dos consideraciones en la resolución donde descarta, al menos con los elementos que existen hasta ahora que hubiera una organización entre las personas con pedido de detención de la fiscalía y otras. “La mera coincidencia en la realización de una conducta dentro de un contexto de gran tumulto, como fue la movilización, no permite inferir una organización en su comisión. Tampoco la situación de que varias personas conocidas, concurran juntas a una movilización y una de ellas cometa un delito implica por sí sola la existencia de una organización. Se necesitan elementos fácticos y dogmáticos para sostenerlo”.
Advirtió a renglón seguido que “las medidas de allanamiento y/o detención, tal como fueron solicitadas en este momento, se asemejan más a lo que se encuentra vedado en el proceso penal y se conoce como ‘una expedición de pesca’. Ello es así, en tanto se solicitan a los fines de comprobar una hipótesis que no se adecúa al objeto procesal actual. El objeto procesal de la investigación, tal como está definido hasta el momento, no contempla ninguna referencia a la existencia de una organización o vínculo criminal con adecuación dogmática y fáctica entre los imputados”.
Hasta ahora es el Gobierno nacional el que intenta instalar la idea de una organización, de un intento de golpe de Estado, actos de sedición y alteración del orden constitucional, por lo que han hecho una denuncia penal, que está a cargo del fiscal federal Franco Picardi, a quien el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, no le respondió los informes requeridos con pruebas que sustenten esas hipótesis. También denunciaron a Andrade por liberar a los 114 detenidos. Este miércoles el fiscal Eduardo Taiano sostuvo que no es un tema de su competencia sino de los tribunales porteños.
La denuncia de Bullrich
El martes la cartera de Bullrich difundió en las redes sociales un supuesto aporte de pruebas a la fiscalía de Flagrancia, donde pedía 29 detenciones. De esa lista, ninguna de las personas había sido apresada la semana pasada. Solo dos nombres coinciden con el pedido de la fiscalía: el de Gramajo y el de Pavón. Este último es el que la propia fiscalía desistió. Pero esta presentación nada tiene que ver con la detención del hincha de All Boys y el pedido de captura de Gramajo. En el Ministerio Público Fiscal porteño dijeron a Página/12 que la presentación entró formalmente recién este miércoles a las 15.
El escrito dice que aportan dos informes realizados por la División Individualización Criminal de la Policía Federal, “obtenido luego de haber realizado un análisis de medios abiertos con un cotejo comparativo entre las fotografías obrantes en sus dependencias, logrando identificar a algunas de las personas que estuvieron participación activa en los actos vandálicos”, en alusión a la protesta por los jubilados. Dice que se las ve ejerciendo “violencia, arrojando piedras y atentando contra las fuerzas de seguridad”. Usaron, decían, el sistema “LUNA” de reconocimiento facial. Luego dice, extrañamente, que disponen de imágenes en las que “se puede observar un gran dinamismo, lo que impide lograr capturas que ilustren la correcta fisonomía facial de los sujetos involucrados en los disturbios…”.
En un video que hicieron circular en las redes sociales, ponen las caras de los hombres que dicen haber identificado. Una de las imágenes está publicada en la cuenta de Instagram del fotógrafo Fernando de la Orden el 18 de noviembre de 2021, en el día de la Militancia peronista. “Muy bien Bullrich publicando fotos de 2021 y aplicándole DDA a una persona que NO FUE A LA MARCHA”, publicó la cuenta de X “Barras del Mundo”. En la nueva movilización estuvo presente Pablo Melo, uno de los señalados en la lista negra de Bullrich. “Le vengo a decir a Patricia Bullrich que no soy ningún puntero político ni barrabrava. Soy simplemente un laburante del pueblo que se indigna cuando ve que le pegan a los viejos….”, dijo, con un traje de muerte y una motosierra.
Página/12