El Episcopado señaló que “el acceso a servicios esenciales como salud, rehabilitación, educación y los apoyos necesarios para la vida cotidiana de las personas con discapacidad debe ser prioritario en toda política pública”.
“El Gobierno nacional, debe apoyar con recursos para que el área de Discapacidad pueda cumplir con responsabilidad y eficacia su tarea”, sostuvo la CEA en su comunicado.
Firmado por Monseñor Marcelo Colombo (Presidente), Cardenal Ángel Rossi (Vicepresidente 1º), Monseñor César Fernández (Vicepresidente 2º) y Monseñor Raúl Pizarro (Secretario General), los obispos criticaron el “desconocimiento y desinterés” de las autoridades hacía la discapacidad y llamaron a evitar “actitudes y expresiones que lastiman, con lenguajes despreciativos y crueles que atentan contra la unidad que tanto necesitamos como pueblo”.
En clara alusión a los comentarios de Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, quien durante un encuentro con la madre de Ian Moche, un niño influencer con autismo, le dijo: “si tuviste un hijo con discapacidad es problema de la familia, no del Estado”.
Para el Episcopado “el cuidado de las personas con discapacidad no puede ser postergado ni subordinado a otras urgencias: es un deber ético, una exigencia de justicia y un acto de humanidad”, remarca el comunicado.
Ajuste en discapacidad: organizaciones denunciaron al Gobierno ante la ONU
La crítica situación que atraviesa un universo de más de 1.200.000 personas con discapacidad en la Argentina llegó a Naciones Unidas. Mientras este jueves miles de familias y profesionales del área se movilizan en todo el país para reclamar por la ley de emergencia, diversas organizaciones llevaron el reclamo ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.
Dificultad para el acceso a las pensiones, 0% de aumento para los prestadores desde diciembre del año pasado y desfinanciamiento de programas nacionales llevaron al sector a una crisis sin precedentes.
La denuncia advierte que a fines del año pasado el gobierno de Javier Milei modificó por decreto los requisitos para el otorgamiento de pensiones por discapacidad (decreto 843/24), para acceder una pensión no contributiva por “invalidez laborativa”, lo que implicó un incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Argentina, “poniendo en grave riesgo el acceso a derechos básicos por parte de un grupo altamente vulnerado”.
Ámbito