Organismos de derechos humanos de Tucumán reclaman a la Justicia Federal el inicio del proceso oral y público de la causa por complicidad civil con el terrorismo de Estado.
En las causas de lesa humanidad en las que se investigan las complicidades civiles y empresariales con el terrorismo de Estado se verifican desde hace años demoras inexplicables que parecen obedecer a un mismo patrón con el cual se pretende favorecer la impunidad biológica de los actores económicos que fueron cómplices la represión ilegal.
En Tucumán, un caso paradigmático de estas dilaciones es la causa en la que se investigan las violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1975 y 1979 en el Ingenio Azucarero de La Fronterita, en cuyas instalaciones funcionó un centro clandestino de detención ilegal en el marco del Operativo Independencia.
Desde hace casi cuatro años, el expediente tiene la instrucción concluida y se encuentra elevada a juicio, pero de forma inexplicable el Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán demora el inicio de un debate que aún no tiene fecha.
Organismos de Derechos Humanos, familiares de las víctimas y querellantes, reclaman el comienzo del proceso oral y público en la investigación por los secuestros, violaciones, torturas y privaciones ilegítimas de la libertad que se cometieron contra 68 personas en ese ingenio, fundado por la familia Minetti y ubicado en una zona aledaña a las localidades de Famaillá y la Aguada.
Entidades como Andhes, HIJOS y la APDH solicitaron en los últimos días a los jueces subrogantes del TOF de Tucumán, Abelardo Basbus y Ana Carina Farías (de Santiago del Estero) y Cristina Edith Giordano (Córdoba), que fijen a la brevedad una fecha, pero hasta ahora las repuestas no satisfacen las inquietudes de los demandantes. Mientras tanto, el tiempo sigue transcurriendo y las víctimas aún no obtienen justicia.
Para los querellantes, la causa de La Fronterita se asemeja a lo que ocurrió con el magnate Carlos Blaquier, propietario del Ingenio azucarero Ledesma, en Jujuy. Este empresario murió a los 96 años sin rendir cuentas por su responsabilidad con los secuestros y desapariciones de trabajadores que se perpetraron en la denominada “Noche del Apagón”.
“La Justicia Federal de Tucumán viene demorando el inicio del juicio. Parece que es un tema con el cual no se quieren meter con un caso de complicidad civil empresarial”, se lamentó el abogado Rodrigo Scrocchi, de la asociación Andhes, que querella en la causa que comenzó a instruirse hace casi una década.
En diciembre de 2021, cuando el caso se elevó a juicio, se encontraban procesados Alberto Figueroa Minetti -quien era administrador de la empresa al momento de los hechos-, Eduardo Buroti, Fernando Cornú De Olmos y Alfredo José Martínez Minetti, integrantes del directorio del ingenio.
Cornú Olmos fue desvinculado de la causa porque ya no está en condiciones físicas y mentales de seguir el proceso y Martínez Minetti falleció el año pasado. En consecuencia, quedan dos imputados con vida, que tienen más de 80 años.
El juicio debía comenzar en febrero, pero se demoró por pedidos que formularon las defensas ante la Cámara Federal de Casación que fueron resueltos en favor de la continuidad de la causa. Sin embargo, sigue sin haber una fecha de comienzo para las audiencias.
“Esperamos que antes de fin de año tengamos noticias positivas y podamos realizar, al menos una audiencia preliminar. Sería frustrante llegar a la feria judicial de enero sin tener novedades sobre el comienzo del juicio”, remarcó Scrocchi.
La complicidad empresarial con el Operativo Independencia
En febrero de 1975, El Ejército, con el aval del gobierno de Isabel Perón, desplegó en Tucumán el denominado Operativo Independencia, con el cual se buscaba exterminar el accionar de la Compañía de monte Ramón Rosa Jiménez del ERP que había desplegado un foco guerrillero en la provincia.
Los militares y las fuerzas de seguridad establecieron en las instalaciones de La Fronterita, con el beneplácito de la patronal de los Minetti, un centro clandestino de dentención ilegal, operado por el Grupo de Tareas llamado Rayo.
Los trabajadores y activistas sindicales que eran marcados por la patronal eran secuestrados y permanecían cautivos en ese centro de detención para luego ser trasladados a otros “chupaderos” como el de “La Escuelita” de Faimallá o el de Jefatura Policial de la ciudad de Tucumán. Varios de ellos llegaron a esos lugares y aún permanecen como desaparecidos, según se probó en la instrucción de la causa.
La conflictividad social en Tucumán se inició a fines de los años ’60, cuando el gobierno del dictador Juan Carlos Ongania dispuso el cierre de los ingenios azucareros en la provincia y 50 mil trabajadores fueron despedidos y otros 300 mil tucumanos emigraron a otras provincias en busca de nuevos horizontes.
En este contexto, el gremio de FOTIA profundizó sus planes de lucha y con los años, el gremio y sus activistas se convirtieron en un objetivo para el terrorismo de Estado con el objetivo de restarle apoyo al ERP. Un dictamen del Ministerio Público Fiscal estableció que entre 1976 y 1983, la producción de la familia Minetti se incrementó en un 30%.
Los negocios que siguieron
En 1979, los Minetti se quedaron con el ingenio Bella Vista, que estaba en manos de un ente estatal conformado para mitigar los efectos de la crisis causada por el cierre de los centros de producción azucarera. Las irregularidades en esa operación son parte de los hechos que van a ventilarse en el juicio oral.
Según un documento difundido por organismos de derechos humanos en mayo pasado, se supo que una parte del ingenio Bella Vista se vendió a la empresa Salta Refrescos, una embotelladora de la empresa Coca Cola. La operación originó un conflicto laboral que generó el despido de 60 trabajadores, una medida frenada con la intervención del Poder Ejecutivo de Tucumán.
Además, los Minetti enfrentaron a lo largo de los años múltiples denuncias por contaminación ambiental que motivaron arreglos extrajudiciales y sanciones administrativas. El más reciente, un caso de contaminación en el río Seguí, que provocó una alta mortandad de peces.
Mientras tanto, las víctimas y sus familiares siguen esperando por la realización de un proceso oral y público que arroje luz sobre la trama de complicidad que existió entre actores económicos y el terrorismo de Estado en los ingenios azucareros de Tucumán.
Tiempo Argentino