Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) concluye que la fórmula de actualización jubilatoria impuesta por el gobierno de Javier Milei mediante decreto resultó inferior a la ley que derogó, y que en junio de 2026 la jubilación mínima se ubica más de $87.000 por debajo de lo que hubiera correspondido con la normativa anterior.
En abril de 2024, el gobierno de Javier Milei firmó el DNU 274/2024 y reemplazó la fórmula de movilidad jubilatoria establecida por la Ley 27.609, vigente desde 2021, por un mecanismo de actualización mensual atado al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) mide con precisión las consecuencias de esa decisión y concluye que, a esta altura del proceso, la fórmula anterior habría resultado superadora para los haberes jubilatorios, y que fue eliminada —deliberadamente, sostiene el informe— antes de que se produjeran las mejoras que la temporalidad de su aplicación hubiera generado.
La comparación entre ambas fórmulas arroja datos concretos. En septiembre de 2024, diciembre de 2024, marzo de 2025, junio de 2025 y septiembre de 2025, los aumentos que hubiera dispuesto la fórmula de la Ley 27.609 habrían sido superiores a los efectivamente otorgados por el decreto de Milei. Recién en diciembre de 2025, marzo y junio de 2026 la fórmula vigente superó a la anterior. El resultado acumulado de esa trayectoria es elocuente: en junio de 2026, con el aumento del 2,6% correspondiente al IPC de abril, la jubilación mínima sin bono se ubica en $403.327. De haber continuado la ley derogada, se ubicaría en $490.621, es decir, un 21,6% por encima.
Lo llamativo es que esa conclusión no proviene únicamente del CEPA. El propio Fondo Monetario Internacional, en su última revisión del acuerdo con la Argentina, reconoció abiertamente que los cambios en la fórmula de indexación “moderaron el gasto” en jubilaciones y pensiones. El texto del organismo es explícito: “si bien los recientes cambios en la fórmula de indexación de las pensiones han moderado el gasto —haciéndolo también más predecible—, se espera que las presiones demográficas y las debilidades estructurales amplíen las brechas de financiación a medio plazo si no se modifican las políticas”. En otras palabras, el propio FMI confirma que el objetivo de la medida fue el ajuste fiscal, y advierte que el problema estructural del sistema previsional sigue sin resolverse.
El deterioro del ingreso jubilatorio no se explica solo por la fórmula de actualización de los haberes. Desde marzo de 2024, el bono compensatorio que percibe el 70% de los jubilados —aquellos con los haberes más bajos— quedó congelado en $70.000. Mientras los haberes se incrementaron un 200% entre marzo de 2024 y junio de 2026, la jubilación mínima con bono incluido apenas creció un 132%. El informe del CEPA calcula que, de haber sido actualizado en la misma proporción que los haberes, ese bono debería ascender en junio de 2026 a $209.994, exactamente el triple de lo que efectivamente se paga.
El resultado combinado de ambas variables —la fórmula de actualización y el congelamiento del bono— se traduce en una pérdida concreta de poder adquisitivo. En el trimestre marzo-mayo de 2026, el poder de compra de las jubilaciones sin bono se ubica 2,5% por debajo del nivel del último trimestre del gobierno anterior, y el de las jubilaciones con bono cae 18,9% respecto de ese mismo punto de comparación. El informe aclara que la comparación trimestral es la metodológicamente correcta, dada la dinámica de actualización que tenía la fórmula derogada.
El gobierno tuvo además la oportunidad de revertir parcialmente ese cuadro a través de la vía legislativa, pero optó por no hacerlo. En dos ocasiones el Congreso aprobó leyes que buscaban compensar el deterioro. La primera, sancionada como Ley 27.756, incluía una recomposición por única vez del 7,2% para todos los haberes, un haber mínimo equivalente al 109% de la Canasta Básica Total de un adulto y una cláusula gatillo anual vinculada a la recuperación real de los salarios. Milei la vetó. La segunda, aprobada en julio de 2025, contemplaba un aumento excepcional del 7,2% para completar la inflación de enero de 2024, la actualización del bono previsional a $110.000 con ajuste posterior por IPC, la prórroga por dos años de la moratoria previsional y la mejora de la Prestación Universal para Adultos Mayores (PUAM), permitiendo el acceso a partir de los 60 años para mujeres y su compatibilidad con empleo registrado y pensión por viudez. Milei la vetó también.
A esa sucesión de vetos se suma otro dato de impacto estructural: en marzo de 2025 venció la moratoria previsional y el Poder Ejecutivo no la prorrogó, tal como había anticipado. Las consecuencias son de largo alcance: según el informe, nueve de cada diez mujeres y ocho de cada diez varones en edad de jubilarse que no cuenten con los años de aportes requeridos deberán conformarse con la PUAM, una prestación equivalente al 80% de la jubilación mínima que, además, no es pensionable.
El CEPA sintetiza el cuadro con una conclusión de fondo: al atar las jubilaciones al IPC, el sistema garantiza que los haberes no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación futura, pero impide cualquier recuperación real. El terreno perdido durante el primer trimestre de 2024 —cuando la fórmula del decreto compensó parcialmente el golpe inflacionario— no volverá a recuperarse bajo las reglas actuales. La derogación de la Ley 27.609, concluye el informe, no fue una decisión técnica neutral: fue una elección política que trasladó el costo del ajuste fiscal a los sectores más vulnerables del sistema previsional.