En seis horas de una tensa audiencia por zoom de la causa de los Los Cuadernos de las Coimas, la fiscal Fabiana León se opuso a que exfuncionarios y empresarios acusados de corrupción durante el kirchnerismo eviten el juicio a cambio de pagar hasta 20 millones de dólares entre todos. “En esta fiscalía no se vende impunidad”, dijo la magistrada.
León sostuvo que si se aceptara la propuesta se abriría un “mercado de impunidad”, porque si “se transa o se mercantiliza, el mensaje social es fatal”. “En esta fiscalía no se vende impunidad”, dijo León y señaló que ″no hay precio que se pueda poner al daño institucional que se ha causado”, ya que “no es patrimonial” sino que “erosiona la confianza pública y la legitimidad del Estado”.
“Es un beneficio para ricos” y “no puede basarse en eso una solución justa”, dijo.
El rechazo también fue expresado por Mariano Galpern, titular de la Dirección de Litigios de la UIF.
Los jueces del tribunal oral federal Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli convocaron ahora a una audiencia para el martes próximo para escuchar la respuesta de las defensas. Luego resolverán si mantiene el inicio del juicio oral y público para el 6 de noviembre como estaba previsto o si deciden, mas allá de la oposición fiscal, extinguir la acción para los que ofrecieron esta reparación del daño.
Todo hace pensar que rechazarán esta propuesta de los defensores, aunque ninguna fuente del tribunal anticipó una decisión.
La expresidenta, presa y condenada por la causa Vialidad, será juzgada en este caso como jefa de una asociación ilícita. Ni ella ni sus abogados en este juicio estuvieron ayer en la audiencia virtual.
Sí lo hicieron unos 50 empresarios y funcionarios y sus abogados. Había 82 personas conectadas al Zoom. Entre ellos estaban Julio De Vido, Claudio Uberti Roberto Baratta, Juan Manuel Abal Medina, o los empresarios, Juan Carlos de Goycoechea (Isolux), Ángel Calcaterra (Iecsa), Héctor Javier Sánchez Caballero (Iecsa), Armando Loson (Albanesi), Jorge Neira (Electroingeniería),Claudio Glazman (Roggio), Aldo Roggio (Grupo Roggio), Jorge Balan(Electroingeniería), Benjamín Romero, Patricio Gerbi, Gabriel Pedro Losi (LOSI S.A.),Alberto Taselli(empresario energético),Miguel Aznar,Francisco Valenti(Impsa),Enrique Pescarmona(Impsa), o Ernesto Clarens, entre otros.
Los empresarios, de a uno y a través de sus abogado, ofrecieron una suma de dinero como “reparación integral” del daño, que se correspondía en general con el monto de los bienes que tienen embargados. Se basan en el artículo el artículo 59, inciso 6º del Código Penal que prevé la extinción de la acción penal si hay conciliación con la víctima o una “reparación integral”.
La suma total de todos los empresarios alcanzaría la menos los 25 millones de dólares, dijeron fuentes de las defensas.
A pesar de que fue una audiencia pública, no se pudo contabilizar una suma total de las ofertas porque lo empresarios, acaso por vergüenza, no quisieron decir la cifra delante de los periodistas y se remitieron aun escrito que dejaron en el tribunal. Hubo quienes incluso no se exhibieron en el zoom, quedaron lejos, borrosos, o quedaron fuera de plano para no ser vistos.
Argumentaron que eran inocentes, pero que igual querían pagar ya sea porque el juicio iba a demorar al menos 25 años, según calcularon, porque no iban a sobrevivir o porque querían evitar su exposición social, familiar o incluso su aparición en los medios.
Compararon su caso con el del juicio a las juntas y dijeron que como hicieron los fiscales Julio Strasera y Luis Moreno Ocampo, aquí la fiscalía debería solo acusar a “los máximos responsables” y no a ellos. No quedó claro si con “máximos responsables” se referían a Cristina Kirchner y a sus exfuncionarios.
En la ronda de exposiciones los abogados se molestaron que se dijera que pretendían “zafar del juicio”, algunos mostraron a sus clientes – exdirectores de empresas -, como casi insolventes.
Primero contestó la Unidad de Información Financiera )(UIF) con un breve, lúcido y contundente alegado de Mariano Galpern, Director de Litigios Penales, que rechazó de plano el ofrecimiento de dinero para cerrarles la causa. “La sociedad, necesita ver que la justicia es capaz de llevar hasta el final el proceso penal, lo contrario implicaría renunciar a la verdad, a la sanción y a la memoria colectiva, dijo al UIF.
Sostuvo que aceptar plata para cerrar el caso es “banalizar delitos de enorme gravedad institucional” y mencionó Galpern que el dinero “nunca compensa el deterioro institucional, la pérdida de confianza en el sistema democrático y el descrédito de la administración pública”.
Su alegato, donde colaboró Paul Starc, el exfiscal y titular de la UIF, es un rechazo a la postura empresaria. Por eso aseguró: “Aceptar esta reparación sería mandar un mensaje de impunidad: y es que quienes detentan poder económico puedan pagar para extinguir responsabilidad penal. Esto no me parece ninguna pavada”.
A su turno, la fiscalía de Fabiana León expuso los argumentos jurídicos de porque no procedía la reparación e indignada dijo que tranzar era comprar impunidad, lo que establece una desigualdad entre los ricos que pueden comprar la absolución y los que no tiene dinero, que deben enfrentar el juicio.
“No hay precio que se pueda poner al daño institucional que se ha causado”, expresó León, durante la audiencia. Para la fiscal, si se aceptara el pago significaría “banalizar el proceso penal, privatizar el interés público y abrir un mercado de impunidad”. Afirmó León que fracasaron las negociaciones con los abogados que fueron a verla a la fiscalía y que no hubo acuerdo, por lo que no podía prosperar la reparación.
Y se preguntó como se iba a reparar el daño, si rehaciendo los contratos influenciados, como se iban a restituir oportunidades perdidas, eliminar ventajas competitivas, o restituir la confianza institucional y garantizar la no repetición sistémica de estas prácticas corruptas.
Además, la fiscal criticó que la propuesta de reparación económica “quiebra la igualdad, se beneficia a los que tienen medios económicos para pagar”. Desestimó el “costo del juicio” como criterio de extinción penal, afirmando que “la respuesta a la corrupción es juzgar no optimizar”.
Calificó de “falso el ahorro que se invoca” y advirtió que “¿se intenta evitar el debate para ahorrar? cuando las defensas dijeron que el costo por audiencia era de 50 mil dólares. “Esta visión que legitima la tarifa de salida erosiona la prevención general, incentiva la reincidencia y convierte la pena en un precio, lo que implica un grave riesgo moral”.
La Nación