El Ministerio Público de Río sostuvo que las medidas actuales no alcanzan y advirtió por un supuesto riesgo de fuga. El gobierno de Milei quiere intervenir para proteger a la ciudadana argentina.
La situación judicial de Agostina Páez, la abogada argentina acusada de racismo en Brasil, se agravó en las últimas horas. El Ministerio Público de Río de Janeiro (MPRJ) solicitó su prisión preventiva por injuria racial, al considerar que las medidas cautelares vigentes no alcanzan para neutralizar el riesgo procesal. El hecho ocurrió a mediados de enero en un bar del barrio de Ipanema, en la zona sur de Río.
Según la denuncia presentada por el MPRJ, Páez protagonizó una discusión con empleados de un bar tras un conflicto por el monto de la cuenta. Durante ese episodio, habría dirigido expresiones ofensivas vinculadas al color de piel de al menos tres trabajadores del local. La acusación sostiene que la turista argentina utilizó la palabra “negro” de forma despectiva y que luego empleó el término “mono”, además de realizar gestos que imitaban a un animal, conductas que en Brasil encuadran como delito de injuria racial.
Para la fiscalía, el accionar no fue aislado ni impulsivo. En su presentación judicial, el organismo remarcó que Páez habría reiterado las ofensas incluso después de ser advertida de que ese tipo de expresiones constituyen un delito en el país.
El caso tomó mayor relevancia luego de que se difundiera un video en redes sociales, que se viralizó rápidamente y dio impulso a la investigación de la Policía Civil de Río de Janeiro. A partir de esas imágenes y de los testimonios, la fiscalía avanzó con la imputación formal. De acuerdo al Ministerio Público, la conducta de la acusada tuvo una clara intención de humillar y menospreciar a los trabajadores del bar, y se desarrolló de manera reiterada tanto dentro del local como en el exterior. Páez, por su parte, negó las acusaciones en el marco del proceso judicial.
Por qué piden la prisión preventiva
En el pedido elevado a la Justicia, el fiscal a cargo del caso argumentó que las medidas cautelares impuestas hasta el momento —entre ellas la tobillera electrónica— no resultan suficientes para garantizar el normal desarrollo del proceso.
El documento judicial menciona, además, el riesgo de fuga, ya que se trata de una ciudadana extranjera, y señala que su comportamiento posterior a los hechos refuerza la necesidad de una detención preventiva. Según el MPRJ, la acusada habría demostrado un “desprecio por las normas jurídicas y sociales” y una baja adhesión a las órdenes impuestas por la Justicia brasileña. Actualmente, Páez continúa en Brasil, aunque no tiene prohibido circular libremente por la ciudad de Río de Janeiro.
El reclamo a Cancillería
En paralelo al pedido de prisión preventiva, una fundación argentina reclamó la intervención de Cancillería en el caso. La Fundación Apolo consideró que la imputación fue desproporcionada al no contar con una condena firme y enfrenta el cargo de injuria racial, por el episodio ocurrido durante sus vacaciones en Río de Janeiro.
La fundación, bajo las directivas de Yamil Santoro, mencionó la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, la Ley 20.957 del Servicio Exterior, y subrayó que la Cancillería se encuentra habilitada para intervenir ante una persecución penal que no supera los criterios de razonabilidad o debido proceso.
El Destape