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    Inicio » La farsa del superávit fiscal de Milei
    6 agosto 2025 OPINION

    La farsa del superávit fiscal de Milei

    El supuesto orden fiscal presentado como éxito del ajuste liberal-libertario es, en realidad, una construcción contable: se excluyen intereses capitalizados, se retienen fondos a las provincias y se ejecuta un presupuesto sin aprobar. Una ficción validada por el FMI y celebrada por el establishment.
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    La farsa del superávit fiscal de Milei
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    Javier Milei juega en el terreno de la interpretación de la evolución de la economía con una evidente carta ganadora: el mundo de los consultores de la city, el establishment, el Fondo Monetario Internacional y gran parte de los medios de comunicación convalidan, sin ruborizarse, una farsa monumental: la existencia del superávit de las cuentas públicas.

    Esta es una variable clave en la construcción de confianza en un plan económico que es, con los resultados de experiencias similares y de la actual evolución de la economía real, insostenible.

    No es necesario ser un experto para aventurar que, cuando este experimento de Milei se derrumbe, aparecerán las interpretaciones conservadoras diciendo que, en realidad, la fragilidad se encontraba en las cuentas fiscales.

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    Mientras tanto, por razones políticas, para fortalecer una opción antikirchnerista, o por cuestiones de negocios, ese bloque de poder arriba mencionado finge que existe “orden” en las cuentas públicas.

    Este supuesto “orden” no existe. Es una ficción contable insostenible en el tiempo.

    Los cuatro lápices para dibujar las cuentas fiscales

    Milei afirma con insistencia que ha logrado un superávit fiscal inédito. Lo presenta como prueba irrefutable de su éxito económico. Sin embargo, detrás de ese relato, lo que hay es una construcción contable forzada, una farsa que disimula los costos sociales y económicos del ajuste liberal-libertario. El supuesto orden fiscal es, en rigor, un dibujo basado en cuatro pilares:

    1- La no contabilización de los intereses de deuda pública en pesos.

    2- El congelamiento de partidas presupuestarias estratégicas, como la obra pública.

    3- La retención ilegal de fondos por parte de la Nación, que pertenecen a las provincias.

    4- La manipulación discrecional del Presupuesto Nacional, prorrogando el de 2023 sin debate parlamentario para 2024 ni 2025.

    Uno de los aspectos más insólitos en el análisis fiscal convencional es ignorar, en la evaluación del resultado, que los intereses de la deuda no se pagan ni se registran como gasto corriente, sino que se capitalizan.

    La obra pública, en tanto, ha sido prácticamente desmantelada. El Ministerio de Economía paralizó obras ya licitadas y en ejecución, desde rutas y autopistas hasta hospitales y redes de agua potable. El abandono del mantenimiento de rutas nacionales ya se traduce en accidentes, demoras logísticas y pérdidas para las economías regionales.

    Asfixiar a las provincias y sin Presupuesto Nacional

    El tercer pilar de esta construcción ficticia es el incumplimiento de las transferencias a las provincias, incluso de aquellas que están establecidas por ley o por fallos judiciales firmes. La provincia de Buenos Aires estima que la Nación le adeuda 12,1 billones de pesos, producto de recortes en educación, transporte, seguridad, salud y programas sociales.

    Este mecanismo de estrangulamiento financiero tiene un doble efecto: mejora artificialmente las cuentas de Nación y debilita políticamente a los gobernadores, a quienes se somete a una lógica extorsiva.

    Una parte sustancial del superávit fiscal declarado se sostiene, entonces, sobre la retención irregular de fondos que corresponden a las provincias. A partir de la estimación de informes elaborados por la Oficina de Presupuesto del Congreso, se concluye que, entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, las provincias registraron pérdidas por 30,4 billones de pesos, de los cuales 13,4 billones se atribuyen directamente a la caída en coparticipación y 7,7 billones de pesos por transferencias no automáticas que nunca fueron ejecutadas, junto con 9,3 billones por fondos recaudados pero no distribuidos como ATN, impuestos a los combustibles o Impuesto PAIS.

    La cuarta maniobra consiste en manejar el presupuesto sin controles institucionales. El Gobierno no presentó un presupuesto para 2024 ni para 2025. Prorroga el de 2023, ajustado por inflación, y lo ejecuta de manera discrecional. Esta irregularidad de la administración de los recursos públicos no indigna a las almas bellas de la ortodoxia local.

    Los intereses capitalizados: otro dibujo del superávit

    Como se mencionó, desde el inicio de su gestión, el gobierno de Javier Milei ha recurrido a la capitalización de intereses, una práctica contable que encubre el costo real del endeudamiento. En vez de pagarse periódicamente, los intereses generados por instrumentos de deuda en pesos se suman al capital adeudado y no figuran como gasto dentro del superávit financiero declarado.

    En marzo de 2025, los intereses capitalizados alcanzaron los 5.086.983 millones de pesos, mientras que el Tesoro canceló sólo 34.612 millones en intereses pagados en efectivo. Esa diferencia significa que por cada peso de intereses que ingresa al cálculo fiscal, se capitalizan 147 que permanecen “por debajo de la línea”, es decir, fuera del resultado financiero declarado.

    En abril de 2025, la Oficina de Presupuesto del Congreso reportó que los intereses capitalizados sumaron 4.762.718 millones de pesos, mientras se informó un superávit financiero oficial de 572.341 millones. Si se toman en cuenta los intereses capitalizados, el resultado real de ese mes giraría hacia un déficit de 4.190.377 millones de pesos.

    Durante 2024, los intereses capitalizados representaron el 2,6% del PIB, mientras que en el primer cuatrimestre de 2025 ascienden al 4,8% del PIB. Con un PIB estimado en 864 billones de pesos para 2025, esto implica montos crecientes de intereses que agravan el stock de deuda sin que se vean reflejados como gasto fiscal.

    Según la agencia de Bolsa Cohen Aliados Financieros, al 30 de junio de 2025 el stock de deuda en pesos llegó a 175,7 billones (20,3% del PIB). De ese total, $36,7 billones corresponden sólo a intereses devengados en bonos CER, mientras que bonos dólar-linked y otros ajustables suman cargas adicionales equivalentes al 6,5% del PIB.

    Así se construye la ilusión liberal-libertaria de disciplina fiscal: los números son favorables por una postergación sistemática del costo verdadero del endeudamiento. Una vez que esos títulos de deuda lleguen a vencimiento, el capital más todos los intereses ocultos emergerá como una obligación inmediata. El superávit oficial se derretirá y dejará al desnudo el déficit real acumulado de Milei.

    El FMI sigue haciendo papelones con la Argentina

    El último Staff Report del Fondo Monetario Internacional, presentado al Directorio Ejecutivo en julio de 2025, tras el primer examen del programa con la Argentina de Milei, dice que se han mantenido políticas fiscales “apropiadamente estrictas” para sostener la transición hacia un régimen cambiario más flexible, una reducción de la inflación y el acceso gradual a los mercados financieros internacionales.

    Sin embargo, el propio informe advierte la persistente vulnerabilidad fiscal del país, ya que buena parte del superávit se explica por intereses que no se registran como gasto corriente, sino que se capitalizan y quedan “por debajo de la línea” en las cuentas públicas.

    Esta práctica —no contabilizar intereses capitalizados— debilita la confiabilidad del superávit declarado y genera una carga futura que el staff del FMI señala como riesgo crítico para la sostenibilidad fiscal y el acceso a mercados externos.

    Pese a ello, aprobaron la primera revisión del acuerdo y liberaron 2000 millones de dólares. Otro papelón de la tecnoburocracia del Fondo con Argentina.

    La farsa fiscal es transitoria y precaria

    El supuesto superávit fiscal no se explica por una mayor eficiencia del Estado, ni por un ordenamiento racional del gasto, sino por una demolición planificada de las funciones básicas del Estado. El ajuste no avanzó sobre privilegios ni sobre evasores. Se aplicó sobre los subsidios al transporte y la energía, el envío de alimentos a comedores comunitarios, las universidades públicas, los jubilados, los salarios estatales y las políticas de ciencia y tecnología, entre otras partidas.

    Se sabe que esta forma de administración del sector público es insostenible. El stock de deuda crece, los vencimientos se acumulan y la actividad económica se paraliza. La mayoría de los jugadores del mercado financiero finge demencia, aunque no ignora los dibujos de Milei. Por ese motivo, el riesgo país se mantiene en niveles que imposibilitan al Gobierno el regreso voluntario al crédito internacional.

    El superávit que se presenta como símbolo de virtud es, en realidad, un engaño contable. Es un resultado transitorio, precario y regresivo, sostenido por el sacrificio de millones y la parálisis del aparato productivo. Como toda ficción, puede durar un tiempo. Pero la realidad, tarde o temprano, se va a imponer.

    Por Alfredo Zaiat

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