El presidente Milei, el ministro Caputo y las agroexportadoras fueron denunciados ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Los antecedentes de la Ley Martínez Raymonda y la ayudita que podría darle a los productores el dueño de AGD y ex legislador, Roberto Urquía.
El viernes 19 de septiembre era todo caos para el equipo económico encabezado por Luis Caputo y el titular del Banco Central, Santiago Bausili. En los tres días previos, se habían perdido 1200 millones de dólares de las reservas internacionales. Las grandes exportadoras nucleadas en la CIARA CEC, con paciencia milenaria, esperaban el llamado del Ministerio de Economía, a sabiendas de que el 30% de la cosecha de soja 2024-2025 estaba guardada en los silobolsas de los grandes productores (en su mayoría), y de que sus espaldas financieras estaban garantizadas por sus casas matrices y los fondos de inversión al estilo BlackRock.
“Ante la desesperación que corría por el Palacio de Hacienda, nadie prestó atención que se les permitiría anotar exportaciones en un muy breve período de tiempo sin contar con los granos. Al tiburón de las finanzas, Luis Caputo, se los comió el tiburón de las cerealeras que es Gustavo Idígoras, el lobista de la CIARA CEC”, explicó el ex funcionario que transitó por varias administraciones peronistas.
La estocada fue doble. Un grupo de siete empresas (Cargill, LDC, AGD, Bunge, Cofco, Molinos Agro, Viterra, fusionada recientemente con Bunge) se quedó con 1500 millones de dólares por retenciones no cobradas (por ende, se avecina un mayor ajuste del gasto público) pero también se apropiarán de la ganancia que les descontarán a los productores – por la reinstalación de las retenciones – cuando vayan a comprar los granos.
La maniobra – permitida por esa venta de dos días- ya fue denunciada ante la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA). Los denunciados van desde Javier Milei, Luis Caputo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta.
En todo este ardid también aparece la injerencia de los Estados Unidos, ya que la ventana de tiempo con las retenciones a cero se cerró luego de que el titular del Tesoro, Scott Bessent, dijera que se le tenía que poner fin al festival de rebaja de los derechos de exportación. En su pago chico, los farmers estadounidenses cuestionaban la pérdida de ingresos a mano de los comprados chinos que redirigieron operaciones hacia la Argentina, frente “al jubileo de las retenciones”. Luego de su mensaje en la red social X, las exportadoras aceleraron el 88% de las declaraciones juradas.
Según un trabajo realizado por el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), el 23 de septiembre (al día siguiente del decreto 682 que puso las retenciones en cero), se metieron 69 presentaciones de exportaciones por el 12% del volumen total pactado con el Poder Ejecutivo en 7000 millones de dólares. Al día siguiente, y tras conocerse el mensaje de Bessent, las cerealeras metieron 400 declaraciones juradas con el 88% del volumen anotado.
El complejo sojero se quedó con el 80% de lo declarado (5.600 millones de dólares). Le siguen el complejo trigo con el 10%, maíz con 6% y girasol con el 3 %. En materia de derechos de exportación el sector sojero absorbió el 92% de los beneficios (por tener derechos de exportación más elevados), el 4% el complejo trigo y 3% el maíz. Tan solo siete empresas se quedaron con el negocio; son el rostro no tan visible de quienes estafaron a los productores (y al fisco también): Cargill, LDC, AGD, Bunge, Cofco, Molinos Agro, Viterra (fusionada con Bunge).
Los tiempos de embarque declarados indican que sólo un 9% de lo registrado tiene permiso para octubre de 2025. En noviembre se embarcará un 20% y en diciembre un 50%; el 20% restante recién se embarcará a lo largo del año 2026.
Legalidad fraguada
El viernes por la mañana, la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) recibió una denuncia por administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento a los deberes de funcionario público al Presidente Milei, al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al ministro de Economía, Luis Caputo y al secretario de Agricultura, Sergio Iraeta.
La denuncia posee dos partes centrales. Por un lado, se invoca la Ley Martínez Raymonda y el posible desfalco hacia los productores en el momento en que las cerealeras salgan a comprar el grano que no tenían y les descuenten a los productores los derechos de exportación que no rendirán al fisco.
Pero también se señaló una serie de “desprolijidades” que quedaron en evidencia a partir de la publicación de dos resoluciones de la cartera de Agricultura ente el 23 y 24 de septiembre (una corrigiendo la otra) para terminar de pergeñar –según la denuncia que ya analiza la PIA- la maniobra económica detrás de las retenciones cero. Un juego de legalidad fraguada.
En la Resolución 184/2025 de la Secretaría de Agricultura se estableció la vigencia por un año de las Declaraciones Juradas por Ventas al Exterior, sin importar que hayan sido hechas con anterioridad al decreto 682/2025 de retenciones 0%. Pero siempre y cuando, el embarque de la mercadería se realizase después del 23 de septiembre.
¿Quién se les animará a las cerealeras?
La clave del caso actual radica en la ventana de tiempo de dos días, entre el decreto que llevó las retenciones a cero y la reinstalación de los derechos de exportación que funcionó como un pase tántrico entre el Poder Ejecutivo y las exportadoras por 1500 millones de dólares; en la aceleración de las DJVE ocurridas luego del mensaje de Bessent y en las correcciones chapuceras de las dos resoluciones de la cartera de Agricultura. ¿Hubo tráfico de información privilegiada?
“¿Quién podía tener guardado en silobolsas un stock de 15 millones de toneladas? Este es un quilombo entre los grandes productores y las exportadoras. En el momento en que Bessent sale con su mensaje de que se tiene que terminar la joda de la baja de las retenciones, ahí adelantaron todas las Declaraciones Juradas y los productores quedaron afuera. O ya tenían los granos que habían obtenido descontándoles a los productores el equivalente a las retenciones para quedarse ellos con el precio pleno”, denunció Lozano.
También el legislador por UxP Eduardo Valdes reclamó la aplicación de la Ley Martínez Raymonda, y algo parecido hizo el candidato por Fuerza Patria, Jorge Taiana. Pero si con esta norma no bastara, el analista agropecuario, Carlos Etchepare, planteó otra posibilidad, al mencionar la Resolución 128/19 de la cartera de Agricultura, que en su artículo 19 establece lo siguiente:
“La Subsecretaría de Mercados podrá requerir a las empresas exportadoras la documentación respaldatoria de cualquier DJVE que hubieran registrado (…) en ningún caso se considerará como tenencia ni adquisición de mercadería a las sementeras (acto de sembrar o al terreno donde se ha sembrado) o los proyectos de producción, ni a las opciones operadas a través de los Mercados a Término”.
“Si Luis Caputo o Javier Milei quisieran conocer el perjuicio que le han causado a los productores agropecuarios para beneficiar a quienes le han prestado 7.000 millones de dólares a su mesa de dinero lo pueden hacer. También las entidades de productores podrían reclamarlo”, aseveró Etchepare. ¿La Mesa de Enlace se animará?
El cierre financiero
Para que no quede dudas de que toda la movida fue arreglada entre el Poder Ejecutivo y las cerealeras, basta ver los instrumentos financieros otorgados por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en la licitación del viernes pasado.
Economía informó que adjudicó $7,3 billones en la última licitación, sobre un total de ofertas por $7,7 billones. El rollover fue de más del 130%, lo que dejó $1,7 billones de financiamiento neto que ya engrosan la cuenta del Tesoro en el BCRA. Entre los instrumentos, se destacaron los dólar linked. ¿Los habrán comprado las exportadoras agropecuarias ante la lluvia de pesos frente a la liquidación de los 7000 millones de dólares?
Como escribió la periodista Luciana Glezer en La Política Online, el negocio fue redondo: “Primero, vendieron soja en papel, financiada con dólares prestados a sus casas matrices a tasas de apenas 2,5%. Con esos dólares liquidados en el MULC obtuvieron pesos. Ahora, colocan esos pesos en bonos dólar linked: si el oficial sube tras las elecciones, el capital queda automáticamente ajustado. Además, perciben una tasa de interés anual de más del 50%”.
El Destape