Habrá visitas en marzo o abril. El principal operador judicial del macrismo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón hará circular a principios de marzo el anuncio de que va a retornar a la Argentina y concretará la llegada en ese mismo mes de marzo o en abril. Su argumento será que “cesaron las circunstancias” que motivaron su huida del país y que ahora sí “regresó el Estado de derecho”. Como es obvio, después de estar prófugo desde mayo de 2021, está cantado que la jueza María Servini ordenará su prisión. En esa circunstancia, espera contar con un alojamiento de privilegio elegido por su amiga Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, ahora a cargo también del Servicio Penitenciario Federal. Según dicen en el entorno de Pepín, Mauricio Macri, su jefe desde siempre, le prometió que la Cámara Federal revocará la prisión ordenada por Servini, algo bastante asombroso si se tiene en cuenta que la magistrada lo citó a una simple indagatoria y él decidió huir a Punta del Este. Está claro que Macri le debe muchos servicios, entre otras cosas las operaciones que amortiguaron la presencia de la familia Macri en los Panamá Papers.
Rodríguez Simón está acusado de conformar una asociación ilícita para perseguir, presionar e intentar desapoderar de sus empresas a los dueños del Grupo Indalo, Fabián De Sousa y Cristóbal López. En realidad, el operador estuvo detrás de buena parte de las persecuciones puestas en marcha por el gobierno de Macri y que llevaron a numerosos dirigentes a los penales de Ezeiza y Marcos Paz. Pepín fue la mano derecha de Macri en la llamada mesa judicial, donde además se coordinaron acciones de espionaje ilegal. De hecho, a De Sousa y López les escucharon las conversaciones con sus familiares, abogados y socios. Ambos empresarios terminaron absueltos en la causa contra ellos, denominada Oil Combustibles.
Servini lo citó a Rodríguez Simón a indagatoria después de recibir un análisis de sus llamadas entrantes y salientes: no tenía ningún cargo en el Poder Ejecutivo pero registraba 400 contactos telefónicos con la Secretaría General de la Presidencia de Macri, 140 con un abonado de jefatura de Gabinete, que sería Mario Quintana; 162 con el ministro de Justicia, Germán Garavano, 59 con el integrante de la Corte, Carlos Rosenkrantz, 225 con directivos y periodistas de los medios alineados con el macrismo, entre muchísimas otras comunicaciones. La jueza analizó esas llamadas coincidiendo con los “aprietes” a López y De Sousa. El objetivo habría sido alinear el canal C5N y Radio 10 con las posiciones del gobierno de Macri, pero sobre todo quedarse con los bienes de Indalo y Oil Combustibles, que pasarían a manos de empresarios amigos. La periodista de Página/12 Irina Hauser difundió una foto de Rosenkrantz en el casamiento de la hija de Rodríguez Simón, sentado junto a otros operadores judiciales del macrismo como José Torello. De hecho, Pepín impulsó la designación inconstitucional, por decreto, de Rosenkrantz y Horacio Rosatti como integrantes de la Corte.
Según cuentan en su entorno, Pepín difundirá su decisión de regresar a la Argentina en una especie de carta en la que agradecerá la protección de Uruguay. Con ardides y dilaciones, Rodríguez Simón fue dilatando la extradición a la Argentina, pese a que la justicia oriental en todo momento votó en contra de considerarlo refugiado político. Aceptarle semejante pedido hubiera sido, prácticamente, afirmar que en la Argentina había una dictadura. Como se trataba de una jugada inaceptable, la estrategia fue ganar tiempo, hacer presentaciones dilatorias y disfrutar de la vida en el complejo Manantiales de Punta del Este. En todo este tiempo, Rodríguez Simón contó con el cobijo del gobierno de derecha de Luis Lacalle Pou, de sintonía ideológica con Macri. Y tampoco hubo pronunciamientos de Cambiemos o Juntos por el Cambio condenando de manera categórica el hecho de que en sus filas revistaba el único prófugo político del país.
El argumento para explicar la Operación Retorno es que con el gobierno de Milei “vuelve a regir el Estado de derecho en la Argentina” y que por lo tanto “cesa la persecución política”. Frases parecidas a esas van a ser utilizadas en el anuncio del retorno. Es evidente que se trata de un conjunto de notorias falsedades. El macrismo fue el que persiguió, no el perseguido.
Rodríguez Simón quería poner en marcha la operación de su regreso antes de fin de 2023, pero sus aliados en el Poder Judicial desaconsejaron el apuro. Por un lado, para dar tiempo a consolidar las alianzas del macrismo con el gobierno de Javier Milei. Pero, además, se tuvo en cuenta que tal vez tendría que pasar en prisión toda la feria judicial. De manera que se optó por arrancar el retorno recién en marzo, supuestamente con Milei ya afirmado en la Casa Rosada.
Es evidente que cuando Rodríguez Simón ingrese a la Argentina, en la frontera, será inmediatamente detenido. Es que rige, desde septiembre de 2021, una orden de captura con alerta roja de Interpol. En la ficha de la organización internacional de policía dice que es investigado por los delitos de amenazas y extorsión. Es obvio que Servini será notificada y lo mandará a la cárcel, dado que ya probó que existe peligro de fuga: para entonces, Pepín llevará casi tres años prófugo. Lo que le prometieron al operador es que Patricia Bullrich le encontrará un buen lugar para pasar el mal trago: el Servicio Penitenciario Federal, que antes estaba en la órbita del ministerio de Justicia, ahora pasó a Seguridad, es decir a Bullrich.
Pero la movida más ambiciosa consiste en lograr que recupere la libertad rápidamente. Macri, que conoce al detalle los planes de su operador judicial, se comprometió a que la llamada Cámara Federal M (por macrista) revocará la prisión preventiva. El expresidente tiene una notoria influencia sobre los camaristas ya que, o tuvieron sintonía con su gobierno o directamente los trasladó allí de manera ilegal, a dedo.
Aun así, no parece haber argumentos razonables para darle a Pepín algún beneficio como la excarcelación: nada justifica que haya eludido la justicia. Cristina Kirchner, por ejemplo, hasta pasó por 7 (siete) indagatorias en un solo día, todas ordenadas por el fallecido juez Claudio Bonadío. Y Héctor Timerman, procesado por el mismo Bonadío en la grotesca causa del Memorándum con Irán, incluso transitando un cáncer fulminante, siempre estuvo a derecho y terminó perdiendo la vida porque no le permitieron seguir el tratamiento en Estados Unidos.
La conclusión es que, si a Pepín lo dejan en libertad rápidamente, será otro show y escándalo de la estructura política-judicial-mediática armada para perseguir opositores, con sede en el edificio de Comodoro Py.
Página/12