El Enacom, el Ministerio de Capital Humano y Starlink firmaron un convenio para brindar conectividad a 6 mil escuelas. Argentina aportará US$ 11,89 millones de los US$ 22 millones comprometidos. El negocio pone al Gobierno ante una incompatibilidad con su discurso.
El 31 de octubre de 2025 Starlink, la empresa de Elon Musk, celebró con una publicación en inglés el comienzo de sus actividades en las islas Malvinas: “¡El internet de alta velocidad de Starlink ahora está disponible en las Falkland Islands!”. En efecto, el 30 de octubre de ese año el Falkland Islands Communications Regulator (el equivalente al Enacom de la Argentina) publicó el documento por el cual le otorgó la licencia para operar en el territorio.
Hace pocos días PERFIL contó en una nota que la compañía había sellado un acuerdo con el Enacom y el Ministerio de Capital Humano para brindar conectividad a 6.000 escuelas rurales. Sin licitación ni concurso, ese convenio compromete un total cercano a los US$ 22 millones, de los cuales más de la mitad serán aportados por Argentina.
Pero en medio de una repentina reivindicación del Gobierno de la soberanía sobre las islas –que incluye un proyecto de ley y sanciones para las empresas que operan en ese territorio– la firma de este acuerdo pone de alguna manera al Gobierno ante una incompatibilidad entre el renovado discurso del presidente Javier Milei y la práctica. En este contexto, el secretario de Malvinas, Antártida, islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, cuestionó públicamente a Starlink por la prestación de servicios de internet satelital en las islas Malvinas sin autorización del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).
“A partir de las recientes sanciones impulsadas por el presidente Javier Milei contra las empresas que operen ilegalmente en nuestras islas Malvinas, resulta determinante accionar también contra Starlink. Es inadmisible que brinden servicios en nuestro territorio amparados en ‘licencias’ del gobierno usurpador británico”, destacó en su cuenta de X el funcionario.
“Todo servicio de telecomunicaciones en la República Argentina requiere obligatoriamente la autorización y licencia del Enacom”. Dachary fue más allá y agregó que no se trata solamente de haber pasado por alto a las autoridades argentinas, sino que además “este servicio de internet satelital beneficia y facilita directamente la logística y las operaciones de los buques extranjeros que participan en la exploración sistemática de nuestros recursos”.
La Ley 27.078 de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones establece que, para operar en cualquier parte del territorio argentino, las empresas que brindan estos servicios deben obtener una licencia habilitante otorgada por la autoridad de aplicación (en este caso el Enacom).
Consultas sin respuestas
PERFIL se comunicó con fuentes del Ente, a las que les consultó sobre el tema: concretamente si querían responder a esta denuncia, si tenían competencia en Malvinas como territorio argentino y cómo se podrían manejar casos como este. Hasta el momento de la publicación de esta nota la única respuesta fue que este medio consultara a Cancillería, cosa que también se hizo sin resultados positivos.
“Si el Gobierno realmente considera que las Malvinas, como dice la Constitución Nacional, son territorio argentino, la autorización debería darla el Enacom”, explicó en comunicación con PERFIL Gustavo López, exvicepresidente del organismo.
El Enacom tiene la facultad, aclaró, de llamar al representante legal de la compañía y exigirle que solicite el permiso correspondiente. “Debe intervenir de oficio, porque el único que da autorización para servicios de Internet, de telefonía fija, de telefonía móvil, de correo, es el Ente Nacional de Comunicaciones. No lo están haciendo”, aseguró. “Esa es la doble vara o la inconsistencia de una política exterior que se reformuló a partir de las encuestas y a partir de la bandera de los hinchas y de la selección en el Mundial”, opinó.
Críticas
“Sin embargo Starlink, una empresa con la que acaban de hacer un convenio vergonzoso (porque no hubo concurso de precios, no hubo invitación a otras empresas), está dando, con autorización inglesa, servicios en Malvinas. Y el Enacom mira para otro lado”, señaló.
La aplicación de este convenio se dará a través del Ministerio de Capital Humano y específicamente de la Secretaría de Educación. PERFIL también les solicitó una respuesta acerca de si pensaban, dada la postura del Gobierno sobre las empresas que operan en Malvinas, reconsiderar la decisión de trabajar con Starlink, pero rechazaron la consulta y la derivaron a las autoridades del Enacom. “Capital Humano solo selecciona las escuelas”, agregaron. No volvieron a contestar ante el pedido de un listado de las 6.000 instituciones seleccionadas. Como se explicó en la nota citada, trabajadores de Arsat sospechan que podrían ser las mismas a las que actualmente la empresa estatal argentina ya les brinda conectividad. En ese caso, explicaron a este medio, “Starlink aprovecharía toda la infraestructura que ya construyó Arsat”.
En comunicación con PERFIL Dachary amplió sus afirmaciones. “Si bien en esta instancia no podemos auditar los contratos privados específicos que la empresa mantiene o podría mantener en las islas, el solo hecho de desplegar cobertura de alta velocidad y baja latencia sobre nuestros espacios marítimos abre la puerta a tres dimensiones operativas sumamente riesgosas”, y enumeró: primero, “la optimización potencial del saqueo pesquero e hidrocarburífero, ya que las flotas internacionales que operan con licencias ilegales británicas, así como las plataformas de exploración petrolera offshore, requieren transferir volúmenes masivos de datos en tiempo real”. Contar con un servicio de estas características “les permitiría coordinar operaciones geológicas complejas, monitorear el clima al instante, gestionar cadenas de suministro logísticas y comunicarse con sus matrices de manera altamente eficiente. En términos prácticos, se habilita una herramienta tecnológica capaz de hacer mucho más rentable y rápido el saqueo de nuestros recursos naturales”.
El segundo lugar, advirtió, “la eficiencia de los buques de apoyo logístico –que abastecen tanto a la industria extractiva como al complejo militar británico de Monte Agradable– daría un salto cualitativo al tener la posibilidad de operar con conectividad de banda ancha ininterrumpida en altamar, agilizando enormemente sus despliegues”.
Por último, e independientemente de quienes sean sus clientes hoy, “al encender su señal y ofrecer comercialmente el servicio en las islas Malvinas y sus espacios marítimos correspondientes sin la autorización del Enacom, la empresa ya está operando de manera clandestina en territorio de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur”.
En síntesis, recalcó, “al operar al margen de nuestro marco normativo se genera el riesgo inminente de que se convierta en un facilitador logístico y tecnológico para la usurpación británica, brindando el soporte ideal para consolidar una economía extractiva ilegítima que perjudica el patrimonio de todos los argentinos. Starlink –de mínima– debe ser condicionado a optar por operar en Malvinas o en el resto de la Argentina”.
PERFIL también se contactó con la Secretaría de Comunicación y Prensa de Presidencia para saber su postura, pero hasta el momento de la publicación de esta nota tampoco obtuvo respuesta.
Fuente: Perfil