La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dejó de transferir fondos a las 13 cajas jubilatorias provinciales que no fueron traspasadas a la Nación, entre ellas la del Chaco. Desde la llegada de Javier Milei al poder, el organismo previsional no envió ni un solo peso, acumulando una deuda que, según estimaciones privadas, ya supera los $2 billones. Buenos Aires y Córdoba concentran más de la mitad de ese rojo, con un faltante de $1,25 billones entre ambas.
El Gobierno no desconoce la situación, pero apuesta a un “modelo Frigerio”, que consiste en definir una cifra arbitraria para transferencias mensuales y desactivar la presión de los gobernadores. El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, firmó en diciembre un convenio con la Nación para recibir $2.000 millones mensuales, aunque su administración reconoció que el monto es simbólico y no cubre el déficit real de la caja provincial.
Si el esquema se extendiera a todas las jurisdicciones, la distribución estimada de fondos sería la siguiente: Buenos Aires recibiría $65.000 millones por mes; Córdoba, $21.000 millones; Santa Fe, $18.000 millones; y Entre Ríos, $12.000 millones. Otras provincias, como Neuquén, Formosa y La Pampa, también figuran en la lista con montos menores.
Los gobernadores analizan la oferta con escepticismo. En un año donde cada peso cuenta, algunos evalúan aceptar un esquema de pagos parciales mientras siguen reclamando el total de la deuda. En esa línea, la provincia de Córdoba mantiene una demanda judicial contra la Nación por $550.000 millones, presentada en 2023 por el entonces gobernador Juan Schiaretti. La Corte Suprema de Justicia fijó una audiencia de conciliación para el próximo 23 de abril, en un intento por destrabar el conflicto.
El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró en marzo que se estaban realizando auditorías sobre las cajas previsionales y que el Gobierno cumpliría con los pagos una vez finalizado ese proceso. Sin embargo, hasta el momento no hubo novedades concretas y las provincias siguen cargando con el peso financiero de sus jubilaciones.
El problema no es nuevo. Durante la gestión de Mauricio Macri, se acordó que ANSES transferiría a las provincias un monto equivalente a lo que le costaría administrarlas si estuvieran bajo su control. Pero con la reducción del empleo público en varias jurisdicciones, la relación entre aportantes y jubilados se volvió cada vez más desfavorable, generando un desbalance que amenaza con asfixiar las finanzas provinciales.
Según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap), la relación entre activos y pasivos es de 3 a 1 en la Patagonia, de 4 a 1 en Misiones, y en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Formosa hay menos de dos aportantes por cada jubilado. Este déficit estructural complica cualquier intento de autonomía financiera de las provincias y refuerza su dependencia de los fondos nacionales.
Data Clave