La CTA Autónoma cuestionó al Gobierno nacional por la publicación del Decreto 612/26 y advirtió que la norma restringe el financiamiento de las organizaciones sindicales y profundiza el ataque contra los derechos colectivos de los trabajadores.
“Con un nuevo decreto, el Gobierno ataca la capacidad de acción colectiva de los trabajadores”, remarcó Hugo “Cachorro” Godoy, quien consideró que la medida forma parte de una estrategia para debilitar la organización sindical.
Y señaló: “El Decreto 612/26 forma parte del ataque del Gobierno a la capacidad de acción colectiva de los trabajadores, al dificultar la obtención de recursos para el funcionamiento de las organizaciones sindicales, en particular los provenientes de los aportes pactados en los convenios colectivos de trabajo”.
En ese sentido, recordó que la Reforma Laboral ya había impuesto un tope del 2% de las remuneraciones para los llamados “aportes solidarios”. Según explicó, la medida profundizó esa restricción al establecer que ese porcentaje debía calcularse únicamente sobre el salario básico de convenio, que por definición es inferior a la remuneración total de cada trabajador.
Para el secretario general de la CTA Autónoma, el nuevo decreto mantiene esa lógica restrictiva y excluye del cálculo conceptos que forman parte de la remuneración de los trabajadores. “Ahora el tope del 2% debe calcularse sobre el salario básico de convenio con más los adicionales de periodicidad mensual y de base convencional (antigüedad, presentismo, bonificación por título, etc.), pero quedan afuera otros rubros que forman parte de la remuneración de un trabajador, como las horas extras, el aguinaldo y los premios por producción”, sostuvo.
Asimismo, afirmó que tanto el Decreto 407/26 como el recientemente publicado Decreto 612/26 son inconstitucionales. “La diferencia es que la inconstitucionalidad era más evidente en el caso del Decreto 407/26 que en el del Decreto 612/26. En otras palabras, el Gobierno sigue intentando restringir las posibilidades de financiamiento de las organizaciones sindicales, como parte de un ataque que comenzó con el DNU 70/23, cuya impugnación judicial continúa a la espera de una sentencia de la Corte Suprema”, expresó.
“Queda en evidencia que al Gobierno parecen molestarle menos los aportes a cargo de los empleadores que aquellos que se imponen a los trabajadores. Esto forma parte de una estrategia destinada a fortalecer prácticas antisindicales. Cuando el financiamiento proviene del aporte de los trabajadores, la autonomía sindical es mayor que cuando depende de contribuciones patronales”, aseguró Godoy.
Minuto Uno