El oficialismo busca dilatar los tiempos del debate. Los proyectos ponen la lupa en el accionar de los organismos de control en la actual gestión.
La comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados, que preside Silvia Lospennato (PRO) se reunirá este jueves a las 14 hs para una segunda jornada de debate en torno a las distintas iniciativas que proponen la creación de una comisión investigadora sobre la tragedia del fentanilo contaminado, aunque no se espera la firma de dictámenes.
Esto era así porque la comisión cabecera de estos proyectos es Asuntos Constitucionales, que es presidida por el libertario Nicolás Mayoraz, quien no tiene ningún interés en acoplarse al trabajo de Peticiones y de Salud.
La mayoría de las iniciativas indagan sobre las desregulaciones y falta de controles institucionales que ocurrieron bajo la actual administración para que los laboratorios salieron al mercado con lotes de fentanilo adulterado.
La sospecha del oficialismo es que la oposición utilizará la comisión investigadora como escenario para salir a golpear al Gobierno por el desguace de los organismos de control (INAME y ANMAT), y por las irregularidades en la habilitación de laboratorios que no cumplían con los estándares fitosanitarios y de higiene para producir medicamentos complejos como en fentanilo.
Así las cosas, a la oposición no le quedará otra alternativa que obligar a Mayoraz a convocar a Asuntos Constitucionales a través de un emplazamiento votado en una próxima sesión.
Esta herramienta del emplazamiento de comisiones, que en otros períodos se utilizaba de una forma absolutamente excepcional, se convirtió en moneda corriente y único recurso disponible para la oposición a los efectos de tratar proyectos cajoneados o freezados por La Libertad Avanza.
Así sucedió durante todo este tiempo desde que gobierna Javier Milei, tanto para crear la comisión investigadora Libra y la posterior actualización de su reglamento, como para conminar a la comisión de Presupuesto, custodiada con freno de mano puesto por su presidente José Luis Espert, como para dictaminar proyectos sobre financiamiento universitario, emergencia pediátrica, emergencia en discapacidad y aumento de jubilaciones.
En el caso de la comisión investigadora fentanilo contaminado, el tema había sido inicialmente fogoneado por la diputada bullrichista Silvana Giudici con el objetivo de cargar las tintas contra funcionarios del Gobierno anterior por sus vinculaciones con el dueño del laboratorio HLB Pharma, Ariel García Furfaro, caído en desgracia y preso en el marco de la causa judicial en curso.
El avance de la causa en el juzgado del magistrado Ernesto Kreplak está demostrando que la masacre, que ya contabiliza más de un centenar de víctimas fatales, se debió a fallas en los controles a los laboratorios y graves omisiones a los alertas bajo la actual administración.
El impulso inicial que le dio Giudici, quien llevó a familiares de víctimas al Congreso, se convirtió en un tiro en el pie para el oficialismo, que ahora solo atina a dilatar los tiempos con palos en la rueda.
Lospennato, que había prometido un plenario de comisiones para esta semana que nunca se concretará, reclamó la cabecera del debate para la comisión que ella preside, porque es consciente que Mayoraz no va a aceptar el pedido de un trabajo conjunto con Peticiones y Salud.
Pero al margen de los ardides obstructivos y dilatorios del oficialismo, está claro que más tarde o más temprano, la oposición logrará poner en marcha la comisión investigadora.
Por eso, tanto Lospennato como Giudici hicieron un pedido explícito para que en el debate ningún sector intente sacar un rédito político partidario, y que se antepongan los intereses de las víctimas.
La discusión entre los distintos proyectos presentados gira en torno al formato de la comisión: mientras que la iniciativa de Victoria Tolosa Paz propone un esquema bicameral, las demás iniciativas (Giudici, Pablo Juliano, Christian Castillo y Jorge Araujo Hernández) se inclinan por la unicameralidad.
NA