La administración del presidente estadounidense se había acogido, para deportar a migrantes a los que considera pandilleros, a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que sólo se había aplicado en tiempos de guerra.
Los magistrados bloquearon los planes de la administración Trump para deportar a un grupo de migrantes recluidos en Texas porque estiman que no se les da suficiente tiempo para impugnar su expulsión, pero devolvieron el caso a un tribunal de apelaciones para que se pronuncie sobre el fondo.
Los jueces, en una opinión breve y sin firma, accedieron a la solicitud de los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) que representan a los migrantes de mantener la suspensión de las expulsiones por ahora. La acción se produjo después de que el tribunal ordenara el 19 de abril la suspensión temporal de las deportaciones de decenas de migrantes retenidos en el centro de detención Bluebonnet en Texas.
“En estas circunstancias, una notificación con aproximadamente 24 horas de antelación a la expulsión, sin información sobre cómo ejercer el debido proceso para impugnarla, sin duda no es aceptable”, escribió el tribunal en su fallo. Los jueces conservadores Samuel Alito y Clarence Thomas discreparon públicamente de la decisión. Alito, en un voto particular al que se sumó Thomas, afirmó que no creía que la Corte Suprema tuviera la facultad de intervenir en esta etapa del caso y cuestionó la legalidad de brindar asistencia a los detenidos como grupo.
La Corte Suprema considera, sin embargo, que está demasiado “alejada de las circunstancias sobre el terreno” y devuelve el caso al Quinto Circuito, un tribunal de apelaciones, para que se pronuncie sobre el fondo. “Para ser claros, hoy únicamente decidimos que los detenidos tienen derecho a una notificación mayor que la dada el 18 de abril, y otorgamos una medida cautelar temporal”, recalcan.
DW/Afp/Rtr