La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un planteo presentado por la defensa de los ocho jóvenes condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020, a la salida de un local bailable en la ciudad balnearia de Villa Gesell.
El representante legale de los acusados cuestionaban una serie de presuntas irregularidades por parte de algunos funcionarios judiciales.
El pedido había sido presentado por el abogado Hugo Tomei cuando patrocinaba a Matías Benicelli, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen, Blas Cinalli, Ciro y Lucas Pertossi. Y también contra la fiscal Verónica Zamboni, quien estuvo a cargo de la investigación del crimen; la defensora oficial Verónica Olindi Huespi; funcionarios del Ministerio Público Fiscal y el juez de Garantías David Mancinelli, quien había dictado la prisión preventiva de los imputados.
Puntualmente, Tomei sostuvo que durante gran parte del proceso ninguno de los imputados había conocido las pruebas de cargo y la imputación en el momento de su indagatoria. Y en declaraciones al diario La Nación el letrado admitió que “era una medida esperable. Ahora iremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar al Estado por el incumplimiento del servicio de justicia, ya que la denuncia contra los funcionarios no fue tramitada conforme a las disposiciones legales. Se está protegiendo a un sistema que es incapaz de juzgarse a sí mismo”.
Además, el abogado denunció que sus asistidos habían sido sometidos a firmar actas del expediente: “Estos hechos fueron planteados en el marco del proceso penal, pero, independientemente, los jóvenes condenados hicieron una denuncia penal por falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegal de la libertad”, y añadió que en el marco de esa presentación fueron inculpados los funcionarios judiciales.
Por lo tanto, Tomei presentó ante el juez Mancinelli —a quien había recusado— un escrito en donde pedía que se declarara la inconstitucionalidad del procedimiento por entender que había sido arbitrario, sin embargo, el magistrado rechazó la recusación y el planteo. La misma decisión tomó el Tribunal de Casación Penal bonaerense.
El caso
Báez Sosa, un estudiante de Derecho quien por entonces de 18 años, fue atacado en manada por un grupo de jóvenes tras una discusión dentro del boliche Le Brique, y en medio de la refriega recibió varios golpes que lo dejaron inconsciente y poco minutos después murió en la vereda.
En tanto, en febrero de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Dolores condenó a la pena de prisión perpetua a Máximo Thomsen, Luciano Pertossi, Ciro Pertossi, Enzo Comell y Matías Benicelli. Los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lazzari, como coautores del delito de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves”, esto último, por los golpes que recibieron los amigos de Báez Sosa.
Los otros tres acusados, Ayrton Viollaz, Lucas Pertossi y Blas Cinalli, fueron condenados a 15 años de prisión. Para los jueces fueron “partícipes secundarios” de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves”.
AgenciaNA