Este lunes, cuando el gobierno dio a conocer el Decreto 594/24 mediante el cual se amplían los créditos presupuestarios en alrededor del 70%, en el sistema científico hubo quienes suspiraron aliviados ante lo que, pensaron, les permitiría cumplir con sus obligaciones hasta fin de año. Después de todo, estaban en alerta roja: la ejecución del presupuesto [prórroga del de 2023] ya rozaba el 100% a fines de junio. Sin embargo, si se las examina en detalle, según un nuevo informe del grupo Economía, Política y Ciencia (EPC, del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, Ciicti), estas cifras revelan la mayor retracción de la inversión en ciencia y tecnología que haya experimentado el país en su historia.
“Las caídas reales suponen un descenso acelerado de la inversión, los salarios y el gasto –escriben los autores–. De prosperar este diseño, los salarios, la inversión en bienes de capital, equipamiento e infraestructura, el apoyo a las universidades y los organismos de ciencia y tecnología tendrán caídas consolidadas de entre el 25% y el 33% real, con casos extremos rondando el 66% de declinación”.
“Lo importante de esto es que cambia el criterio de referencia –explica Nicolás Lavagnino, de EPC–. Es decir, nosotros hasta ahora veníamos fijándonos en lo que ya se ejecutó y lo que estaba disponible, o bien en relación con la prórroga del viejo presupuesto, midiéndolo contra la inflación que se iba registrando. Pero en los últimos cinco días pasó algo muy interesante. Es como si el gobierno se hubiera dado a sí mismo un presupuesto votado en el Parlamento donde muestra su intención. Eso lo hizo con el ‘Informe de Avance’, donde dice cuánto cree que va a ser la inflación, cuánta la actividad… Y a partir de eso amplía el presupuesto. Así, da a conocer su intención, aunque después ocurra otra cosa (en general, peor). La ‘intención o diseño presupuestario’ emerge de la concatenación del Informe de Avance y del decreto del presupuesto con el que quieren llegar a fin de año. Ahí, lo que se puede ver es que si les salen bien los cálculos y hay un 140% de inflación, los salarios en el sistema científico van a caer entre un 25 y un 30%, y el presupuesto de la Agencia I+D+i, un 65%. Esto es algo que veníamos viendo, solo que ahora ya no es una proyección y ya no son únicamente los datos de ejecución del primer semestre, sino que es lo proyectado a partir del presupuesto disponible y los parámetros macroeconómicos que el gobierno quiere lograr. Es decir, es lo que desean que ocurra”.
En términos presupuestarios, la “función ciencia y tecnología” caería un 33% real, y cada organismo va perdiendo presencia según el peso que tenga en ellos la inversión de capital, la infraestructura y el desarrollo de diversos proyectos. “Por ejemplo, la Agencia, que es casi todo transferencia de gasto de capital, prácticamente desaparece –subraya Lavagnino–. Lo mismo ocurre con el ex Ministerio de Ciencia. Los organismos que representan puro salario son los que menos caen”.
De acuerdo con este plan, por ejemplo, el presupuesto de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales caería más del 50%. Allí, la actualización es para pagar sueldos y gastos corrientes (lo que se conoce como “inciso uno”), que ya estaba agotado en casi todos los organismos.
Fuentes de la Comisión, que tiene en desarrollo tres satélites y el lanzador espacial que iba a convertirse en el primero de América del Sur, comentan que les prometieron que en “no mucho tiempo” habría un aumento para gastos de capital, pero no saben exactamente cuándo sucedería y de qué monto sería. Presentaron un informe en el que detallan lo imprescindible para mantener vivos los proyectos y están tratando de gestionar en medio de la incertidumbre. Mientras tanto, Brasil planea potenciar su actividad espacial en la próxima década y podría repetirse la historia de la industria aeronáutica en la que en algún momento la Argentina fue pionera y nuestros vecinos venían varios pasos detrás, para luego pasar a la delantera.
En una situación similar se encuentra la Comisión Nacional de Energía Atómica, dos de cuyos proyectos insignia se encuentran en riesgo de parálisis. El reactor multipropósito RA-10, una obra muy avanzada que se levanta en el Centro Atómico Ezeiza y que podría ubicar a la Argentina como uno de los primeros productores mundiales de radioisótopos de uso médico, necesitaba como mínimo 47.000 millones de pesos y se le asignaron 28.000 millones. La obra de montaje, adquisiciones y servicios corre riesgo de paralización, posible pérdida de contratistas y dificultad para recuperarlos en el futuro, y se retrasa la finalización del proyecto que podría generar cientos de millones de dólares por exportaciones.
Aún más precaria es la posición del Carem, el primer reactor nuclear de potencia íntegramente diseñado y construido en el país y el más avanzado del mundo en su tipo (pequeños reactores modulares): necesitaba unos 60.000 millones y recibirá 31.000. Además, Sol Pedre, gerente de la obra, ya recibió la comunicación de que será reemplazada por Mauricio Bisauta, conocido porque durante la gestión de Cambiemos decidió detener la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), de Neuquén, y despedir a 380 profesionales: redujo el staff de 460 a 80. La PIAP es la más grande del mundo en su tipo y la encargada de proveer el material refrigerante que permite el funcionamiento de las centrales de Atucha I, II y Embalse, que proveen parte de la energía que consumimos.
Medidas como éstas ponen en riesgo un capital humano y material arduamente conquistado y equipos de ingeniería técnica de altísima especialización que podrían terminar dando servicios a empresas extranjeras que están también embarcadas en la carrera por construir sus pequeños reactores modulares.
Y los recortes siguen. “El llamado ‘inciso cinco’, que incluye las transferencia a las universidades para gastos corrientes y de capital, y los planes Equipar y Construir, cae un 61% real de acuerdo con el plan –explica Lavagnino–. Uno se acostumbra a números tan enormes que 24 o 30% parece poco. Pero hay que recordar que la reducción de la función ciencia entre 2015 y 2019 fue del 28% en cuatro años. Y ahora caerá casi un 34% en un año”.
Otra cifra que ilustra el dramático deterioro que está viviendo el sistema científico es la del porcentaje del PBI dedicado a ciencia y tecnología, que ascenderá a apenas el 0,208 %, el más bajo desde 2003. “Sólo en 2002 fue del 0,17% , el mínimo de la ‘función’ en casi todo el período; hubo un solo un año que tuvo un desempeño similar en la década del 70”, aclara Lavagnino.
Todo esto hace pensar que o se derogará o simplemente dejará de cumplirse la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (27614, sancionada en 2021), que establece un incremento progresivo y sostenido del presupuesto nacional destinado a la función ciencia y técnica para llegar a una inversión del 1% del PBI en 2032.
“También podrían encontrar algún subterfugio para incorporar dentro de ese rubro cosas que no vayan precisamente al sistema científico –comenta Lavagnino–. Por ejemplo, el decreto del lunes tiene incorporada una ampliación del cupo del Fondo para la Economía del Conocimiento de 150 mil millones de pesos. Ese fondo, la mitad aproximadamente, había ido a grandes empresas como MercadoLibre y Globant, que son exportadoras de servicios del conocimiento y no generadoras de conocimiento. Ocurre lo mismo con la Ley de Financiamiento Educativo: la inversión debería rondar el 6% del PBI y la caída real de la ejecución en educación es el 50%”.
Y concluye: “Lo importante es que esto no sucede porque ocurrió algo que no se había contemplado. Nosotros habíamos notado que estaban apuntando a una reducción de salarios e inversión en la franja del 25 al 35%, pero hasta ahora manteníamos el beneficio de la duda, porque no se había votado un presupuesto. Pero cuando pasa la mitad del año, quien gestiona el Estado tiene que mandar al Congreso un ‘informe de avance’ en donde determina la línea para el semestre que arranca e indica cuáles son los parámetros para los años que vienen. Y eso es muy revelador de lo que se llama la ‘intención presupuestaria’. Después puede ocurrir algo distinto, pero es lo que el gobierno querría que sucediera. Y en este caso, en la práctica implica la desarticulación del sistema”.
Puntos salientes del informe
-Se proyecta una inflación a fin de año de entre el 130% y el 140%, lo que supone un promedio anual en torno del 230% para el año en curso.
-El PBI proyectado por el gobierno será de 594 billones de pesos. El presupuesto ampliado alcanza los 94 billones de pesos).
-Considerando la caída del PBI y la inflación prevista por el gobierno, y pese a los aumentos de crédito, el Conicet caerá un 25,5% real en el año, la Agencia I+D+i, un 65,5% real y la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología, un 66,8%.
-Las transferencias caen un 61% real y la inversión en bienes de capital, un 44%, lo que tendrá un gran impacto en la capacidad de llevar adelantes actividades científicas y tecnológicas.
-El inciso 1 (salarios) caería un 24,2% real (con una caída de 28,1% del inciso 3, donde se incluyen las becas de formación).
-Respecto de un PBI previsto de 598 billones, el objetivo declarado del gobierno es llevar la “función ciencia y tecnología” al 0,208% del PBI. La caída real proyectada es de 33,9 puntos, agravando incluso la caída verificada por la ejecución real durante el primer semestre (-30,4% real). Esto implica que el deterioro real durante el segundo semestre será aún mayor que el experimentado en el primero.
El informe completo está en https://grupo-epc.com/2024/07/09/ampliacion-presupuestaria-dto-594-24-julio-2024/
El Destape