La CIDH valora los avances identificados para el combate a la tortura durante los últimos años, como la designación de mecanismos locales. Al respecto, saluda la reciente celebración de la reunión regional de mecanismos nacionales y locales de prevención de la tortura para fortalecer sus capacidades, con la participación de 10 Estados de la región, que derivó en la adopción de la Declaración de San José para el fortalecimiento institucional y el trabajo en red. Además, destaca la implementación del Sistema de registro, comunicación y atención integral a víctimas de violencia institucional carcelaria (SIRCAIVI) por Argentina, Chile y Costa Rica; el lanzamiento del “Registro unificado de tortura y malos tratos” por Paraguay, y la adopción por parte de México de su Primera Estrategia Nacional contra la Tortura.
No obstante, considerando la prevalencia de diversas formas de tortura y malos tratos en centros de detención, preocupa que más de la mitad de los países de las Américas carezcan de mecanismos locales para el combate de estos actos. Conforme los datos de la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), organización especializada en la temática a nivel internacional, únicamente 14 de los 35 Estados de la región han creado mecanismos para combatir la tortura, o asignado dichas funciones a una institución ya existente.
La CIDH reconoce las acciones de los Estados de la región orientadas a contar con un mecanismo. No obstante, identifica que faltan medidas efectivas para garantizar el funcionamiento y cumplimiento del mandato de estos mecanismos. Al respecto, ha recibido información sobre: ausencia de independencia; falta de autonomía presupuestaria y administrativa; insuficiente personal; escasez de recursos materiales y financieros; limitaciones para visitar ciertas instalaciones ante la negativa de funcionarios; y, dificultades para monitorear sitios de detención en países muy extensos.
Por su parte, en su Informe Anual 2023, la CIDH resaltó que El Salvador no cuenta con un MNP, Brasil tiene pendiente la creación y/o la puesta en funcionamiento de ciertos mecanismos locales, y Honduras no ha nombrado aún a la representante de sociedad civil de su mecanismo.
La CIDH recuerda que, en línea con lo expresado por el ex Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas inhumanos, crueles o degradantes, Manfred Nowak, la forma más eficaz de prevenir la tortura es abrir los lugares de privación de libertad a la inspección pública y al monitoreo independiente. En este sentido, urge a los Estados de las Américas que aún no lo hayan hecho, a promover la creación e instalación de mecanismos de prevención y combate a la tortura, tanto en el ámbito nacional como local, llevando en consideración el contexto específico y la extensión territorial de cada país. Su labor constituye un pilar fundamental tanto en la protección de los derechos fundamentales de las personas detenidas, como en el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de privación de libertad.
De igual manera, la Comisión reitera su llamado a los países de la región a implementar acciones a fin de asegurar el funcionamiento de estos mecanismos, así como facilitar y fortalecer su trabajo. Ello incluye dotar a estas instituciones con los recursos suficientes y el apoyo institucional necesario para ejercer su mandato de manera efectiva, así como con la independencia y autonomía que la naturaleza de sus funciones de monitoreo exige. Lo anterior, garantizando que los esfuerzos actuales de los Estados para cumplir con estas obligaciones no sólo se mantengan, sino que se optimicen.
Por último, 15 Estados de la región no han ratificado la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y 21 no son parte del Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPCAT). Por ello, la CIDH exhorta nuevamente a aquellos países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que aún no lo han hecho, a ratificar estos instrumentos.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.