Mientras trata de que el Gobierno flexibilice su postura ante las paritarias de 2025, la CGT tiene otros frentes abiertos con la administración de Javier Milei en donde tampoco encuentra las respuestas a sus reclamos: uno de los principales tiene que ver con la crítica situación de las obras sociales, que siguen atravesando un proceso de desfinanciamiento constante que afecta el acceso a las prestaciones médicas a las 15 millones de personas a las que le brindan servicios de salud.
Según la dirigencia cegetista, esa cantidad de afiliados a las obras sociales, que representa alrededor del 33,6% de lapoblación en la Argentina incluye a los trabajadores en actividad representados por cada actividad, a unos 2.200.000 monotributistas, unos 130.000 mil desempleados con derecho a prestaciones y un número similar correspondiente a trabajadoras del servicio doméstico.
Una de las claves del desfinanciamiento del sistema sindical de salud es que el Programa Médico Obligatorio (PMO), que son las prestaciones médicas mínimas a las que están obligadas las obras sociales y las prepagas, tiene un costo promedio mensual de 45 mil pesos mensuales por trabajador beneficiario (incluyendo a su grupo familiar) y que, si se excluyen las prestaciones por discapacidad que son solventadas por el Fondo Solidario que administra la Superintendencia de Salud de la Nación, quedaría en un valor de 35 mil pesos mensuales por cada beneficiario aportante.
Sin embargo, las obras sociales están obligadas a brindar las mismas prestaciones a otros sectores que aportan al sistema mucho menos en forma mensual y agravan su déficit: los monotributistas, 13.800 pesos; los desempleados, 14.000 pesos y el personal doméstico, 6.400 pesos.
Por eso la CGT insistió en estos días ante el Gobierno en instrumentar cuanto antes alguna medida porque la combinación de distintos factores agrava el desfinanciamiento de las obras sociales.
En agosto pasado, la CGT le envió un informe al titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo, ex directivo de OSDE, y al gerente general del organismo, Claudio Stivelman, en el que figuraban el pedido de revisión del PMO y otras medidas para evitar el colapso de las obras sociales. Allí figuraban las siguientes propuestas para trabajar junto con las autoridades de Salud:
* Reemplazar el PMO actual por una canasta de servicios de emergencia (CSE).
* Adaptar la cuota del personal que se desempeña en el servicio doméstico, como así también la de los monotributistas.
* Ajustar el valor que reintegra el PAMI a los beneficiarios que reciben atención a través de las obras sociales nacionales al promedio por cápita que recibe el instituto.
* Que la atención de los monotributistas sociales este a cargo de los efectores públicos de la jurisdicción donde residan. Los recursos que hoy transfieren a las obras sociales por la atención de estos beneficiarios disponerlos para financiar esta atención en los hospitales y centros de salud.
* Disponer que los gastos en transporte y educación que insuman las personas con discapacidad sean aportadas por las carteras respectivas y girados al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que actualmente los financia. Este pedido surge debido al gasto elevado que requieren hoy las prestaciones por discapacidad, que representan un aproximado del 74% del total de lo recaudado por el FSR.
* Creación de un fondo para la cobertura de tecnologías de altos precios en el ámbito del Ministerio de Salud.
* Tratar el incremento indiscriminado de medicamentos de alto costo o los llamados catastróficos que afecta a toda la población beneficiaria de los agentes del seguro de salud.
Fuente: Infobae