Finalmente, el Gobierno de Javier Milei vetó en su totalidad la reforma previsional aprobada por el Congreso, bajo el argumento central de que la medida “no contempla el impacto fiscal” que tendría “ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”, debido a que el cambio no se encuentra previsto en el presupuesto.
Aunque, hay que aclarar, actualmente no existe tal presupuesto, ya que se está trabajando con una prórroga del correspondiente al año 2023. Además, comienzan a surgir voces disidentes respecto a que el veto ratifica que los “jubilados sean quienes sostienen el superávit fiscal”.
Según los cálculos oficiales, la ley sancionada por las Cámaras de Diputados y Senadores implicaría para el Estado un gasto adicional de más de $6 billones para este año y casi $15,5 billones para el 2025, lo que equivaldría al 1,02% del PBI para el año en curso y al 1,64% del PBI para el próximo. Esto tornaría “imposible cumplir con las metas fiscales fijadas por el Gobierno Nacional”, indica la argumentación oficial. Tras el veto presidencial a la ley, ahora el Congreso tiene la posibilidad de insistir en su propuesta, con mayorías especiales.
Movilidad jubilatoria: diferencias entre la fórmula vetada y la actual
La ley sancionada por el Congreso recomponía la pérdida que las jubilaciones sufrieron en el empalme del cambio de la fórmula de movilidad por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia. Contemplaba aumento de 8,1 puntos porcentuales (7,2% efectivo), preveía que ningún jubilado cobrase menos de 1,09 de la canasta básica, al mismo tiempo que exigía el pago de deudas previsionales a las provincias y preservaba al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) de su liquidación, luego de las propuestas que había erigido el Ejecutivo dentro del primer proyecto de Ley Bases.
A su vez, había un consenso generalizado entre especialistas previsionales, entre ellos el ex titular de la ANSES Osvaldo Giordano, de que esta nueva fórmula podría ser una oportunidad para el Gobierno, debido a que evitaría futuras demandas al Estado y daría mayores herramientas a la ANSES para defenderse en caso de que existieran juicios en su contra.
La fórmula de movilidad vigente fue modificada por el Gobierno en marzo a través de un DNU -uno de los puntos centrales que hacia adelante podría generar demandas por parte de los jubilados al Estado-, prevé que las actualizaciones se realicen mensualmente por inflación en función del último dato de inflación disponible. Pero, la previa a esta medida implicó un primer trimestre adverso, debido a la fuerte inercia inflacionaria, así como también a la suba del Impuesto PAIS y la desregulación de varios sectores de la economía.
Recuperación, pero desde el fondo del pozo
El cambio, retrasado, en la fórmula de movilidad implicó, según los cálculos el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), consecuencias de “vasta magnitud sobre los haberes, que no pudieron seguir el ritmo a los precios, dado que la fórmula de actualización tiene un ‘atraso’ trimestral”. En ese sentido, indicaron que en la comparaciones de los haberes frente a noviembre 2023, se observó que los jubilados:
En enero 2024 percibieron entre 14,7% y 20,1% menos en términos reales que en noviembre de 2023 (según sea la mínima con bono o por encima de la mínima).
En febrero 2024 cobraron entre 24,7% y 29,5% menos que en noviembre 2023.
Y en marzo los haberes se ubicaron entre 13,7% y 19,2% por debajo de noviembre 2023.
“Esta modalidad implicó la recuperación de las jubilaciones del fondo del pozo al que el propio Gobierno las había llevado”, concluye el informe. Aunque, confronta con la mirada oficial: “Milei sostuvo, entre las razones de por qué vetar, que ‘desde que nosotros llegamos al poder, las jubilaciones están 5% arriba, es decir las jubilaciones le ganaron a la inflación’. Esto no es cierto. Las jubilaciones no han ganado poder adquisitivo”, inicia el informe.
El problema es comparativo, según el Centro, y tiene una “trampa”: “Compara un mes que es el último previo a la actualización de movilidad trimestral (noviembre 2023) contra un mes que tenía incorporada la actualización (agosto o septiembre de 2024)”. En esa línea, las jubilaciones sin bono en el trimestre septiembre-noviembre de 2024 se mantendrán 4,6% por debajo del mismo trimestre de 2023, mientras que las jubilaciones con bono lo harían 13,6% por debajo.
Hernan Letcher, de CEPA, explicó a Ámbito que las comparaciones se hacen trimestralmente (frente al mismo periodo del año previo). El caso citado toma de septiembre a noviembre, debido a que se trata del último trimestre del gobierno anterior y que noviembre es el mes comparado por Milei. Además, utilizan este dato debido a que ya tienen estimaciones de lo que se cobrará en noviembre.
Bonos congelados como variable de ajuste
A la par de la pérdida derivada del cambio de fórmula y la alta inflación de principio de año, el bono compensatorio que recibía el 70% de los jubilados fue congelado en $70.000, lo que generó una licuación mes a mes de su capacidad de compra. Por ello, quienes cobran la mínima aún no recuperaron el poder adquisitivo de noviembre, sino que en septiembre 2024 se ubican aun 2,6 puntos por debajo y 20,3% por debajo del mismo período de 2023.
Mientras que los haberes se incrementaron entre marzo y septiembre 74,3%, la mínima, con bono incluido, sólo aumentó 48,9%. De haberse actualizado en la misma proporción, el bono debiera ser en septiembre de $122.010, es decir, $52.010 más de lo actual.
Jubilaciones sin posibilidad de mejora a largo plazo
La nueva fórmula de movilidad decretada genera que las jubilaciones no pierdan en un escenario de alta inflación, pero no posibilita a largo plazo que los haberes puedan aspirar a mejorar su situación actual. “La actualización decidida por Milei considera que el poder adquisitivo actual de las jubilaciones es el máximo al que pueden aspirar los jubilados”, catapultó el informe.
“El Gobierno decidió que el ajuste derivado de las modificaciones mencionadas y lo sucedido en materia de precios no fuera atenuado a través de una política de compensación de ingresos. Su decisión fue licuar los haberes y así alcanzar el superávit fiscal: en los tres primeros meses de 2024, las jubilaciones explicaron entre 32,9% y 37,0% del ajuste total”, se añadió en el documento, precisándose que “los jubilados se mantienen en el primer lugar de quienes sostuvieron las cuentas fiscales con sus recortes, explicando, entre enero y julio, a aportar el 27,7% del total del superávit”.
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