La Asesoría General de Gobierno presentó este viernes el proyecto de reforma del Reglamento de Sumarios para la Administración Pública Provincial (Decreto 1311/99), una iniciativa que busca actualizar la normativa vigente, incorporar nuevas tecnologías y fortalecer las garantías y los derechos de los agentes públicos.
La presentación se realizó en el auditorio de la Librería ConTexto y estuvo encabezada por el asesor general de Gobierno, Federico Valdés, junto a docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).
Entre los principales cambios propuestos se encuentran la incorporación de avances establecidos en normativas nacionales e internacionales en materia de violencia de género, violencia laboral, interculturalidad y derechos de los pueblos originarios. También se prevén procedimientos vinculados con el uso de nuevas tecnologías, declaraciones por videoconferencia y mecanismos para garantizar el resguardo de las pruebas documentales.
Durante la exposición, Valdés explicó que uno de los principales objetivos es actualizar una normativa que data de 1999 y que tuvo una modificación en 2003, incorporando tanto los nuevos marcos legales como la experiencia acumulada por la Asesoría General de Gobierno en el funcionamiento cotidiano de los procedimientos sumariales.
En ese sentido, señaló que se busca resolver dificultades recurrentes vinculadas con las notificaciones y las declaraciones testimoniales, además de avanzar hacia la modernización y digitalización de los procesos para brindar mayor transparencia, agilidad y trazabilidad.
Como ejemplo, destacó la incorporación de la videoconferencia como modalidad para las declaraciones, con su correspondiente registro en acta. Esta herramienta permitirá que los agentes que se desempeñan en localidades del interior puedan prestar declaración o presentar testigos sin necesidad de trasladarse hasta Resistencia. Asimismo, se adecuan los procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho de defensa de las personas con discapacidad.
“Es una reforma que se adecúa al contexto actual e incorpora las normas nacionales e internacionales vinculadas a los nuevos derechos que se reconocieron con el paso del tiempo. Además, buscamos que sea una elaboración participativa. Por eso no presentamos un decreto definitivo, sino un proyecto abierto a la comunidad”, expresó Valdés.
El funcionario también destacó que el proyecto “fue elaborado por el equipo de la Asesoría Legal de Gobierno acorde a lo que los tiempos nos exigen”.
Un proyecto abierto a la participación de la comunidad
Valdés informó que la propuesta estará disponible en la página web de la Asesoría General de Gobierno y que se abrirá un período de 30 días, hasta el próximo 6 de diciembre, para recibir aportes, observaciones y propuestas que permitan enriquecer el texto. “Esos aportes nos van a permitir tomar una mejor decisión, incorporar una experiencia cotidiana que no siempre se ve desde una oficina y lograr una mejor normativa. Esperamos arrancar el año que viene con la nueva normativa”, afirmó.
Rey Vázquez: “Una herramienta fundamental para el funcionamiento correcto de la administración”
Por su parte, el docente de la Facultad de Derecho de la UNNE, Luis Eduardo Rey Vázquez, destacó la importancia del reglamento de sumarios como una herramienta esencial para el funcionamiento del Estado y el cumplimiento de las responsabilidades de los agentes públicos.
Explicó que la Administración Pública necesita contar con procedimientos que permitan investigar posibles incumplimientos de los deberes de la función, esclarecer los hechos y, al mismo tiempo, garantizar los derechos y las garantías de las personas involucradas. “Para eso se necesita un plantel regido por las normas de empleo público. Cuando un agente se aparta de los deberes propios de la función, existe un procedimiento de investigación que, resguardando sus garantías, permite a la Administración esclarecer los hechos que alteran su buen funcionamiento. Esa herramienta es, precisamente, el reglamento de sumarios”, sostuvo.
Asimismo, valoró la incorporación de nuevas tecnologías, ya que permitirá agilizar los trámites, facilitar el acceso de los empleados públicos que trabajan en localidades del interior y mejorar la conservación de las declaraciones y las pruebas documentales.
Finalmente, remarcó que la modernización de estos procedimientos también permitirá a las autoridades de cada dependencia contar con registros más claros y ordenados sobre la situación del personal y los sumarios administrativos en curso.
La reforma representa un paso hacia la actualización de los procedimientos administrativos provinciales, con el propósito de fortalecer la transparencia, garantizar el derecho de defensa y dotar al Estado de herramientas acordes a las necesidades actuales de la gestión pública.