El juicio es extenso, lleva ya más de 9 años, y es adverso para la Argentina en las instancias importantes. Pero continúa: la expropiación de YPF, que se hizo en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta, ya le costó a la Argentina una sentencia en contra, en primera instancia, por más de USD 16.000 millones.
Y en medio de presentaciones técnicas y contestaciones de requerimientos judiciales entre las partes, por estas horas se definirán dos temas de impacto.
-En la apelación del fallo condenatorio de la jueza Loretta Preska – que se tramita en una Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York– se definirá la situación de la petrolera. Burford es un bufete de abogados inglés que compra litigios de este tipo y los lleva adelante y sostiene por largos períodos con el objetivo de obtener grandes ganancias.
Es el principal beneficiario de la sentencia de Preska y ahora pretende que la petrolera vuelva a estar involucrada en la causa, algo que la jueza había descartado hace un año cuando sólo condenó al Estado local. Burford pretende con esta acción traer al escenario de la causa otra vez a la empresa y tener un elemento más para presionar y cobrar. Hace ocho años, este bufete pagó unos 30 millones de euros para quedarse con las demandas que habían iniciado dos accionistas minoritarios de la petrolera que aseguraron haber sido perjudicados por el Estado en medio del proceso de expropiación.
Luego, vendió una parte de esa demanda por más de USD 230 millones y ahora, como principal beneficiario, pretende negociar –por ahora sin éxito– para cobrar “algo” del fallo de Preska.
Además, la jueza deberá definir en estos días qué hace con el pedido de Burford de quedarse con las acciones por las que Argentina es dueña del 51% del capital accionario de la petrolera de bandera.
Tensión y embargos
Con respecto al primer punto, habrá novedades mañana, cuando Burford responderá a la petrolera que intenta defender los intentos de volver a incorporarla en el juicio.
“Van a presentar un informe en la Corte de Apelaciones intentando persuadir a los tres jueces de que Preska se equivocó en absolver a la petrolera. Este es el anteúltimo informe, el próximo 6 de septiembre se presentarán todas las partes, es decir, los beneficiarios del fallo Argentina-YPF presentarán los closing statements, los argumentos finales antes que la Corte de apelación decida” detalló Sebastián Maril, de Latin Advisors.
“Embargar activos soberanos es muy complejo pero no imposible”, resumió Maril sobre el segundo punto. A fines de junio, el país presentó argumentos por los cuales considera que no sería legal ni viable el pase de acciones a Burford. En resumen, porque una corte foránea no puede obligar a otro país a repatriar activos (invocando la doctrina de international comity prohíbe que una tribunal de EEUU le ordene a estado extranjero hacer algo en su propio territorio); porque en todo caso es algo que debería aprobar el Congreso; y porque sólo se podrían embargar bienes en EEUU de un estado extranjero usados para una actividad comercial allí (algo que no ocurre, según los argumentos del Estado).
Además, en las últimas horas surgió en el mercado otro opción de posible pedido de embargos en la causa: los dólares que el equipo del ministro Luis Caputo dijo que se depositaron en EEUU para garantizar el pago a bonistas privados a comienzos del próximo año.
“En los últimos 7 días, el Gobierno anunció que va a pre-fondear en New York el pago de los intereses de la deuda soberana que vencen en enero y comunicó que envió el oro a Europa. La intención es mostrar capacidad e intención de pago y tener colateral para los repos”, detalló Maril en un informe a clientes en los últimos días.
“Está enviando activos a los dos epicentros de los embargos por los juicios YPF y, posiblemente, por la causa de Cupón PBI. Embargar activos soberanos es muy difícil pero si los beneficiarios del fallo logran embargar estos activos, Argentina habrá pagado los juicios sin aprobación del Congreso. Lo primero que tiene que hacer un deudor es quitar sus activos del alcance del acreedor. Esto no es lo que el Gobierno quiere hacer: su intención es financiera y es muy buena. Pero si nos embargan estos activos (difícil que ocurra), habremos cerrado un capítulo litigioso”, agregó el analista en su paper.
Infobae