La Corte de Apelaciones de Nueva York decidió extender la suspensión de la sentencia que ordena entregar el 51% de las acciones de YPF. De esta manera, queda en suspenso el fallo de la jueza Loreta Preska, que había determinado que Argentina debía entregar su paquete accionario al fondo buitre Burford Capital.
Hace 10 años comenzaba el juicio contra YPF. Los buitres habían comprado el litigio para avanzar contra Argentina. Tenían tiempo y sobrada experiencia en presionar a las instituciones para lograr su cometido. Hasta empujaron a que Cámara de Diputados sugiriera la modificación de la Constitución Nacional para hacerse del botín: el 51 por ciento de las acciones de la petrolera.
Todo para acordar un monto lo más elevado posible, porque según hizo trascender Burford no está interesado puntualmente en los papeles de YPF, pero sí por cobrar.
Los buitres
Burford Capital, un buffet inglés, encabeza el reclamo. Inició sus actividades en 2009 y se especializa en financiar y asesorar a estudios de abogados y corporaciones dedicadas a “destrabar” litigios. El carancho olió billetes en el caso YPF y se dispuso a comprar la demanda del Grupo Petersen Grupo, uno de los accionistas de compañía que se sintió afectado con la reestatización. Era 2015 y Burford ganó la subasta.
Cuando fue designado por el Tribunal español para gestionar y financiar el litigio, Burford no se convirtió en propietario de la demanda, en la que espera obtener el 70 por ciento de la tajada. El otro 30 por ciento quedará para la quiebra de las empresas del Grupo Petersen a cargo de un síndico.
La defensa
La defensa de Argentina mantuvo inamovible la postura en cuidado de la soberanía y el interés nacional, más allá del cambio de las gestiones a cargo del Ejecutivo. Si bien la estrategia sostuvo los mismos argumentos para proteger YPF, el Ejecutivo conducido por la Libertad Avanza metió ruido en distintas oportunidades.
Primero con una serie de posteos en redes sociales donde el propio presidente exponía fundamentos a favor de los acreedores. También con el nombramiento de Santiago Castro Videla como titular de la Procuración del Tesoro Nacional, el organismo que representa y defiende al Estado nacional en los juicios. El funcionario es socio del abogado Alberto Bianchi, contratado como testigo experto para declarar en favor de Burford Capital contra YPF.
El otro demandante es el accionista minoritario Eton Park, que opera en Nueva York. A los 16.100 millones de dólares que peticionan, cada día se le agregan 2 millones de dólares por intereses.
Página 12