La determinación fue haciendo lugar a un hábeas corpus presentado por unos habitantes de la provincia de Buenos Aires que se presentaron a través de un abogado y se quejaron de las requisas que se hicieron en anteriores manifestaciones una vez asumido Javier Milei a partícipes de protestas sociales.
En el reclamo, señalaron que es una afectación a sus derechos puesto que a aquellos que se movilizan en transporte público y sin justificación alguna se les hicieron requisas y por otra parte que se los filmó no habiendo justificación para ello.
“La eventual intervención de las fuerzas de seguridad llevando a cabo procedimientos como los descriptos -esto es, la filmación y/o interceptación de personas con el fin de identificarlas y/o requisarlas, sin orden judicial previa, por el sólo hecho de presumir que van a participar de una movilización social- implicaría un cercenamiento ilegítimo de la libertad ambulatoria, además de la afectación de otros derechos de raigambre constitucional”, sostuvo el juez en el fallo.
“Las irregularidades se verían aún más agravadas si la intervención policial que incluyan requisas no se plasmara en las actas pertinentes para su posterior control jurisdiccional”, remarcó la Justicia.
El fallo judicial es para que Bullrich se abstenga de dar esas directivas a las fuerzas federales y sobre todo de aquellos manifestantes que se trasladen en transporte público o en los acceso a las unidades de trenes, “todo ello dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado”, en la provincia de Buenos Aires.
Página 12