Los trabajadores judiciales de la provincia del Chaco realizarán este miércoles 30 de abril una medida de fuerza en rechazo a un posible proyecto de ley que, según denuncian, buscaría derogar las normativas vigentes que garantizan ajustes salariales equitativos para todo el sector, para beneficiar exclusivamente a los jueces, en lo que sería un virtual “desenganche” del resto de los trabajadores que componen el Poder Judicial.
La protesta surge tras lo ocurrido en una audiencia el 11 de abril, en el marco de la causa “Alonso de Martina y otros s/ Acción de Amparo”, donde magistrados, el Poder Ejecutivo (representado por el Ministro de Economía), el Legislativo y otros actores acordaron un cuarto intermedio de 30 días para elaborar un nuevo proyecto de ley. Según los gremios, la iniciativa pretende eliminar la equiparación salarial con la media nacional, establecida en la Ley 3424 A (sancionada en 2021), que actualmente se basa en la media del NEA, incumpliendo el plazo legal para alcanzar la referencia nacional, crear una bonificación exclusiva para jueces, excluyendo al resto del personal judicial y derogar normas vigentes que garantizan la porcentualidad salarial para todos los trabajadores, bajo la Ley 468 A.
Los sindicatos judiciales señalan que la Ley 3424 A fue conquistada tras largas luchas gremiales, incluyendo la participación de las entidades en las Mesas Técnicas Salariales, y que su modificación afectaría gravemente los ingresos del sector.
Ante la falta de respuestas, los gremios judiciales convocaron a un paro a partir del miércoles 30 de abril, advirtiendo que la medida podría extenderse si no hay avances en las negociaciones.
“No permitiremos que se vulneren nuestros derechos mientras se beneficia a unos pocos”, afirmaron desde las entidades, recordando que la ley actual debe garantizar igualdad salarial para todo el sector.
El conflicto abre un nuevo frente de tensión entre el Poder Judicial, el Ejecutivo y los trabajadores, en un contexto donde el ajuste presupuestario ya había motivado la derogación del Decreto 3514/23, que fijaba parámetros para la media nacional.
Mientras tanto, los empleados judiciales preparan movilizaciones para exigir que la ley se cumpla sin exclusiones.