El principal argumento para el veto es que el proyecto sancionado va contra la principal directriz del Gobierno libertario de sostener el equilibrio fiscal ya que implicaría al Estado un gasto adicional de $6 billones para el año 2024 y $15 billones para el año 2025, lo que equivaldría al 1,02% del PBI para el año en curso y al 1,64% del PBI para el próximo.
“El proyecto de ley sancionado por el Congreso de la Nación es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”, indica el texto al que accedió Ámbito en exclusiva.
Antes de concretar el veto, el Presidente convocó a diputados del PRO a una cumbre con legisladores de La Libertad Avanza para garantizar que la oposición no alcance los dos tercios, en un cálculo arriesgado pero que por el momento consiguen: una potencial alianza opositora requiere dos votos de alineados con el oficialismo para alcanzar la mayoría especial. Además, sentó las bases para nuevos consensos pensando en el proyecto del Presupuesto 2025.
La semana pasada, en una ceremonia por el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, el Presidente anticipó que concretaría el veto cuando consideró que “los degenerados fiscales votaron en gran mayoría un disparate que implica 62% del PBI de toma de deuda, que le cuesta a los argentinos u$s370.000 millones, arruinándole la vida a las generaciones futuras”. Además, consideró que “los jubilados están muchísimo mejor que antes”.
El Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones había sido aprobado el 22 de agosto con 61 votos en el Senado (sobre 69 legisladores presentes) y establecía un esquema que combinaba el Índice de Precios al Consumidor y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), con un ingreso extra del 8,1% para jubilados y una recomposición a los fondos jubilatorios adeudados a las provincias por parte de Nación por una suma de $703.515 millones.
El sistema jubilatorio que decretó Javier Milei en marzo consiste en aumentos mensuales atados al (IPC) y contempló un ajuste del 12,5% único por la devaluación previa. Sin embargo, el reclamo opositor apuntaba que el índice de inflación había sido superior al 21%, por lo que representaba un deterioro del poder adquisitivo de los haberes previsionales.
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