Diego Gutiérrez aseguró que junto a “un gran equipo de trabajo” y “por pedido del gobernador,” el Instituto trabaja principalmente en “tratar de equilibrar las cuentas, de hacer un ordenamiento y auditorías que todavía, en algunos casos, no concluyeron”.
“Es mucha la información y grave la situación de conflicto que tenemos en determinados puntos de la provincia y en determinados barrios, por lo que hace que prácticamente estemos trabajando en emergencia”, sostuvo.
“Todos los días surgen situaciones en la que hay familias en el medio, que tienen la expectativa de la casa propia, algunos que sienten que han alcanzado ese sueño, pero hoy tienen un montón de dificultades por que no se han hecho las obras de infraestructuras básicas”, remarcó y señaló que la premisa de la gestión es “potenciar lo que hizo bien el gobierno anterior y corregir lo que está mal y hacer lo que no se hizo”.
En esa línea, el vocal del IPDUV puntualizó que “se han puesto a cientos de familias habitando viviendas que no tienen condiciones de habitabilidad. La vivienda está terminada cuando tiene agua, cuando tiene luz y desagües pluviales. Hoy nos encontramos que por las últimas lluvias las familias han estado, en algunos casos, con un metro de agua en sus casas por esta situación y ahí hay ancianos, hay niños, hay discapacitados y además de que estaban bajo agua, no tienen luz o están colgados de la luz de obra porque todavía estaban las empresas constructoras en el lugar”, advirtió.
“La Nación ha intimado a la Provincia todo el año pasado a que no entregue las viviendas si no estaban con los servicios básicos indispensables. La Provincia, en la gestión anterior, entregó esas viviendas igual a las familias a través de un acta de ocupación. Le dieron meras actas de ocupación y además le ponían en un párrafo que si no iban a ocupar la casa iban a ser desajudicados de ese beneficio”, expuso sobre los resultados de las auditorías realizadas hasta el momento por el organismo.
Por lo que afirmó que actualmente se trabaja articuladamente con las distintas empresas del Estado, Sameep, Secheep, entre otras y con la colaboración de Vialidad Provincial para resolver la situación habitacional de esas familias; aunque, reconoció que “son obras que llevan en la normalidad dos, tres, cuatro y seis meses”. “Transparencia para nosotros implica que cada pago que hacemos tiene que ser conforme a la normativa vigente y a las exigencias; además, hasta que la Nación no empiece a pagar de nuevo los certificados y se pueda continuar con las obras, o que se resignan esos contratos, la provincia no puede intervenir en esa relación contractual”.
Déficit habitacional
Consultado sobre cómo se encarará el déficit habitacional en la provincia y la construcción y entrega de nuevas viviendas, Gutiérrez sostuvo que se “trabaja en un nuevo esquema”. “Los barrios se financiaban 100% por programas nacionales, ahora la Provincia va a tener que tener programas propios en este sistema que el nuevo presidente nos instituye; tendremos que trabajar con el sector privado para elaborar y diseñar un sistema y ver de qué manera podemos ayudar a las familias chaqueñas a acceder a eso”, señaló.
“Hoy Viviendas tiene aproximadamente 62 mil adjudicatarios que ya han recibido en algún momento una solución habitacional, de esos 62 mil sólo 32 mil de alguna manera pagan la cuota con cierta regularidad. Y, necesitamos que la gente pague la cuota para poder trabajar en este nuevo esquema de soluciones habitacionales para aquellas personas que no hayan accedido y que hoy viven de alquiler”, planteó.
“Estamos tratando de recuperar el instituto, poniendo en valor a los empleados de Viviendas que son los que desarrollan los proyectos, los que inspeccionan las obras y los asistentes sociales que hacen las visitas, estamos recuperando esa gran familia para que esté a disposición del ciudadano y, de hecho, estamos realizando operativos en el interior de la provincia al servicio de la gente para que pueda regularizar su situación”, dijo.