Durante la audiencia, el gremio fundamentó su reclamo en presuntos recortes y quitas de bonificaciones aplicadas desde el inicio de la actual gestión. En ese contexto, exigieron una modificación en la base de cálculo de la bonificación para los trabajadores de la Seguridad Social, un incremento salarial del 20%, el pago de bonificaciones especiales por fechas como el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Trabajador y el Día del Empleado Público, así como también la anulación de las jubilaciones de oficio resueltas por el Directorio.
Luego de analizar la propuesta, las autoridades del INSSSEP informaron que resultaba absolutamente inviable desde el punto de vista presupuestario. Dumrauf explicó que el costo mensual del incremento exigido ascendería a más de 318 millones de pesos, lo que implicaría un gasto anual superior a los 3.180 millones. “Ese monto comprometería recursos esenciales, como la compra de medicamentos oncológicos o el pago de prestaciones médicas, ya que el organismo se autofinancia y la propuesta no incluía ninguna alternativa de financiamiento”, advirtió.
En cuanto a las bonificaciones reclamadas por eventos especiales, Dumrauf señaló que su otorgamiento fue expresamente observado por el Tribunal de Cuentas, dado que el Directorio carece de facultades legales para autorizarlas.
Sobre las jubilaciones de oficio cuestionadas por el gremio, explicó que se trata de una medida legal y obligatoria, que busca garantizar el acceso al beneficio previsional de agentes que ya superan la edad y los años de aportes requeridos, pero que aún no han iniciado el trámite correspondiente. Por lo tanto, rechazar este mecanismo carece de sustento jurídico.
A pesar de las diferencias, Dumrauf subrayó que el INSSSEP no desconoce la difícil situación económica general ni la necesidad de reconocer el esfuerzo de los empleados, jerarquizar funciones y premiar el mérito. Por ello, durante la audiencia se propuso la creación de una mesa de trabajo conjunta para buscar alternativas de financiamiento que no afecten los servicios esenciales del organismo. También se sugirió pasar a un cuarto intermedio hasta el martes 13 de mayo, con el objetivo de presentar nuevas posibilidades de solución. Ambas propuestas fueron rechazadas de plano por el gremio, que exigió una respuesta inmediata, lo cual implicaría una erogación directa e inmediata, algo que, en el ámbito de la administración pública, no es viable sin atravesar el debido proceso.
En ese contexto, la instancia conciliatoria fracasó. Posteriormente, en una asamblea realizada al mediodía, el gremio resolvió continuar con el paro por tiempo indeterminado. “Este accionar no hace más que confirmar el carácter meramente político de la medida de fuerza, que utiliza un legítimo reclamo salarial como excusa para obtener réditos electorales, sin importar las consecuencias sobre los 270 mil afiliados que dependen del INSSSEP para acceder a servicios esenciales de salud en toda la provincia”, concluyó Dumrauf.