Ni los empresarios la quieren. La cámara Adimra que negocia con la UOM cuestiona el límite a los aportes obligatorios que financia su estructura. Otras entidades como la CAC y CAME evalúan acciones similares, mientras la UIA advirtió que la norma ”terminó complicando” a los empresarios.
La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) presentó el primer amparo judicial contra la reforma laboral impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La entidad cuestionó ante el fuero laboral el artículo 133 de la Ley 27.802 y el decreto reglamentario 407/26, que establecen un límite del 0,5% de las remuneraciones para los aportes a cámaras empresarias y restringen su obligatoriedad solo a las empresas afiliadas, según informó El Destape.
La medida, que busca una ”acción declarativa de inconstitucionalidad” y una cautelar de no innovar, afecta directamente el mecanismo de financiamiento de Adimra a través del Convenio Colectivo con la UOM.
El conflicto tiene un fuerte componente económico. Históricamente, Adimra recauda el 1% del salario de cada operario metalúrgico, unos 220 mil trabajadores en todo el país, lo que le reporta ingresos anuales superiores a los 20 millones de dólares. El decreto 407/26 reduce a la mitad el monto por cada salario y, sobre todo, limita la retención a las empresas que estén formalmente afiliadas, lo que golpea el corazón de su estructura financiera.
Este mecanismo ya había sido cuestionado por otras Cámaras, como la Asociación de Fábricas de Componentes (Afac), que denunció que la entidad implementaba «artilugios» para hacer parecer obligatoria la contribución.
El malestar no es exclusivo de Adimra. La Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) ya habían manifestado su rechazo durante el debate legislativo y evalúan acciones similares. Incluso dentro de la Unión Industrial Argentina (UIA), el principal asesor laboral, Juan José Etala, diagnosticó ante los dueños de fábricas: ”queríamos una reforma que nos ayudara y al final lo que tenemos terminó complicándonos”. Las críticas apuntan a que la norma, además de afectar el financiamiento, altera el orden de prelación de los convenios colectivos y podría fragmentar las negociaciones.
La reforma pretendía también limitar los aportes a los sindicatos, pero la resistencia de la CGT y del ala política del Gobierno obligó a reescribir el decreto 407 y elaborar uno nuevo, el 612, que firmaron el jefe de Gabinete y la ministra de Capital Humano, protegiendo así a los gremios.
La nueva norma, sin embargo, no resguardó a las cámaras patronales, abriendo un frente inesperado para un Gobierno que había prometido aliviar las cargas empresarias. El amparo de Adimra será ahora el primer test judicial para determinar si la reforma laboral, que debía beneficiar al sector, termina generando el efecto contrario.
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