Este viernes imputaron a Mariano Soria, el militante de Izquierda Socialista que fue allanado a principios de octubre en el marco de una causa federal por una supuesta violación a la ley antidiscriminatoria. La fiscal Federica Tiscornia le atribuyó tres hechos vinculados a manifestaciones realizadas desde la Asamblea por Palestina frente al local de la marca Cecchini, en rechazo a la presunta colaboración de esa firma en una colecta en apoyo al ejército israelí.
Durante la audiencia, la Justicia rechazó los planteos de nulidad realizados por la defensa, así como también el pedido de invalidez del allanamiento. La audiencia pasó a un cuarto intermedio y continuará la próxima semana, donde declarará Soria. “Lo que hay es claramente una definición política de perseguir a quienes denunciamos el genocidio del pueblo palestino”, manifestó el imputado.
La audiencia imputativa tuvo lugar el último viernes al mediodía en los Tribunales Federales de Rosario. Al lugar se acercaron distintas organizaciones sociales, políticas, gremiales y de derechos humanos que reclamaron la nulidad de la causa, con una concentración desde calle Oroño. Desde la realización del allanamiento en casa de Soria –donde le secuestraron una computadora, su celular y libros sobre Palestina– la agrupación Izquierda Socialista denuncia una “una campaña difamatoria y persecutoria” contra el militante y profesor de historia.
Durante la jornada, la fiscal lo imputó por la infracción del artículo 3 de la ley de Actos Discriminatorios (23.592), que contempla penas de un mes a tres años de prisión para quienes “por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas”.
Los hechos responden a por lo menos tres manifestaciones públicas realizadas desde la Asamblea por Palestina frente al comercio Cecchini, en repudio a las acciones militares israelíes en la Franja de Gaza.
Según explicaron desde la agrupación, la decisión de manifestar frente al local responde a un video difundido desde la Unión Sionista Argentina de Rosario (Usar), donde celebran los resultados de una colecta donde se agradece a Cecchini, entre otras personas y organizaciones, por la donación de ropa de abrigo y bolsos para los soldados en Israel.
El dueño de la firma, Gustavo Tenembaum, identificó a Soria como líder de esas protestas frente a su local y radicó la denuncia que derivó primero en la investigación, luego en allanamientos y ahora en la imputación.
Planteos y rechazos
La defensa de Soria realizó una serie de cuestionamientos al proceso, entre ellas, su competencia federal. “Ni por la materia, ni por la persona, ni por el lugar y porque no hay un compromiso de la seguridad nacional en juego, consideramos que no corresponde a la Justicia Federal”, explicó a Rosario/12 Gabriela Durruty, abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), que representa a Soria. Sin embargo, el planteo fue rechazado por el Tribunal.
También cuestionaron la legitimación de Tenembaum como querellante en la causa. “Nuestro asistido ni siquiera lo conocía, no sabía cuál era su nombre. El repudio, en todo caso, estaba dirigido a la firma. Además de que si está comprometida la seguridad de la Nación, si esa es la interpretación que hace la Justicia, entendíamos que eso no legitimaba a una persona física, desconocida absolutamente por los manifestantes, a constituirse en querellante”, explicó. Pero eso también fue rechazado: para el Tribunal existe “unicidad” entre la persona jurídica y su titular, por lo que la querella fue aceptada.
Asimismo, Durruty apuntó contra la legalidad de los allanamientos, realizados tanto en el domicilio de Soria como en la de su pareja, entendiendo que no estaba debidamente fundada. “Al solicitar la orden, la fiscal debe fundar qué está buscando, qué espera encontrar y cómo lo piensa utilizar para probar. Es absolutamente ilegal ordenar el allanamiento de un domicilio a ver qué encuentro, el Estado no puede violar el derecho a intimidad”, sostuvo y añadió: “La inviolabilidad del domicilio está permitida, pero no en estas condiciones. De hecho, la acusación no utilizó nada de lo producido en los allanamientos para fundar su acusación y formalización de los hechos imputados”.
Esos planteos de invalidez también fueron rechazados por el Tribunal, que tampoco consideró válida la intervención del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (Duia). “Consideraron que la policía federal era una y que las divisiones internas eran ajenas a derecho, por lo que no debían ni podían cuestionarse en la audiencia”, explicó la abogada.
La audiencia pasó a cuarto intermedio y continuará la próxima semana con la declaración de Soria. “Entendemos que los hechos imputados son completamente atípicos y de ninguna manera pueden considerarse incursos de ningún tipo penal, ni por supuesto en la ley antidiscriminatoria”, completó.
En todo ese contexto, desde la defensa también llamaron la atención por la advertencia de la fiscal, que adelantó la posibilidad de avanzar con nuevas responsabilidades y atribuciones una vez que se periten los dispositivos electrónicos secuestrados durante el allanamiento: “Toda la doctrina sostiene que es absolutamente ilegal. No puede salir el Estado a pescar, a ver qué encuentra, para ver si imputa. Y mucho menos a partir de ese secuestro sumar nuevas personas. Veremos si finalmente se avanza, pero por ahora tenemos que esperar”.
Definición política
A la espera de su declaración, Soria cuestionó los sucesivos rechazos del Tribunal a los planteos realizados por la defensa. “La Fiscalía y la querella no tienen absolutamente ningún elemento sostenible para hablar de discriminación o antisemitismo”, dijo a Rosario/12. “Lo que hay es una acción política, como ya explicamos, contra un negocio que colaboró en una colecta a favor del ejército de Israel en el 2024, cuando se comenzaba esta última fase del genocidio contra el pueblo palestino”, añadió.
El militante de izquierda consideró que “el genocidio es un hecho probado” y remarcó que durante los repudios frente al negocio en ningún momento tuvieron alguna alusión a la confesión religiosa del propietario: “Nunca hice ningún tipo de declaración contra la comunidad judía. Nosotros lo que denunciamos es al sionismo, que busca apoderarse del territorio palestino y expulsar a su población originaria, como lo vienen haciendo desde décadas”.
Por último, Soria señaló que no es la primera vez que la Justicia actúa de ese modo contra militantes de izquierda que defienden la causa palestina. “Si bien uno tiende a creer que este tipo de cosas suceden, la verdad que no deja de sorprender el nivel de arbitrariedad con la que se maneja la Justicia. Lo que hay es claramente una definición política, en este caso de perseguir a quienes denunciamos el genocidio del pueblo palestino”, finalizó.
Página/12