La investigación de la Fiscalía de Distrito descubrió una red que operaba en torno a un colegio del cual captaban a adolescentes para ofrecerlas en servicios sexuales. Con el remisero en el rol clave de la captación, los otros acusados pagaban por distintas prácticas sexuales.
El juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio, hizo lugar al requerimiento del fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Roxana Gual, de la Fiscalía de Distrito, y formalizó la investigación penal por el delito de trata de personas contra un remisero y otros tres hombres acusados de captar alumnas de un colegio secundario del sur de la ciudad capital para explotarlas sexualmente.
Los acusados quedaron imputados como coautores de trata de personas con fines de captación, promoción, facilitación y explotación sexual, agravada por la vulnerabilidad, minoridad y cantidad de víctimas, la participación de más de tres personas y por haberse consumado la explotación. A instancia de la fiscalía, a los cuatro se les dictó la prisión preventiva.
En tanto, en el caso hay un quinto investigado que es un adolescente de 16 años quien quedó imputado de manera provisoria por el mismo delito, pero en carácter de partícipe secundario, y que continuará sometido a proceso con un régimen especial.
Según la hipótesis fiscal, el conductor cumplía un rol central en la captación de las adolescentes y en la organización de los encuentros sexuales, que se realizaban con los otros tres imputados principalmente en moteles ubicados sobre la ruta 26 o en la casa de uno de los explotadores. Por ahora, son tres las víctimas identificadas en la investigación.
“Gravedad inusitada”
Al presentar el caso en la audiencia de formalización del jueves pasado, el fiscal general Villalba lo calificó como “de una gravedad inusitada” y con “particularidades” complejas. En concreto, sostuvo que se captaban niñas de una escuela para explotarlas sexualmente. Reconoció que hubo denuncias previas que “no fueron atendidas debidamente por los organismos del Estado”, y que esa fue la razón por lo que esta organización “continuó actuando y causando daños irreversibles en niñas de 16 años”.
Sobre los roles de los imputados, resaltó que el remisero se valía de la confianza que le tenían los padres en el traslado de sus hijas para captar “de manera perversa” a las adolescentes y luego ofrecerlas a los explotadores.
“Sabemos que el delito de trata de personas es un delito que cosifica al ser humano. La función del remisero era buscar cuál era la mercadería que los clientes estaban necesitando”, destacó el fiscal.
El fiscal indicó que las actuaciones preliminares permitieron tener por acreditado el delito, que comenzó con la captación de alumnas de cuarto año de dicho colegio, las que han tenido “encuentros” sexuales a cambio de sumas de dinero con los tres explotadores imputados, todo ello por “obra del remisero”. El fiscal detalló que existía una escala de precios para distintas prácticas sexuales, que iban desde 60 mil hasta 200 mil pesos.
La investigación también estableció que el remisero tenía sometidas desde el punto de vista psicológico a las víctimas. Villalba explicó que algunas de ellas lo veían como una persona que les posibilitó adquirir ciertos bienes como un celular o ropa y manejar ciertas sumas de dinero, y que otras le temían porque las tenía amenazadas con contarle lo que hacían a sus padres.
El chofer también había impuesto un cierto código para describir los encuentros a través de los mensajes que mantenía con las menores de edad que explotaba y con los clientes. “Vamos a hacer la onda”, era la frase clave usada para programar los encuentros.
Villalba explicó que el pago por los servicios se podía hacer mediante transferencias, aunque uno de los clientes lo hacía al contado. Por lo general, las citas se hacían casi sobre el final del horario de escuela y cuando había hora libre.
La fiscalía también enumeró y resaltó las evidencias secuestradas en los allanamientos en las viviendas de los imputados. Sobre este punto, precisó que en la casa del remisero se incautaron juguetes sexuales, lencería y hasta pastillas de estimulación sexual, entre otros elementos.
El abuso a una niña de 12 años
Villalba también imputó al remisero por el delito de abuso sexual, en perjuicio de una niña de 12 años que era hermana de una de sus víctimas de 16.
El representante del MPF explicó que el acusado manoseó a esa niña -a la que también intentó captar para su plan delictivo-, en una oportunidad en la que logró que subiera a su auto, un Volkswagen Voyage blanco.
Las denuncias
La primera denuncia del caso se radicó el 26 de junio del año pasado, cuando la mamá de una de las víctimas se mostró sorprendida por el celular de alta gama que tenía su hija y, al revisarlo, vio mensajes de índole sexual, entre ellos uno enviado por el remisero, a través del cual hacía alusión a su otra hija de 12 años.
La denuncia motivo la apertura de una causa penal en la justicia provincial. Sin embargo, tras analizar el contenido del teléfono secuestrado al remisero, el fuero ordinario pidió su incompetencia, bajo la hipótesis de un posible caso de trata de personas. La investigación pasó al ámbito de la Fiscalía de Distrito del MPF a mediados de este año, tras una audiencia en la que se declaró la competencia federal.
En ese marco, la fiscalía a cargo de Villalba retomó las actuaciones con personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de la fiscal federal Alejandra Mángano y el fiscal general Marcelo Colombo.
Prisión preventiva
En la audiencia de formalización, los representantes del MPF solicitaron como medida de coerción la prisión preventiva para los cuatro adultos imputados, pedido que fue avalado por el juez Bavio.
Al fundamentar, la fiscalía recordó que la escala penal prevista para este delito agravado es de 10 a 15 años de prisión y que se trata de un caso de “alta complejidad” en el que se ve vulnerada la “dignidad de los niños” y donde hay otras víctimas que por el momento aún no declararon y peritajes pendientes. El defensor público de Víctimas, Nicolás Escandar, respaldó la solicitud y remarcó el temor y la vulnerabilidad que atraviesan las víctimas.
Al momento del descargo, solo dos de los clientes imputados, declararon y lo hicieron para desligarse de la imputación. Entre otros argumentos, dijeron que desconocían la minoridad de las víctimas, o bien, que solo pagaron por sexo. Sus defensores formularon planteos dirigidos a desestimar la imputación penal, pero los mismos fueron rebatidos por la fiscalía, en función de las evidencias recolectadas y la gravedad de los hechos, postura que también fue acompañada por el juez, quien también autorizó peritajes sobre los teléfonos secuestrados y el levantamiento del secreto bancario y bursátil.
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