El fiscal Federal de Resistencia, Patricio Sabadini, imputó por lavado de activos agravado y asociación ilícita al dirigente social, Ramón “Tito” López y a su familia. Además, solicitó la detención internacional de uno de sus hijos, atento a que podría estar en Chile en estos momentos.
En su requerimiento de instrucción judicial, paso ineludible para avanzar en una investigación penal preparatoria, Sabadini brindó al juez Federal 2, Ricardo Mianovich detalles sobre los nombres de los imputados, de qué se los acusa y la hipótesis del caso. Indicó en este sentido que las actuaciones surgieron en virtud de una comunicación realizada por el Ministerio Público Fiscal del Chaco el cual dio cuenta de presuntas maniobras de lavado de activos por parte de López y su familia.
Esto es debido a la reiterada exteriorización patrimonial constatada en los medios de prensa por parte de López la cual no se condice con el perfil económico del dirigente piquetero. “Tengo 326 terneros que valen 300 mil pesos cada uno y hace poco compré un campo por 200 mil dólares; mi capital es de 1.600 millones”, aseguró en febrero de este año a medios locales.
De las pruebas recabadas hasta el momento, surgió el hecho de una presunta usurpación que encabezó López en la zona de El Impenetrable y que a partir de ese delito se habría generado ganancias espurias.
Las tierras usurpadas pertenecen a la empresa Timbó S.A.G.A.F.I. con domicilio en Buenos Aires, cuyo titular es Atilio Gibertoni, empresario de origen italiano pero con muchos años de actividad en nuestro país, especialmente en el plano agropecuario.
En el ingreso a ese campo privado de amplia extensión que llegaría a 33.000 hectáreas, Tito López habría exhibido en su momento como aval un troquel de visita del relevamiento del equipo RUBH (Registro Único de Beneficiarios del Hábitat), determinado por una situación de conflicto, cuando en realidad no existiría tal constancia, con ningún otro documento que acredite su ingreso formal a esas tierras.
En este sentido, Sabadini expresó que conforme surge de los hechos y elementos de prueba con que se cuenta hasta el momento, se puede establecer que tanto López como su familia “conforman una asociación ilícita con manejo de millonarias sumas de dinero espurio, han demostrado un amplio despliegue de importantes medios económicos, como así la existencia y manejo de una estructura organizada, a lo que suma un importante flujo de pasos fronterizos internacionales conforme surge del informe aportado por la Dirección Nacional de Migraciones, como así también de noticias publicadas en diferentes medios de comunicación local”.
Además de Tito López, el fiscal pidió al juez que ordene la detención de Librada Beatriz Romero (esposa de Tito) y de sus hijos; David Alberto López, Walter Ramón López y Daniel Orlando López. La imputación contra ellos es la del delito de lavado de activos, previsto por el apartado 1) del art. 303 del Código Penal, agravado por “habitualidad” y haberse concretado de manera “organizada” prevista por el art. 303 inc. 2 apartado a) del mismo código, en calidad de coautores, sin perjuicio de que surjan en el transcurso de la investigación circunstancias agravantes o configurativas de otros tipos penales.
En cuanto a los delitos precedentes, es decir los cometidos para posteriormente lavar el dinero, conforman las imputaciones de “asociación ilícita” y “fraude a una administración pública”, teniendo como jefe y organizador a Tito López, y de coautores a sus familiares.
Finalmente, advirtiendo del informe de la Dirección Nacional de Migraciones que Walter, uno de los hijos de López, habría salido del país, registrando paso migratorio internacional hacia Chile, por Paso Jama, en fecha 29 de agosto de 2024, sin fecha de regreso al país, consideró pertinente que se solicite una orden de captura nacional e internacional.
Estafa
En 2022, el por entonces diputado provincial, Leandro Zdero había denunciado públicamente a López por la ocupación ilegal de tierras. “Cabe recordar que unas 4000 hectáreas fueron ocupadas por el líder piquetero Tito López y que la justicia falló a favor de los propietarios de la firma El Timbó S.A y el desalojo de los usurpadores”, había indicado el hoy gobernador.
Ante esto, el dirigente del Movimiento 17 de Julio respondió al asegurar que de las 33.800 hectáreas, poseía aproximadamente el 5%. “Tengo solo un cuadrado de 1600 hectáreas donde viven cinco familias”, dijo. “Le invito a Zdero que vaya al lugar y que filmen. Fue una estafa lo que hicieron con nosotros”, aseguró.
“Nosotros no vamos a decir que va a ser nuestra esa tierra, pero queremos que nos devuelvan lo que nosotros invertimos y se terminó el problema. Esta gente dejó que nosotros hagamos infraestructura, la Justicia no nos dijo nada y hoy vamos a pelear por estas tierras con los papeles que tenemos, porque tenemos mucho trabajo hecho”, aclaró. Además, mencionó que él no cometió ningún delito, porque le compró el terreno a un hombre que tenía “papeles”. Según él, lo estafaron.