La fiscal federal de la Unidad Fiscal Jujuy, Lucía Orsetti, formalizó este lunes la imputación contra seis funcionarios/as públicos/as por fraude contra la administración pública derivado de la conformación y uso de documentos públicos falsos en el marco de las actuaciones administrativas que fueron labradas por diferentes áreas del Ministerio de Educación de la provincia de Jujuy para la construcción de la Escuela Secundaria N°57 de la localidad Caspalá. La representante del MPF explicó que esas “maniobras” causaron un perjuicio de más de 43 millones de pesos al Estado nacional, que aportó los fondos para obras que comenzaron y no pudieron culminar, dado que el lugar designado para levantar el establecimiento educativo era un yacimiento arqueológico protegido por leyes provinciales y federales, la Constitución Nacional y convenciones internacionales.
La jueza de garantías N°2 de San Salvador de Jujuy, Carina Inés Gregoraschuk, hizo lugar a la imputación formulada respecto de la exministra de Educación provincial, María Teresa Bovi; la titular de la Secretaría de Infraestructura Educativa, arquitecta María Victoria Martínez Fascio, y el director de Proyectos de la Secretaría de Infraestructura de esa cartera, arquitecto José Raúl Torrejón; la asesora legal de ese ministerio, María Cecilia Rotondo; el exasesor legal de la Fiscalía de Estado jujeña, Diego Montenovi; y el excomisionado municipal de Caspalá, Natividad Apaza.
Gregoraschuk estableció, con el acuerdo de la fiscalía y las defensas, que la investigación se prolongue durante los próximos 45 día hábiles, que concluirán el 25 de abril próximo, fecha en la que además vencerán las dos medidas cautelares que impuso a las personas imputadas: la promesa de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la actividad judicial en el caso y su sometimiento al cuidado o vigilancia de una institución, que en este caso se llevará a cabo ordenando a cada una de las instituciones donde prestan servicio las personas imputadas para que de inmediato informen al juzgado y a la fiscalía cualquier tipo de modificación en su situación de revista. Al dictar esta medida, la jueza rechazó el pedido de la fiscalía para que se prohíba la salida del país de los/as imputados/as -la querella que representa a la comunidad kolla de Caspalá había requerido además que se les retire su pasaporte- y sostuvo que el arraigo y el carácter de excarcelables de los delitos investigados y de funcionarios/as públicos/as de las personas imputadas hacía presumir que estarían a derecho. Por eso, marcó, se ordenaba un control sobre su situación de revista en los organismos donde se desempeñan.
La fiscal Orsetti interviene en el caso con la asistencia de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal nacional Sergio Rodríguez y con la intervención en el caso del auxiliar fiscal Esteban Venditti. De acuerdo con la fiscalía, las maniobras investigadas ocurrieron en el marco de la iniciativa del gobierno de la provincia de Jujuy para avanzar con las obras de la escuela sobre la cancha de fútbol de Caspalá, el único terreno nivelado del pueblo ubicado a 4000 metros de altura sobre el nivel del mar que constituye además parte del patrimonio cultural identitario, y en un predio privado con yacimientos arqueológicos subterráneos.
Aquél episodio dio lugar a protestas de la comunidad kolla, que fue reprimida, y luego repercutió en el avance de un caso judicial en el fuero federal, en el marco del cual el mes pasado se arribó a un acuerdo de reparación en el que el gobierno provincial se comprometió a retirarse de los predios ocupados y a regresar al estado de cosas preexistente.
Aquel conflicto forma parte del contexto de los hechos objeto de la investigación por fraude a la Administración Pública en la construcción de la escuela, que -de acuerdo con la hipótesis criminal- los/as funcionarios/as imputados ejecutaron a sabiendas de que la obra se erigía en un lugar no adecuado, en base a la inserción de datos falsos en la documentación oficial y sin tomar las previsiones necesarias para la protección del patrimonio cultural.
En efecto, el 2 de noviembre de 2022 la Dirección de Vialidad provincial irrumpió sin previo aviso en la cancha de fútbol del pueblo, asentada en la finca “Los Pozuelos”.
El expediente administrativo
De acuerdo con la exposición de la fiscal Orsetti al formalizar las imputaciones, los hechos del caso tuvieron lugar en el marco del expediente administrativo NF-1059/2022 que tramitó en la Secretaría de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación provincial, que precedieron a la construcción del establecimiento.
La fiscal explicó que aquellas “maniobras”, tal el término empleado en la acusación, se iniciaron en febrero de 2022 y se prolongaron hasta el 18 de octubre de ese año, dos semanas antes de la irrupción en el predio, cuando se firmó el contrato de locación de obra con la empresa prestataria, Urbania SRL.
La fiscal señaló que el 25 de febrero de aquél año Torrejón, como director de Proyectos, envió a la secretaria de Infraestructura Educativa, Martínez Fascio, una nota de un renglón por la que se ponía en marcha el plan de obras.
De acuerdo con la fiscalía, el “Plan de Manejo Ambiental” adjuntado a esa nota es el “foco del caso”, pues a partir de esa documentación el gobierno local sustanció la licitación pública.
Orsetti marcó que en ese documento se insertaron declaraciones falsas, “fácilmente advertibles a través de contradicciones internas burdas reflejadas en el propio documento”, de lo cual imputó al arquitecto Torrejón. Al resto de los/as funcionarios/as provinciales les imputó, además de la defraudación al Estado por la que también imputo al director de Proyectos, el uso de esos documentos públicos falsos, “a sabiendas de ello”.
En tanto, el excomisionado municipal, Natividad Apaza, fue imputado de incumplimiento de los deberes a su cargo, en calidad de autor, al no haber cumplido con la ley provincial de patrimonio cultural y natural de la provincia de Jujuy, que prevé que entre sus obligaciones está la de llamar a consulta popular frente a decisiones que afecten el patrimonio cultural y que le dé intervención a la máxima autoridad de cultura dependiente del Poder de Ejecutivo provincial. También fue imputado de la defraudación a la administración pública, en grado de partícipe necesario.
De acuerdo con la fiscalía, las maniobras consistieron en insertar en el Plan de Manejo Ambiental los siguientes datos:
Que el lugar no era “un parque o una zona utilizada habitualmente para recreación de la población”.
Que no se trata de “puntos culturales, religiosos o históricos del país”.
Que no se trata de “sitios con características arqueológicas o paleontológicas”.
Que no “existen pueblos indígenas en el área del proyecto o [que] se realizará el mismo en una comunidad indígena”.
Que no “existen actividades no vinculadas con el proyecto que se estén desarrollando con o sin permiso en el sitio y que deban ser desplazadas a consecuencia del desarrollo del proyecto”.
“Si el documento público de Plan de Manejo Ambiental no hubiese sido confeccionado a partir de declaraciones falsas, estas erogaciones de dinero dispuestas por el Estado nacional en favor del Estado provincial no hubiesen tenido lugar. Allí finca la acreditación del daño o perjuicio patrimonial a las arcas públicas que se han acreditado en el caso”, sostuvo la fiscal.
El lunes pasado, durante la audiencia, el único imputado que aceptó declarar fue el arquitecto Torrejón, quien deslindó responsabilidades al afirmar que había firmado el “Plan de Manejo Ambiental”, que había sido elaborado por quien lo precedió en el cargo y cuya actualización era necesario presentar en el marco del procedimiento administrativo. El resto de las personas imputadas optó por permanecer en silencio, aunque la mayoría anticipó que aguardaría el avance de la investigación para evaluar una futura declaración.
El daño
De acuerdo con la imputación de la fiscal, a partir de esas maniobras se generaron envíos de fondos por más de 43 millones de pesos (concretamente, $43.197.562,66), que totalizan el monto del perjuicio causado, por parte del Ministerio de Educación de la Nación hacia la cartera provincial en concepto de adelanto financiero, certificados de obra 1, 2, 3 y 4, y adecuaciones provisorias 1 y 2, que significan un avance físico de obra que no alcanzó el 11% de la proyección global de las construcciones. La licitación estaba inicialmente valuada en octubre de 2021 en casi 96 millones de pesos (concretamente, $95.791.964,21).
“A este cálculo corresponde sumar el gasto que supone la puesta en marcha del aparato administrativo y burocrático del Estado Nacional, de cara a la gestión de una licitación pública nacional. Se trata de recursos humanos y materiales muy valiosos que se utilizaron infructuosamente”, aclaró la fiscal al momento de formular la imputación, y luego añadió: “Todo ello, además de considerar que las obras de construcción de la Escuela están paralizadas y han inutilizado desde entonces el predio de la cancha de fútbol de la comunidad de Caspalá. El 10,17% de escuela efectivamente construida, son cimientos, vigas y muros bajos que no tienen ningún uso desde entonces”.
“Alta sensibilidad arqueológica”
En este contexto, la fiscal remarcó que “no sólo el pueblo actual de Caspalá se encuentra total o parcialmente sobre un yacimiento arqueológico, sino que toda la zona es considerada como un área de alta sensibilidad arqueológica”. Evaluó que ello “no constituye una restricción absoluta para el desarrollo de infraestructura”, sino que “impone a la autoridad pública competente extremar recaudos específicos”, como “un estudio de impacto ambiental tendiente a identificar, predecir, evaluar y mitigar los potenciales impactos que un proyecto de obra o actividad puede causar al ambiente en el corto, mediano y largo plazo”, con el objeto de proteger el patrimonio cultural, identitario y estrictamente arqueológico.
“Claramente, dichas acciones no estuvieron presentes en este caso, lamentablemente”, remarcó Orsetti en las imputaciones formuladas.
Fuente: Fiscales