La investigación apunta al presidente, al director y a un médico de una clínica privada de Pergamino por defraudar al Estado Nacional con la facturación de 191 órdenes de consultas y de prácticas prescriptas a 28 afiliados al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) que nunca recibieron las prestaciones.
La Sede Fiscal Descentralizada San Nicolás, a cargo del fiscal federal Matías Felipe Di Lello, formalizó la imputación al presidente, al director y a un médico de una clínica privada de Pergamino por defraudar al Estado Nacional con la facturación de 191 órdenes de consultas y de prácticas prescriptas a 28 afiliados al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) que nunca recibieron las prestaciones.
Según informó el sitio Fiscales, las maniobras fueron detectadas entre abril y diciembre de 2024, pero podrían tener un volumen mayor, según indicios de la investigación. El juez de garantías de la jurisdicción ordenó una caución real de 10 millones de pesos para cada uno de los imputados y la prohibición de salir del país por un plazo de 90 días.
Ante el magistrado federal Carlos Villafuerte Ruzzo, el MPF formalizó la semana pasada la investigación penal respecto del presidente y el director médico Clínica Centro SA de Pergamino como coautores de fraude en perjuicio de la administración pública. En relación al médico, lo consideró partícipe necesario del mismo delito. El caso se inició a partir de la presentación de una paciente ante la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito de PAMI, a cargo del fiscal federal Javier Arzubi Calvo.
A los dos primeros se les atribuyó haber validado y facturado 191 Ordenes Médicas Electrónicas (OMES) —de consultas y de práctica— que no se realizaron en la institución, entre abril y diciembre del 2024. Al médico se le atribuyó una colaboración necesaria, ya que habría emitido 110 OMES que no se realizaron y que fueron cobradas por la Clínica Centro SA., donde se desempeñaba como responsable del Área de Internación, al menos, hasta noviembre de 2025.
De acuerdo las evidencias reunidas en la investigación, las maniobras provocaron un perjuicio económico al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSPJ) de al menos $1.644.662,37 que, según la actualización hecha por PAMI, a noviembre de 2025 ascendía a $3.242.369,02.
Tras la exposición de la fiscalía, el juez Villafuerte Ruzzo dio por formalizada la investigación y otorgó un plazo de 90 días para profundizar la pesquisa.
Prescripciones falsas
Según indicó el fiscal Di Lello, los directivos se valieron de OMES emitidas por diferentes médicos de Pergamino. Para ello, utilizaron datos de afiliados de PAMI que no se atendieron con ellos, no tenían las patologías que indicaba el estudio y nunca asistieron a la Clínica Centro, ubicada en Pueyrredón 840 de Pergamino. Para concretar el fraude y confirmar falsamente que el afiliado había concurrido al lugar para llevar adelante la práctica o consulta indicada, utilizaban su número de DNI y de trámite. Luego, habrían transmitido las órdenes médicas para el cobro, donde habría facturado los montos indicados desde el usuario de la clínica a través del sistema informático oficial de PAMI.
La fiscalía marcó que las OMES cobradas e informadas por PAMI fueron contrastadas a través de llamados telefónicos realizado por UFI PAMI a diversos afiliados. A partir de entrevistas, análisis de IP, tareas de campo y un allanamiento realizado por la Policía Federal Argentina (PFA), se pudo corroborar que efectivamente las prácticas y consultas médicas no existieron, pero fueron cobradas por la clínica en su totalidad.
El legajo penal incorporó un informe sobre la auditoría realizada por el Programa de Atención Médica Integral a la Clínica Centro el 26 de agosto de 2024, cuyo objetivo era verificar el cumplimiento de las prestaciones establecidas mediante el contrato suscripto con el INSSJP. Ese relevamiento concluyó que las posibilidades de brindar las prestaciones convenidas con PAMI se veían seriamente afectadas debido al no cumplimiento de la documentación formal; la falta de personal profesional y no profesional para asistencia y demanda de los pacientes; y la falta de recursos, equipamiento y normas en los servicios complementarios de diagnóstico y tratamiento.
A ello agregó que, al allanar la clínica, no se hallaron ni se aportaron historias clínicas de las pacientes, exigidas no solo por PAMI sino por la ley. Además, muchos pacientes indicaron que no asistían a ese centro salud por la mala atención y optaban por atenderse en el hospital público. Para el fiscal, ello evidenciaba que “las practicas adjudicadas a la clínica no existieron y por ende se transmitieron falsamente”.
El análisis de las órdenes
El caso se inició en marzo de 2025 a raíz de un correo electrónico enviado por una afiliada a la UFI PAMI, mediante el cual puso que le figuraban diversos estudios en su historial de la aplicación de PAMI ordenados por su médico de cabecera pero que nunca se había realizado, y muchos menos en la Clínica Centro SA.
Para dar cuenta de lo relatado, acompañó capturas de la pantalla de su perfil, donde figuraban al menos seis órdenes médicas confeccionadas en septiembre de 2024. Con el objetivo de verificar los montos asumidos por PAMI para abonar las prácticas desconocidas por la afiliada y tras corroborar la existencia de otras maniobras de similares características, se obtuvieron informes de la Gerencia de Análisis de Procesos Retributivos del INSSJP.
De esos registros surgió que se emitieron órdenes de práctica y órdenes médicas desconocidas por la paciente. A partir de ese hecho, se realizaron llamados telefónicos a distintos afiliados que figuraban con órdenes de práctica y órdenes médicas emitidas/aceptadas por el prestador objeto de la denuncia.
De la totalidad de la OMES analizadas se desprende que el 52,4% correspondían al médico imputado: se trata de 100 órdenes medicas emitidas a 14 de los 28 afiliados. Según los registros, solo entre junio y agosto de 2024 confeccionó 87 órdenes. Según el análisis, presentó un promedio de emisión de OMES entre 4 y 8 segundos por el mismo beneficiario, a pesar de que un médico tarda entre 10 y 20 minutos en atender a un paciente, por lo que resultaría incompatible con una atención medica real presencial.
El método se replicó en casi todos los casos analizados: se indicaban, por ejemplo, electrocardiogramas, radiografías de tórax y radiografías de abdomen en base a un diagnóstico de “control general de salud de rutina de subpoblaciones definidas”. Si bien hasta el momento se detectaron elementos para probar la participación del médico imputado, desde el inicio de las manobras, por su vínculo laboral con la clínica, la fiscalía aclaró que la investigación permanece activa en relación a determinar si otros profesionales tuvieron participación en las maniobras.