Un proyecto presentado por Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Mario Manrique, Hugo Yasky y otros legisladores propone que las empresas privadas que reciban subsidios, beneficios impositivos o regímenes promocionales estén obligadas a emplear al menos un 4% de personas con discapacidad.
La iniciativa cobra relevancia en oposición al Gobierno que recorta las pensiones por discapacidad, la cobertura de sus terapias a través del congelamiento salarial de los prestadores y se niega a actualizar los valores, mientras se sigue investigando en la Justicia la causa por corrupción en la Agencia de Discapacidad.
Diputados nacionales del Frente de Todos presentaron un proyecto de ley que busca modificar el artículo 8° de la Ley 22.431 con el objetivo de extender el cupo laboral para personas con discapacidad al sector privado beneficiado por el Estado nacional, a través de subsidios, exenciones impositivas o regímenes promocionales.
La iniciativa fue impulsada por Vanesa Siley, acompañada por Sergio Palazzo, Mario Manrique, Pablo Carro, Carlos Cisneros, Hugo Yasky, José Gómez y Pablo Yedlin, y apunta a garantizar que las empresas que reciban beneficios públicos tengan una obligación de inclusión laboral similar a la que rige para el Estado.
El texto propone sustituir el primer párrafo del artículo 8° de la Ley 22.431, que refiere al régimen legal de protección integral para las personas con discapacidad, para establecer que el Estado nacional, sus organismos, empresas públicas y también las empresas privadas que reciban beneficios estatales deberán emplear personas con discapacidad en una proporción no inferior al 4% del total de su personal.
Asimismo, se establece la obligación de reservar puestos de trabajo exclusivos para personas con discapacidad, siempre que reúnan las condiciones de idoneidad requeridas.
En los fundamentos del proyecto, los autores señalan que la propuesta busca ampliar la inclusión laboral de las personas con discapacidad y revertir las desigualdades que persisten en el mercado de trabajo.
“Si el Estado promueve beneficios económicos, también debe exigir condiciones mínimas de equidad en las relaciones laborales. Quienes se benefician de fondos públicos deben actuar en consonancia con los principios constitucionales de igualdad”, argumenta el texto.
La iniciativa se apoya en el artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional, que faculta al Congreso a dictar medidas de acción positiva para garantizar la igualdad real de oportunidades y trato, y en los compromisos asumidos por Argentina al ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 26.378 y Ley 27.044).
El proyecto recuerda que una iniciativa similar (S-4140/16), presentada por los senadores Guillermo Pereyra y Nancy González, obtuvo media sanción en el Senado en 2016 con amplio respaldo, aunque no llegó a tratarse en Diputados.
A nivel internacional, la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (Ley 25.280) establece la obligación de adoptar políticas activas para garantizar la inclusión laboral en el ámbito privado.
Con esta propuesta, los legisladores buscan equiparar los compromisos del sector público y privado, introduciendo un principio de corresponsabilidad social: toda empresa que reciba beneficios del Estado deberá contribuir activamente a la integración laboral de personas con discapacidad.
De aprobarse, la norma significará una ampliación histórica del cupo laboral inclusivo, que desde 1981 solo se aplica en el ámbito estatal.
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