La organización internacional de Derechos Humanos Human Rights Watch reclamó a las autoridades argentinas que investiguen la represión policial ocurrida durante la marcha de jubilados del pasado 12 de marzo en Buenos Aires. En un comunicado emitido desde Washington, advirtió que la aplicación del protocolo antipiquetes, impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “facilita violaciones de derechos humanos”.
La protesta, que comenzó con una movilización de jubilados frente al Congreso para exigir mejoras en sus haberes y acceso a medicamentos gratuitos, sumó la participación de cientos de hinchas de fútbol y algunas “barrabravas”. Según la organización, si bien “algunos manifestantes cometieron actos violentos como arrojar piedras y prender fuego autos policiales”, la respuesta de las fuerzas de seguridad fue desproporcionada y peligrosa.
“Hay pruebas contundentes de que en varias ocasiones los miembros de las fuerzas de seguridad hicieron un uso indiscriminado y peligroso de la fuerza durante la marcha de los jubilados del 12 de marzo”, señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.
“El gobierno debería investigar estos hechos y garantizar que haya rendición de cuentas, en lugar de hostigar a una jueza que liberó a los detenidos de la protesta”, reclamó Goebertus.
El caso del fotógrafo Pablo Grillo
Entre los hechos denunciados, el organismo destacó el caso del fotógrafo Pablo Grillo, quien permanece internado con una grave lesión cerebral tras ser impactado en la cabeza por un cartucho de gas lacrimógeno disparado por un gendarme.
Human Rights Watch dijo que confirmó que el agente de las fuerzas de seguridad disparó a Grillo a poco más de 50 metros de distancia. Y que el disparo fue “en ángulo horizontal, contraviniendo estándares internacionales que establecen que la única forma segura de lanzar estos cartuchos es en arco, de manera que caigan al suelo a menor velocidad”.
La organización verificó y geolocalizó 32 videos y fotografías, obtenidos de la televisión, redes sociales y fotógrafos, que evidencian el incumplimiento de estándares internacionales en materia de seguridad por parte de las fuerzas de seguridad.
También sostuvo que una investigación de Mapa de la Policía, una coalición de organizaciones de derechos humanos e investigadores, también verificó fotografías y videos e identificó al miembro de la Gendarmería que disparó el cartucho, que dejó a Grillo en estado crítico.
Uso indiscriminado de la fuerza y detenciones masivas
Sostuvo Human Rights Watch que -según fotos y videos- en al menos cinco ocasiones, miembros de las fuerzas de seguridad nacionales dispararon gases lacrimógenos, con pistolas antidisturbios de fabricación nacional, “de forma temeraria y peligrosa, disparando los cartuchos horizontalmente contra manifestantes, en lugar de hacerlo en un ángulo seguro”.
“En varios incidentes, las fuerzas de seguridad reprimieron a manifestantes que no estaban cometiendo actos de violencia, incluyendo personas mayores, con cañones de agua a alta presión desde camiones hidrantes”, dijo el organismo.
Y mencionó que verificó seis videos que “muestran a manifestantes lanzando piedras y escombros a las fuerzas de seguridad desde las veredas, incluso desde el interior de la plaza frente al Congreso” y que “tres videos muestran a manifestantes quemando un auto de la policía de la ciudad de Buenos Aires y contenedores de basura”. Dijo la organización que manifestantes también hostigaron y agredieron físicamente a periodistas que cubrían la protesta. Según el Ministerio de Seguridad, hubo 14 policías resultaron heridos.
También denunció la detención de 114 personas, entre ellas cinco mayores de 60 años, y cuestionó la denuncia penal presentada por el Ministerio de Seguridad contra la jueza que ordenó su liberación. Dado que la jueza Karina Andrade ordenó que todas fueran liberadas, argumentando que “no se informaron, en la mayoría de los casos, el lugar donde se realizó la detención, ni se aclararon las circunstancias de detención ni los motivos”.
Críticas al protocolo antipiquetes
En su pronunciamiento, la entidad criticó el protocolo antipiquetes implementado en diciembre de 2023, señalando que “criminaliza cualquier impedimento al tránsito derivado de una manifestación” y permite el uso de la fuerza sin justificación suficiente. La organización advirtió que la definición de sedición en el Código Penal argentino es “vaga y amplia”, lo que podría derivar en la criminalización de la protesta social.
“El protocolo, en la práctica, criminaliza cualquier impedimento al tránsito derivado de una manifestación y permite a la policía utilizar la fuerza aun cuando [los manifestantes] no crearen una situación de peligro”, señaló el organismo.
Human Rights Watch consideró que el protocolo no cuenta con disposiciones que obliguen a las fuerzas de seguridad a utilizar medios razonables en el uso de la fuerza y que deroga una resolución de 2011 que prohibía a la policía utilizar pistolas antidisturbios para lanzar cartuchos de gas lacrimógeno como el que hirió a Grillo.
Por el momento, una fiscalía especializada en violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales presentó dos denuncias penales sobre el actuación de las fuerzas de seguridad el 12 de marzo. Sin embargo, la investigación se encuentra paralizada debido a una disputa judicial sobre qué tribunal debe intervenir.
“Las autoridades judiciales y gubernamentales de Argentina tienen la obligación de llevar a cabo investigaciones prontas, creíbles y exhaustivas sobre las pruebas de uso excesivo de la fuerza durante la protesta del 12 de marzo”, afirmó Goebertus.
“El gobierno de Milei está blindando a las fuerzas de seguridad de cualquier intento de rendición de cuentas y presionando a jueces cuyos fallos buscan defender los derechos de los manifestantes”, señaló Goebertus.
En contraste, la ministra Bullrich descartó cualquier investigación contra las fuerzas de seguridad y las elogió por “haber cuidado la democracia, las instituciones y a los ciudadanos”.
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