Por Mempo Giardinelli
Aunque el texto original de la Constitución Nacional de 1853 estableció que dicha Corte debía integrarse con 9 jueces y dos fiscales, eso nunca se concretó. Apenas pudo instalarse 10 años después, en 1863, y su primera sentencia se limitó a rechazar un recurso de queja por defectos de forma. Toda una señal para el futuro.
Tras la batalla de Pavón, en la que la Provincia de Buenos Aires venció e impuso condiciones a la hasta entonces Confederación Argentina, Bartolomé Mitre dispuso que el número de jueces de la Corte lo estableciera el Congreso, que decidió que fueran 5 y no 9 los magistrados.
Número que duró casi un siglo, hasta que en 1960 y durante la presidencia de Arturo Frondizi se aumentó a 7. Seis años después, el dictador Onganía los volvió a 5. En 1990 Carlos Menem dispuso que mejor fueran 9. En 2006 con Néstor Kirchner se volvió a 5. Y en 2015 Mauricio Macri abrió la ventana y la redujo a 4 amigos. Hasta ahora.
Pero lo sabroso de la historia no está solamente en el número de jueces, porque la Argentina constitucional fue casi siempre una república con gobiernos oligárquicos y sin participación popular. Después de Mitre otro presidente, Julio Argentino Roca, designó en 1903 al juez Antonio Bermejo para presidir la Corte Suprema, cargo que ejerció durante 26 años hasta su muerte en 1929, siendo así el funcionario que más tiempo ocupó cargo tan relevante y cuya influencia en la Corte durante las tres primeras décadas del siglo 20 fue decisiva, a tal punto que jamás hubo votos en disidencia y además se practicaron todo tipo de violaciones a los derechos humanos en la represión al naciente movimiento obrero.
Un año después, con el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen en 1930 mediante el primer Golpe de Estado cívico-militar, encabezado por el general e inmediato dictador José Félix Uriburu, se inició la primera de las 6 dictaduras del siglo 20, todas legitimadas por las respectivas Cortes Supremas a partir de que los miembros de esa Corte uriburista dictaron la primera acordada convalidando el derrocamiento de autoridades constitucionales.
Con lo que dieron origen a la llamada “Doctrina de los gobiernos de facto”, que validó el procurador general en ese gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, quien el 10 de septiembre de 1930, y junto con los integrantes de aquella Corte –José Figueroa Alcorta, Roberto Repetto, Ricardo Guido Lavalle y Antonio Sagarna– “legalizaron” el derrocamiento de Yrigoyen.
De ahí en adelante cada dictadura se valió de Cortes Supremas de Justicia designadas por los sucesivos gobiernos militares. Y así medio siglo después, en 1955, los autores del Golpe de Estado que derrocó a Juan Domingo Perón y ocupó los tres poderes y todos los gobiernos provinciales, removieron por primera vez en la historia argentina a todos los miembros de una Corte Suprema.
El dictador Eduardo Lonardi nombró por decreto 5 jueces amigos para esa Corte, que entre sus primeras acordadas restableció la Doctrina de los gobiernos de facto. Y en junio de 1956 Pedro Eugenio Aramburu abolió mediante una proclama la Constitución Nacional de 1949 y retrocedió 104 años al reimponer el texto de 1853.
Dos años más tarde, en 1958, al asumir la presidencia Arturo Frondizi renunciaron los 5 supremos que había designado la autollamada “Libertadora” y en 1960 el Congreso amplió el número de integrantes de la Corte a 7.
En 1966 un nuevo golpe de estado derrocó al presidente Arturo Illia y por segunda vez en una década los golpistas destituyeron a todos los miembros de la Corte. El dictador Juan Carlos Onganía los redujo otra vez a 5, y designó una nueva Corte adicta que volvió a justificar la Doctrina de los gobiernos de facto y –escándalo mayor– aceptó que el llamado “Estatuto de la Revolución Argentina” tuviera supremacía sobre la Constitución Nacional.
En 1973, cuando Héctor J. Cámpora asumió la presidencia, renunciaron todos los miembros de la CSJ de la dictadura de entonces, al mando de Alejandro Lanusse. Y tres años después, cuando el 24 de marzo de 1976 la junta militar encabezada por Videla y Massera dio un nuevo Golpe de Estado, por tercera vez en dos décadas se destituyó a todos los miembros de la Corte. Y más aún: esa vez todos los jueces del país fueron puestos en comisión y a fines de ese año un tercio habían sido cesanteados.
En marzo de 1976 el nuevo dictador Jorge Rafael Videla designó una Corte adicta de 5 miembros que juraron “acatamiento a los objetivos básicos de la Junta Militar”. Durante esa dictadura (1976-1983) integraron la CSJ: Alejandro Rossi, Adolfo Gabrielli y Elías Guastavino (todos esos años) y en otros Federico Videla Escalada, Alejandro Caride, Horacio Heredia, Pedro J. Frías, Emilio Daireaux y César Black.
Todos los jueces de esa última Corte dictatorial no sólo convalidaron el terrorismo de Estado y la desaparición de 30.000 compatriotas, sino que rechazaron más de 15.000 recursos de habeas corpus.
En 1983 el presidente radical Raúl Alfonsín designó 5 miembros en la Corte Suprema, por primera vez con acuerdo del Senado, de mayoría peronista.
En 1989, apenas elegido, Carlos Menem aumentó el número de cortesanos a 9, pero los conflictos fueron tan frecuentes que entre 1990 y 1994 nombró otros 10 jueces para la CSJ hasta que logró imponer una Corte sumisa y carente de vergüenza, que se conoció como “mayoría automática”.
La Reforma Constitucional de 1994 estableció el acuerdo del Senado para designar jueces de la Corte en “sesión pública” y no más en sesión “secreta”. E impuso los 75 años como límite de edad para integrarla.
La crisis de 2001, con la atronadora consigna “Que se vayan todos” forzó a que la Cámara de Diputados iniciara juicio político a todos los miembros de la CSJ. Y tras otro escándalo, en 2003 y apenas asumir el mando, el presidente Néstor Kirchner decidió acusar a 4 magistrados, de los que tres renunciaron y el cuarto fue destituido por el Senado. Kirchner estableció por decreto un procedimiento público y con participación ciudadana para la designación de los nuevos miembros de la Corte, lo que dio lugar a la que acaso fue la mejor integración, con los jueces Eugenio Zaffaroni, Elena Highton y Carmen Argibay.
En total, desde Francisco de las Carreras –primer presidente de la CSJ entre 1862 y 1870– la República Argentina ha tenido hasta hoy 113 jueces en la Corte Suprema de Justicia, posible récord mundial y, claro, todos de familias de la oligarquía y casi todos porteños.
Durante 8 años presidenta de la Nación (2007-2015) Cristina Fernández fue la única que no designó jueces en esa Corte. Después de ella llegó el circo macrista que introdujo dos jueces nombrados por decreto, eludiendo el acuerdo del Senado en “sesión pública”, como ordena la Constitución.
Como se advierte fácil, y con poquísimas excepciones, la Corte Suprema de Justicia tiene, en la Argentina, una riquísima tradición de desvergüenza.
Publicado en Página 12