Lapidario informe de especialistas internacionales elevado al consorcio de empresas que participaron de la privatización alertó sobre direccionamiento, conflictos de interés de los funcionarios que evaluaron las ofertas, costos inflados y una tarifa de peaje artificialmente creada muy por encima del proceso idéntico que se anuló el año pasado.
Un documento reservado que analizó en detalle la licitación por la Hidrovía, confeccionado por un comité de expertos en el exterior, concluyó que el pliego y todo el proceso de la privatización más grande de la era Milei está atravesado por múltiples irregularidades ejecutadas por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), lo que habilita la sospecha de direccionamiento sobre el ganador.
Ámbito tuvo acceso, en exclusiva, al documento completo que fue girado a uno de los consorcios participantes, que no solo integra la belga DEME NV, sino el fondo de inversión Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR), Clear Street y Great Lakes Dredge & Dock Company (GLDD), la mayor proveedora de servicios de dragado de Estados Unidos. Circuló por despachos internacionales y tiene exacta sintonía con la ampliación judicial que formalizó el martes por la mañana otra de las empresas que quedó en el camino, la brasileña DTA Engenharia, ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que tiene un expediente abierto sobre la concesión de la Vía Navegable Troncal del Paraná.
La justicia recibió el martes algo que adelantó este diario: con la fijación de un precio mínimo para el peaje, no solo se indujo una paridad entre los competidores, sino que –ahora- se sospecha que podría haber un sobreprecio en el contrato preadjudicado por la Anpyn del 17%. La ampliación de la denuncia considera “inadmisible” establecer un costo mínimo por el dragado y balizamiento porque atenta contra la naturaleza de una licitación. Hay una faceta política: las dudas empiezan a merodear el despacho de un Caputo. Pero no Santiago, sino Luis Caputo. El ministro de Economía tiene que estampar su firma como máxima autoridad en la privatización bajo sospecha.
Apuro en cerrar el análisis en dos semanas, un funcionario que jugó a los dos lados del mostrador, u$s10 millones para desalentar impugnaciones, valoraciones distintas para el mismo rubro, sospechas de costos inflados para el dragado y una tarifa de peaje artificialmente establecida por el pliego diseñado por los funcionarios del Ejecutivo. Un combo letal para la transparencia.
El documento reservado
En cuatro carillas y en inglés, el escrito formulado por especialistas internacionales advierte cronológicamente los hechos que tiñeron a la licitación, con detalle en cada una de las etapas de apertura de sobres. Y destaca que el cronograma fijado por el pliego fue exprés para un proceso de esta magnitud: 48 días hábiles, algo que jugó a favor de Jan de Nul. Se desestimaron, sin más, las solicitudes de prórroga que presentaron tres empresas competidoras.
En el aspecto técnico, que resultó desequilibrante al inducir un empate en el valor del peaje, se mencionó que “la Anpyn descalificó la totalidad de la experiencia internacional en dragado de DEME (ocho de los nueve proyectos presentados) y parte de su experiencia en guías a la navegación, a pesar de que el informe del comité técnico de las Naciones Unidas (informe que la Anpyn utiliza para reforzar la credibilidad de su proceso licitatorio) reconoce a DEME como una de las empresas de dragado líderes en el mundo. Los proyectos presentados por DEME como referencias son proyectos de clase mundial, algunos de los cuales fueron incluso ejecutados en Unión Transitoria (Joint Venture) con Jan de Nul”.
Pero pone de relieve también que “varias de las certificaciones presentadas por JDN-Servimagnus –del Grupo Román- para acreditar la experiencia técnica necesaria fueron emitidas por el Sr. Cristian Rigueiro, miembro del comité que evalúa la licitación: conflicto de intereses”, concluye.
Rigueiro fue jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Puertos durante el gobierno de Alberto Fernández y se convirtió en funcionario clave del gobierno de Javier Milei y hasta fue elogiado por Federico Sturzenegger por la elaboración del Decreto 340/2025 que desregula a la Marina Mercante. Lo que ahora se denuncia es que certificó trabajos a la empresa a la cual favoreció en el puntaje que él mismo puntuó dentro de la Comisión Evaluadora de la licitación.
Informe lapidario
“La evaluación técnica, realizada por un comité de tres miembros sin experiencia previa en concesiones, se completó en solo dos semanas para casi 5.000 páginas de material técnico, un plazo inconsistente con la diligencia aplicada en el Sobre 1 (que tomó seis semanas) y que da indicios de una urgencia indebida por cerrar el proceso”, subrayó el informe.
“La evaluación parece ser en gran medida subjetiva y orientada a un resultado predeterminado, específicamente tras la descalificación previa de las referencias de experiencia de DEME. Las aceptadas fueron apenas suficientes para permitir que DEME aprobara el Sobre 1 (y no fuera descalificado como oferente), de modo que la ANPYN pudiera promover una sensación de “competencia” bajo el Sobre 2”, concluye. Si no se hubiese realizado este simulacro, hubiese quedado desierta la licitación.
A su vez, los técnicos objetaron que se exijan u$s10 millones a la empresa que presente impugnación al resultado, cuyo destino queda bajo exclusiva decisión arbitraria de la Agencia de Puertos que puede rechazarla y dar por perdido el depósito. Esa garantía aplica a cada etapa por lo que la desalentadora barrera de entrada para oponerse es de u$s30 millones. Boskalis y Vanoord ni siquiera lo intentaron.
El documento destaca otro hecho de gravedad: “La Anpyn aceptó la experiencia en señalización de JDN-Servimagnus obtenida a través de Hidrovía S.A. (la empresa operadora de la anterior concesión), a pesar de que JDN poseía solo el 50% de la participación accionaria y las obras fueron ejecutadas por EMEPA S.A”. Si se hubiese aplicado el mismo criterio que luego se aplicó a las competidoras, Jan de Nul no habría cumplido con los requisitos. Hubo filtraciones a la prensa lo que salpicó la confidencialidad de una licitación internacional.
El Comité de Evaluación se tomó seis semanas para evaluar el Sobre 1, para luego descalificar la experiencia internacional de DEME, “debilitando sustancialmente la equidad competitiva”, pero eso les impidió “ser tomadas en cuenta para la evaluación técnica y de experiencia en el Sobre 2”. Este punto es clave porque permitió lo que reveló Ámbito: que Jan de Nul-Servimagnus se alzara con la máxima puntuación en experiencia (20) y dejara atrás a DEME con 5, obteniendo una ventaja de 15 puntos sobre los 24 con los que logró la preadjudicación.
Otras irregularidades
El informe detalla que:
-“La oferta de JDN-Servimagnus evidencia múltiples deficiencias sustanciales, incluyendo, entre otras: la reducción de la duración de la Etapa 0 obligatoria de doce meses en infracción a los Pliegos de Bases y Condiciones de la Licitación, una subestimación sistemática de los volúmenes de dragado que socava la capacidad técnica y la fijación de precios, un plan de trabajo insuficientemente detallado que carece de volúmenes y producciones definidos, lo que hace que su rendimiento declarado sea inverificable, y debilidad ambiental debido a la ausencia de cualquier propuesta que considere medidas de mitigación para las obras ofrecidas, limitándose únicamente a los criterios mínimos o básicos de cumplimiento”. A pesar de esto, el Comité Evaluador le volvió a dar ventaja de 8 puntos sobre la competencia.
-“La oferta de JDN-Servimagnus proporciona un respaldo documental limitado respecto a la dotación de personal operativo en áreas técnicas críticas, lo que reduce la verificabilidad de su capacidad de ejecución”, alertó.
-Gestión Ambiental y Social, un punto clave: “La oferta de JDN-Servimagnus presentó vacíos significativos en su alcance, careciendo de: (i) detalles de implementación, (ii) personal ambiental creíble, y (iii) medidas creíbles de transición energética a largo plazo. La metodología propuesta fue básica y, en general, las medidas ambientales comprometidas por JDN-Servimagnus fueron muy limitadas”.
Las inconsistencias del “peaje”
El informe concluye que la oferta económica –de acuerdo al pliego- fue blindada, tal como adelantó Ámbito, “por una tarifa piso, lo que lleva a los contratistas a presentar ofertas al nivel de la tarifa mínima”. Y el ejemplo más claro fue otro: la licitación del año pasado que fue cancelada por el propio Gobierno tuvo una oferta de DEME que era más económica que el mínimo del pliego de este año. “El proceso de adjudicación parece haber estado condicionado por un enfoque direccionado, basado en una evaluación injusta e incorrecta, aparentemente diseñada para favorecer a Jan De Nul”, concluye.
Y lanza otra advertencia de cara a la preadjudicación: “Es probable que existan márgenes de ganancia adicionales ocultos dentro de los costos de dragado, combinados con una expectativa de futuros mecanismos de reequilibrio que afecten a otros componentes a lo largo de los 25 años de la concesión”. Es decir, o bien se inflaron costos de dragado (hay discrepancias entre el 15% y el 50% en algunos ítems de la composición), o existe una promesa de aumento del peaje que obtuvieron del Gobierno.
Otras conclusiones
-“Además, se han incorporado costos operativos artificialmente incrementados (actividades de relevamiento) y categorías de costos genéricas denominadas “otros”, lo que da como resultado márgenes injustificadamente altos”.
-Estas discrepancias dieron lugar a un aumento global del 26% del costo total de dragado, lo que representa u$s1.693 millones a lo largo de las etapas.
-“Se han adoptado valores más bajos que los reales, distorsionando aún más la confiabilidad y sustentabilidad del modelo”.
-“Cuando los eventos de sedimentación (El Niño) se incorporan en el modelo financiero de JDN-Servimagnus conforme a los registros históricos, las desviaciones identificadas aumentan hasta un 41% del costo total de dragado, lo que representa un total global de u$s2.288 millones”.
En síntesis, todo el proceso arrastra múltiples irregularidades para una privatización de esta magnitud que nacía con la promesa de transparencia absoluta y aval internacional. “La implementación de una tarifa piso, combinada con un proceso de evaluación injusto y direccionado, conduce a una adjudicación a favor de la propuesta de Jan De Nul-Servimagnus, la cual; con la misma tarifa mínima, JDN-Servimagnus propone dragar menos volumen a una tarifa más alta”. Todo esto no solo será insumo de la causa que investiga la adjudicación, sino que puede acarrear al país una nueva mácula de credibilidad.
Ahora se combinan denuncias cruzadas, aparición de socios locales como Román y el Grupo Neuss, por debajo del radar y con beneficios por cercanía con el poder, y falencias técnicas cuyas consecuencias podrían evidenciarse a lo largo de los próximos 30 años.
Ámbito