La comunidad indígena Misión Wichí Mataco se enteró en estos días que está asentada sobre más de cien explosivos que la empresa YPF usaba para exploración sísmica. Ahora piden más información y que se tomen medidas para garantizar su seguridad.
La comunidad Misión Wichí Mataco, en el sureste de General Mosconi, del departamento San Martín, descubrió que bajo el suelo de su hábitat comunitario continúan enterrados boosters petroleros diseminados en el siglo pasado para exploración sísmica.
El primer hallazgo ocurrió el 21 de mayo. La empresa que contrató YPF SA para removerlos, les confirmará esta semana el número exacto.
Claudio Lorenzo, el referente indígena que dialogó con Salta/12, aseguró que los ingenieros de la empresa TDI le aseguraron que recién entre en estos días les harían saber la cantidad exacta de artefactos diseminados en el territorio aborigen. “Nos adelantaron que, aproximadamente, habría entre 120 y 130 explosivos. Estamos muy preocupados porque recién ahora sabemos que vivimos sobre un campo minado”, lamentó.
“Nadie, ni el Estado nacional, provincial o municipal, nos explicó hasta el momento lo que pasa”, se quejó Lorenzo. “Estoy mediando de traducto “porque muchos hermanos y hermanas no hablan castellano, sino wichí y, por ende, no entienden lo que está pasando”, acotó en relación las explosiones que escuchan a diario desde hace casi 10 días. “Se asustan los animales, también los niños, los hermanos y hermanas no pueden sembrar”, contextualizó.
El primer hallazgo ocurrió el penúltimo jueves de mayo. Lorenzo relató que ese día, en horas de la tarde, un joven wichí comenzó a cavar un pozo en la vivienda de su suegra para construir un baño y, a escasos 70 centímetros de profundidad, la pala que empuñaba tocó lo que consideró “un extraño artefacto rojo”. “Por suerte no explotó al tocarlo”, suspiró con alivio Lorenzo. “Dejó de cavar, lo sacó y con el artefacto en sus manos, le comentó a doña Olga (la suegra) lo que había desenterrado”, continuó. Fue ella, que es oriunda de la ciudad norteña de Tartagal, “quién le explicó al hermano”, dijo Lorenzo, “que se trataba de un explosivo petrolero y le recomendó reportar la situación ante las autoridades”.
Entonces el muchacho comenzó un derrotero que lo llevó, siempre booster en mano, primero a tocar las puertas de Gendarmería Nacional, que tiene un destacamento próximo al territorio índigena. Pero ante la falta de una respuesta proactiva de la fuerza nacional, optó por dirigirse a la policía provincial. “El comisario Héctor Torres me informó después que se habían contactado con la empresa que se encarga de remover esos explosivos”, precisó el referente wichí.
Lorenzo hacía referencia a la empresa The Development Initiative o TDI por sus siglas, cuya titularidad ejerce el ciudadano inglés nacido en Zimbabwe, Sthepen Douglas Saffin. Su firma fue elegida el pasado año por YPF SA para continuar con la remoción de estos aparatos geodésicos que utilizó la petrolera cuando era una sociedad del estado durante las décadas de 1970 y 1980 del siglo pasado.
Los dispositivos estaban destinados a generar ondas mediante explosiones y, como en una ecografía, por las ondas sísmicas desencadenadas bajo tierra, se podía precisar dónde había depósitos de hidrocarburos a más de 3000 metros de profundidad. Ese fue el objetivo de la campaña de exploración que llevó adelante Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado.
Ya en el presente, si bien inició sus tareas en Salta y Jujuy en marzo de 2025, TDI no es la primera firma que remueve estos explosivos de las profundidades del suelo salto-jujeño. Antes del inicio de la causa 133/1999 por hallazgo de explosivos en Zanja Honda (en el norte de la ciudad de Tartagal), la firma GeoSource Exploration CO le había informado a YPF que, al finalizar las 14 campañas que demandó aquel trabajo de exploración en el norte salteño, habían removido todos los boosters. Claramente, ese informe era falso.
Tras los primeros hallazgos en febrero y marzo de 1999 y en el contexto de esa causa judicial, en el Juzgado Federal Nº 2 de Salta, Gendarmería Nacional aceptó hacerse cargo de la detonación de los explosivos. Por los registros en el Historial de Sociedades Comerciales del Boletín Oficial de Nación, se puede inferir que en 2005 entró a colaborar con la fuerza nacional en la remoción de explosivos la firma QHSE Energy Service, y que el nexo se mantuvo vivo hasta finales de 2023. TDI se constituyó en Argentina el 19 de marzo de 2024, según consta en la misma fuente oficial. Sin embargo, con la firma ya no colabora personal especializado de Gendarmería.
Fuentes consultadas por este diario en el Juzgado Federal de Orán (donde la causa 133/1999 se encuentra actualmente) confirmaron que Gendarmería Nacional les informó formalmente que ya no participa en la búsqueda y remoción de boosters. Algo que no sabía el joven indígena que buscaba ayuda con el booster en sus manos. Las fuentes añadieron que YPF SA o la empresa que contrató, TDI, tampoco remite al Juzgado información sobre la nueva tanda de remociones o disposición final de los dispositivos de prospección sísmica que llevan una carga (variable según la profundidad en la que fueron enterrados) de trotyl en su interior.
Durante la asamblea que realizaron el sábado último comuneras y comuneros de Misión Wichí Mataco, decidieron presentar notas a YPF y autoridades provinciales y municipales para obtener más información sobre la cantidad de boosters sísmicos diseminados bajo el territorio comunitario y las medidas que se tomarán para evitar un eventual accidente. Esta comunidad es titular del catastro 36240, tras un largo litigio con la empresa León y Chibán SA.
En el mapa elaborado en base al croquis que facilitaron los originarios, parte del plano de mensura con los límites del territorio comunitario y la capa cartográfica con las líneas sísmicas 2D (disponibles hasta principios de 2024 en el sitio datos.gob.ar) se puede apreciar la cantidad de líneas sísmicas de exploración que lo atraviesan. Al menos la CU23, CU-23, 29147, 1001D, CU-27A, CU27, CU-27, CU2, y 1005. Si bien durante la década del 90 del siglo pasado, y como parte del proceso privatizador que disolvió a YPF SE, la información de cada línea sísmica se transfirió a empresas petroleras privadas, el gobierno de Salta tiene una copia de esos registros, originalmente tomados manualmente y actualmente digitalizados.
Después del primer hallazgo de boosters reportado en febrero de 1999 en las cercanías de Zanja Honda, el juez federal que tramitaba la causa, Miguel Medina, ordenó la remoción de los explosivos, tarea que estuvo a cargo inicialmente de Gendarmería y dispuso que Repsol-YPF debía desplegar acciones para mantener informada a la población sobre la presencia de explosivos. Sin embargo, esa tarea se concentró únicamente en el área de la planta urbana de la ciudad de Tartagal y fue una difusión que se planteó en un solo idioma: el castellano. No contempló la pluralidad étnica norteña.
Página/12