Durante la recorrida, se constató que los trabajos han comenzado con tareas de limpieza y preparación del terreno. Además, se verificaron las condiciones de alojamiento de las personas privadas de libertad, quienes han sido trasladadas al destacamento de Puerto Lavalle, desmintiendo versiones que indicaban su reubicación en la comisaría de Miraflores.
En este sentido, Charole destacó: “Estamos siguiendo de cerca los avances de la obra, que busca mejorar las condiciones de detención y garantizar los derechos de las personas privadas de libertad. También acordamos una nueva reunión en marzo con la empresa encargada de la construcción y con SAMEEP, para abordar cuestiones relacionadas con la infraestructura, como el acceso al agua y el estado de las cañerías”.
Por su parte, el fiscal Veritá subrayó la importancia de este proceso: “Hemos constatado el inicio de obra y estamos a la expectativa de su avance y pronta conclusión, para que las personas privadas de libertad cuenten con condiciones dignas. Desde la Justicia, monitorearemos el cumplimiento de las obligaciones impuestas en el habeas corpus”. La supervisión también contó con la presencia del comisario principal Enrique Alejandro Sarmiento, quien brindó detalles sobre la logística de alojamiento de las personas privadas de libertad y el traslado temporal mientras se ejecutan las obras.
El Habeas Corpus tras las graves condiciones de detención en la Comisaría Primera de Juan José Castelli
En una contundente resolución judicial, el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia de Juan José Castelli, Chaco, hizo lugar a una acción de habeas corpus presentada por los defensores oficiales Dr. Gustavo Kleisinger y Dr. Bernardo Otto Spinnenhirn. La acción, interpuesta en favor de los detenidos en la Comisaría Primera de la localidad, reveló condiciones de detención inhumanas y una alarmante sobrepoblación.
Tras inspecciones y audiencias, se constató que los detenidos vivían en condiciones deplorables, con falta de higiene, ventilación y espacio adecuado. Se ordenó al Poder Ejecutivo presentar un plan de refacción y remodelación del módulo de detenidos en un plazo de 30 días. Además, se establecieron medidas inmediatas como la desinfección del establecimiento y la provisión de acceso a la salud para los detenidos. La resolución también exhorta a la creación de dispositivos penitenciarios adecuados en la región y fija garantías de no repetición para asegurar el respeto a los derechos humanos de los detenidos.
El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco continuará con el seguimiento de esta obra, asegurando que se respeten los compromisos asumidos y que la infraestructura garantice condiciones adecuadas de detención.
Prensa Comité contra la Tortura