El impacto del conflicto en Medio Oriente ya se siente con fuerza en el campo argentino. Según el último informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), la participación del Estado en la renta agrícola volvió a subir con fuerza y alcanzó el 62,5%.
El dato representa un incremento de 6,1 puntos porcentuales respecto a diciembre de 2025 y refleja una combinación de factores tanto locales como internacionales. En particular, el conflicto en Medio Oriente y las tensiones en el estrecho de Ormuz jugaron un rol clave, al afectar el flujo global de insumos estratégicos.
Por esa vía circula aproximadamente el 50% de la urea a nivel mundial, un fertilizante esencial para la producción agrícola. Como consecuencia de las disrupciones, el precio de este insumo se disparó: subió un 43% desde diciembre y acumula un alza interanual del 39%.
Este encarecimiento impacta de lleno en los costos productivos, especialmente en cultivos como el trigo y el maíz, altamente dependientes de la fertilización.
“Esta edición está, más que nunca, marcada por la coyuntura nacional e internacional: suba de costos como el combustible que impacta en los fletes, actualizaciones de impuestos provinciales y baja rentabilidad”, explica Nicolle Pisani Claro, economista jefa de FADA.
Pero el aumento de costos no se limita a los insumos. También se registraron subas significativas en otros componentes clave. Las labores agrícolas crecieron un 33% desde diciembre, muy por encima de la inflación del período, mientras que los fletes aumentaron impulsados por el encarecimiento del combustible, con subas del 8,4% en pesos y del 12% en dólares.
Suba de impuestos
A esto se suma la actualización de impuestos provinciales y tasas municipales, que incrementaron su peso dentro de la estructura tributaria.
Este contexto genera un efecto claro: aunque la presión impositiva no cambie estructuralmente, pesa cada vez más sobre una renta que se achica. De hecho, los tributos provinciales y municipales pasaron de representar el 6,4% del total a fines de 2025 a casi el 10% a comienzos de 2026, con fuertes aumentos en el impuesto inmobiliario rural.
El análisis por cultivo deja en evidencia la magnitud del problema. Mientras que en soja el Estado se queda con el 61,6% de la renta y en maíz con el 56,8%, el girasol alcanza un preocupante 80,3%.
Sin embargo, el caso más crítico es el del trigo, donde la carga impositiva llega al 104,4%. Esto significa que, en términos económicos, la actividad no logra siquiera cubrir el pago de impuestos.
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