Granja Tres Arroyos suspenderá la actividad en varias de sus plantas durante todo el mes de agosto, en medio de un escenario de incertidumbre y conflictos salariales sin resolver. La principal avícola del país comunicó la medida a los trabajadores de la planta de Pilar, donde los empleados recién terminaron de cobrar el salario de mayo en hasta 10 cuotas y aún adeudan los haberes de junio, julio y el medio aguinaldo.
La situación crítica que atraviesa Granja Tres Arroyos (GTA) llegó a su punto de máxima tensión esta semana. La empresa notificó en algunas de sus plantas que paralizará la actividad durante todo agosto. En Pilar, los 150 trabajadores fueron informados este viernes de la suspensión de la jornada laboral desde el lunes 3 al domingo 30 de agosto inclusive. «No se desarrollarán actividades operativas ni de faena», dice el comunicado difundido por El Diario de Pilar.
La crisis financiera de la firma ya se reflejaba en los salarios: muchos empleados no percibieron los sueldos de junio y julio, ni el aguinaldo, y recién días atrás terminaron de cobrar mayo, que fue liquidado en hasta 10 cuotas. La situación obliga a varios trabajadores a realizar changas y a endeudarse para cubrir sus gastos básicos. La misma realidad se reproduce en la planta de la ex Cresta Roja en Esteban Echeverría, controlada por la firma Wade, subsidiaria de GTA, donde los trabajadores también recibieron vacaciones forzadas y cada vez enfrentan más deudas.
En mayo, la Granja había cerrado por tiempo indeterminado su planta en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, al derrumbarse la faena diaria de 700 mil a 200 mil pollos. También redujo la producción en la planta de Esteban Echeverría, que pasó de faenar 110 mil pollos por día a 80 mil. La profundización de las importaciones de pollo de Brasil, promovidas por el gobierno libertario, agravó el escenario.
La incertidumbre atraviesa a los trabajadores de las plantas bonaerenses de Brandsen, San Antonio de Areco, Capitán Sarmiento y Pergamino, que temen por sus fuentes de trabajo. La avícola, principal empleadora de la región, enfrenta un pasivo estimado en u$s350 millones y un procedimiento preventivo de crisis, mientras que los trabajadores reclaman por la reapertura de las plantas y el pago de los salarios adeudados. La paralización de la actividad durante todo agosto profundiza el conflicto y deja a cientos de familias en vilo.
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