Antes las distintas presentaciones a la Justicia en contra del DNU 70/2023 promulgado por Javier Milei, el Gobierno nacional reclamó al Poder Judicial que no intervenga en las causas contra el decreto mientras esté en consideración del Congreso. Además, consideraron que “las razones de urgencia y necesidad” incluidas en los 366 artículos “constituyen cuestiones políticas no justiciables”.
Los abogados de la Procuración del Tesoro de la Nación, encabezada por Rodolfo Barra, hicieron una serie de presentaciones donde pidieron a la Justicia que no intervenga en esta instancia ya que lo consideraron “prematuro” y apuntaron que se “transgrede el principio de división de poderes”, según informaron fuentes judiciales a Télam.
“Debe anticiparse que las razones de urgencia y necesidad constituyen cuestiones políticas no justiciables. Por lo tanto, actualmente el DNU se encuentra bajo la revisión y control del Congreso de la Nación; por lo que, la intervención de la Justicia en esta instancia sería al menos prematura además de transgredirse el principio de división de poderes”, explicaron.
“No hay dudas que la valoración política de la excepcionalidad, la necesidad y urgencia es del Poder Ejecutivo Nacional, y del Congreso de la Nación, mas no del Poder Judicial”, afirmaron en las presentaciones a las que accedió esta agencia.
El Gobierno justificó la “necesidad y urgencia” del decreto
Los abogados Carolina Maidana y Rodolfo Aguirre, en representación del Gobierno, remarcaron que el conjunto de medidas promulgadas en el DNU “se encuentra motivado en la urgencia causada por la crisis económica que atraviesa el país y que, como tal, resulta incompatible con los plazos normales para la sanción de una ley que, en atención a la diversidad de las materias de que se trata, necesitaría amplio tiempo de debate y discusión parlamentaria”, justificaron.
La postura del Gobierno quedó plasmada en dos informes de más de 80 páginas cada uno presentados ante el juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico quien se encuentra de turno en la feria judicial.
Los informes fueron presentados en los expedientes iniciados con las acciones de amparo contra el DNU realizadas por el abogado Jorge Rizzo, por un lado, y asociación civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, por otro. En ambos casos se reclamó que se declare la inconstitucionalidad del DNU y que hasta que eso ocurra se dicte una medida cautelar que suspenda todos sus efectos, ante lo cual el juez Lavié Pico había solicitado los informes del Gobierno para cada caso.
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