A dos meses del acuerdo unilateral con el Ministerio de Capital Humano por un incremento en el presupuesto de funcionamiento, el Consejo Superior de la UBA declaró la “emergencia en materia salarial” frente a una pérdida del poder adquisitivo de los salarios del 40 por ciento durante el primer semestre del año.
En ese contexto, el plenario de Secretarias y Secretarios Generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) anunció un posible paro de 72 horas en el inicio del segundo semestre y una nueva marcha universitaria en septiembre.
La declaración de la UBA coincide con la hecha la semana pasada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a las federaciones docentes que describió la situación salarial como “crítica e inadmisible”. “Sin salarios dignos no hay universidad” se tituló el comunicado que le recordó al gobierno que “la sociedad argentina se manifestó en todo el país señalando con contundencia y precisión el rol estratégico que la educación pública”.
El Consejo de Superior de la UBA denunció “la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias” y manifestó su preocupación por “la jerarquización de la actividad, incluyendo la justa retribución por la tarea realizada”. De esta manera, la casa de altos estudios porteña respaldó el reclamo de los docentes, un problema que había advertido ya en mayo, cuando acordó de forma unilateral un incremento del 270 por ciento para los gastos de funcionamiento y de 300 por ciento para los hospitales.
En su resolución, el Consejo – que reúne al rector, los decanos de las 13 facultades y representantes de profesores, graduados y estudiantes – señaló que, con la brusca caída del poder adquisitivo de sus trabajadores, se veía obligado a declarar la “emergencia en materia salarial” de todos los trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes “en todas sus funciones, incluyendo los profesionales de la salud y las tareas vinculadas a investigación y extensión universitaria”. Un reclamo que, desde de inicios de año, sostienen las representaciones gremiales docentes y no docentes, nucleadas en APUBA y ADUBA.
La CONADU analiza un paro de 72 horas y otra marcha universitaria
La CONADU reunió a representantes de 21 gremios para analizar la situación salarial en las universidades de todo el país y denunció que el Gobierno no dio respuestas a las demandas gremiales y no convoca a la paritaria nacional universitaria. “La cuestión salarial se ha intentado ocultar para desmovilizar la protesta universitaria”, indicó la federación docente en un comunicado.
En la parte resolutiva, la CONADU acordó la realización de asambleas y consulta en las asambleas de base de los gremios que integran la federación para avanzar en un paro de 72 horas en la primera y cuarto semana de agosto, en caso de no alcanzarse un acuerdo salarios con el Gobierno. También se planteó el debate de un plan de lucha que pueda consensuarse en el marco del Frente Sindical Universitario para “construir una nueva gran Marcha Federal Universitaria que deberá concretarse en la primera quincena de septiembre”.
El texto indica que esta situación sigue “alimentando un problema que se profundizará en las próximas semanas si el gobierno no incrementa efectiva y sustantivamente el crédito disponible, que desde diciembre a la fecha solo ha aumentado un 1,6 por ciento”.
La CONADU puso en contexto el reclamo salarial, tras la sanción de la Ley Bases, y lo que señaló como “el avance del programa de desguace del Estado, desregulación de la economía y criminalización de la protesta”.
“Resulta cada vez más claro que el desfinanciamiento de la universidad pública y el empobrecimiento de sus trabajadoras y trabajadores docentes y no docentes forma parte de la política de saqueo y disciplinamiento social que lleva adelante el gobierno de Milei, con la complicidad de los sectores que han apoyado la aprobación de esa norma mientras se niegan a debatir en el Congreso la emergencia presupuestaria de las universidades y el restablecimiento del FONID”, apuntó la federación nacional contra el PRO, la UCR y otros bloques legislativos que responden a los gobernadores.
Las advertencias desde el Consejo Interuniversitario Nacional
El reclamo por la recomposición salarial del sector fue una de las consignas centrales de la histórica y masiva Marcha Federal Universitaria del pasado 23 de abril y se mantuvo sin resolución desde entonces. Por eso, la semana pasada, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina emitieron un comunicado en el que marcaron la “crítica situación” en materia salarial de todo el sistema universitario.
“Reclamamos urgente recomposición salarial para las y los trabajadoras y trabajadores docentes y no docentes del sistema universitario público nacional, la reactivación de los programas y de los dispositivos de asistencia estudiantil y la actualización del monto asignado para las becas”, sostenía el comunicado.
Por su parte, el presidente del CIN, Víctor Moriñigo, había advertido que “si el gobierno no se sienta en una mesa paritaria con los gremios va a ser difícil la vuelta después del receso”. “Pasaron seis meses y el dinero no aparece y ojalá que le encontramos una vuelta de tuerca a esto para tener alguna salida tangible, que hasta ahora no ha existido”, advirtió Moriñigo, en diálogo con Radio Provincia.
El comunicado mantenía ese tono y destacaba que la emergencia salarial precisaba “atención y resolución con celeridad”. “No hay solución del problema universitario si no encontramos con celeridad respuesta a estas preocupaciones, que no son solo de la comunidad universitaria, sino del conjunto de la sociedad argentina”, advertía.
Tras la masiva movilización del 23 de septiembre, el Gobierno acordó un incremento del aumento presupuestario para los gastos de funcionamiento, que como desde el CIN se aclaró repetidas veces, solo representan el 10 por ciento de los gastos totales de las universidades, en la que los salarios representan la mayor porción presupuestaria.
Página 12